8 de septiembre
de 2011 | OPINIÓN | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS
La sentencia por porte ilegal de armas fue anterior a la cesación de procedimiento. E inhabilita a Petro para ser alcalde.
Francisco Gustavo Petro Urrego está
jurídicamente inhabilitado para ser alcalde de Bogotá. Como lo estuvo para ser
representante a la Cámara y senador de la República, cargos que ejerció
irregularmente, como adelante demostraremos.
La cuestión es sencilla. Petro recibió
el beneficio de cesación de procedimiento en el proceso que enfrentaba, con
todos sus compañeros de organización criminal, el M-19, por los trágicos hechos
del Palacio de Justicia. Quedará para otro momento discutir si procedía aquel
beneficio constitucional, negado para los actos de ferocidad o barbarie, para
los homicidios contra víctimas en estado de indefensión y para acciones
terroristas.
Pero nuestra denuncia nada tiene que
ver con aquellos acontecimientos dolorosos. Ella se refiere a otro proceso
judicial, en el que nuestro candidato de hoy fue capturado, juzgado y
condenado. Valga agregar que esa condena se cumplió y que Petro salió de la
cárcel después de 16 meses de sufrir pena privativa de la libertad por decisión
judicial. Que es exactamente lo que produce la inhabilidad que describe el
artículo 179 de la Constitución, y que por una migración normativa se aplica a
quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá.
Francisco Gustavo Petro Urrego fue
sorprendido con armas en Zipaquirá y sometido al juez competente, que era el
comandante de la Brigada, según normas establecidas en un acto con fuerza de
ley y condenado a 18 meses de prisión. Recluido en la cárcel Modelo de Bogotá,
fue trasladado a Ibagué, donde acabó de purgar la condena, un poco antes de lo
previsto, por rebaja que le hizo la Justicia Penal Militar. Todo consta en
piezas procesales, que Petro no desmiente.
Venga aquí una pequeña digresión. El
Estado de sitio había sido decretado para defender el país de la guerrilla y la
mafia, y la jurisdicción especial se puso en marcha para proteger la vida de
los jueces, porque para entonces Pablo Escobar y sus amigos, auxiliadores y
socios del M-19 estaban dedicados a asesinarlos. Magistrados de las cortes más
altas, magistrados de tribunales, jueces ordinarios y hasta abogados de parte
civil caían bajo
las balas de estos salvajes. Una semana después de la detención de Petro, sus
compañeros penetraron en el Palacio de Justicia para cometer el atroz delito
que hirió a Colombia en la mitad del corazón. Solo Dios y Petro, y quizás algunos de sus antiguos
compañeros de andanzas criminales, saben lo que habría pasado si en Zipaquirá
no sorprenden y capturan a Petro.
El perdón a los del M-19 no cubrió el
delito anterior de Petro, nunca declarado delito político. Se estableció y
ejecutó exclusivamente por los hechos del Palacio de Justicia. Y mal hubiera
podido extenderse a Petro, porque amnistía e indulto no obran sobre
penas ya cumplidas. Cesan procedimientos y suspenden la ejecución de penas en
marcha. Nada más.
Petro pregunta cómo pudo ser
congresista si esta inhabilidad pesaba en su contra. Muy sencillo. Ocultando la
verdad y aprovechando la descoordinación del Estado colombiano. Porque para
obtener su credencial, Petro preguntaba por los delitos que se le atribuían por
el Palacio de Justicia y callaba estratégicamente su mancha más antigua. Las
respuestas eran las que cualquiera esperaría que fuesen. La restricción mental,
conocida forma de la mentira, suele funcionar.
Dudando de que los documentos
incriminantes hubieran desaparecido, en derecho de petición del año 2010 se
dirigió a la Justicia Penal Militar, para estar tranquilo y confirmar olvidos o
extravíos. La Justicia Penal Militar recuerda su condena y se la certificó. Lástima
que callara ante las autoridades electorales. Esas que ahora tienen la palabra.
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