EL SAINETE DE LAS VÍCTIMAS

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: agosto 24, 2014 

Las víctimas de un conflicto armado no tienen que ser civiles. También lo son quienes han dejado de participar en las hostilidades y sufren la violación de sus derechos.

Como se ha probado, el anuncio de un acuerdo en este punto con las Farc fue una mera táctica electoral que, unido al del inicio de conversaciones con el Eln, solo tenía por fin aumentar la sensación de que "la paz" estaba cerca e impulsar la desmirriada candidatura del Presidente.

A la luz del derecho internacional, las víctimas de un conflicto armado no tienen que ser civiles. También lo son quienes han dejado de participar en las hostilidades y sufren la violación de sus derechos. De manera que los militares y policías a quienes les han violado sus derechos y sus familiares también son víctimas. Y así deberían ser tratados tanto por el Gobierno como por quienes están a cargo de escoger los "representantes" para viajar a La Habana.

No creo que, sin embargo, la discusión sea meramente jurídica o académica. No reconocerles su condición de víctimas a militares, policías y sus familias es, para usar una palabra de moda, revictimizarlos. Los pone en condición de inferioridad y menoscaba su derecho de ser tratados igual que las otras víctimas.

Como estoy convencido de que la representación de la ONU en Colombia y la Universidad Nacional lo saben, dos de los tres encargados de escoger a los que van a Cuba, el motivo para marginar a las víctimas de la Fuerza Pública debe ser político. O no se quiere que puedan reivindicar su carácter de víctimas o no se desea incomodar a las Farc o se teme que puedan dañar su estrategia de manipulación en La Habana o las Farc tienen poder de veto. ¿O todas las anteriores?

No es este, sin embargo, el único punto criticable de todo este sainete en que se ha convertido la discusión sobre las víctimas. Veamos algunos otros, sin ánimo de agotarlos todos, por falta de espacio:

a. Como se ha probado, el anuncio de un acuerdo en este punto con las Farc fue una mera táctica electoral que, unido al del inicio de conversaciones con el Eln, solo tenía por fin aumentar la sensación de que "la paz" estaba cerca e impulsar la desmirriada candidatura del Presidente. Un ejemplo más de la manipulación de "la paz" al servicio de la campaña. ¿Cuál será la cuenta de cobro de las Farc a Santos?

b. No es claro, en absoluto, cuál es el propósito de llevar víctimas a Cuba. En cualquier caso es el Estado el que debe dar respuesta institucional a ellas. Además, las Farc han dicho que no son victimarios sino, el descaro no tiene límite, víctimas y que no pedirán perdón. Para rematar, el Gobierno hace silencio absoluto sobre el dinero ilícito de las Farc (es decir, todo su dinero) y de la obligación que tienen de entregarlo para la reparación material de sus víctimas. Como vamos, La Habana va camino de convertirse en el lavadero de la guerrilla.

c. En Cuba solo se debería estar discutiendo sobre las víctimas de las Farc. Nadie controvierte que todas las víctimas requieren ser reconocidas y reparadas. Pero juntarlas todas ahora tiene al menos tres efectos negativos: diluye la responsabilidad de los crímenes de la guerrilla; quita voz y peso al reclamo de sus víctimas (como ha quedado probado en este encuentro); y le da un estatus especial a las Farc, como si fuera igual al Estado, al ponerlas a opinar y decidir sobre las víctimas de los paras y de agentes estatales.

d. Si además el encuentro se hace con las Farc en armas y en su terreno (¿o alguien duda que Cuba lo sea?), el efecto es de amedrentamiento y coacción o, como mínimo, de manipulación de las víctimas por parte de sus victimarios.

e. Las declaraciones de algunas víctimas tras su viaje a La Habana lo prueban. Ya no hay afán de verdad ni de justicia en muchas de ellas. Y a varias parecen bastarles las "explicaciones" individuales que les dieran en esquinas y pasillos los guerrilleros.

Finalmente, no sobra recordar que perdonar es asunto individual y que debe respetarse a quien no quiera hacerlo; que en cualquier caso no podemos olvidar. Si olvidamos repetiremos en el futuro; que el perdón individual que hagan las víctimas no exime de responsabilidad penal a los agraciados; y que así haya perdón, la sociedad colombiana siempre debe recordar que estos fulanos son asesinos en serie, criminales organizados, que no han dudado ni un instante en acudir al terror de manera masiva y sistemática y cometer toda clase de vejámenes contra los civiles y contra quienes han dejado de combatir.

Fuente: ELCOLOMBIANO - Medellín - Colombia

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A PESAR DE LAS “PICARDÍAS”

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado: marzo 16, 2014 

A la coalición del gobierno le fue muy mal: la U pasó de 28 a 21 o 19 senadores (se sabrá después del escrutinio) y bajó su votación del 25 % al 18,6 %

El liberalismo obtuvo los mismos 17 pero bajó del 15.5 % al 14.6 % y solo Cambio Radical subió un senador, tendrá nueve, y aumentó un 0.5 % su votación.

Todo eso con Presidente y burocracia regional milimétricamente repartida, mermelada por 2.4 millones de millones de pesos para esos parlamentarios, repartición gratuita de viviendas, publicidad engañosa para que la gente creyera que la U era el partido de Uribe y toda clase de maniobras del Consejo Electoral para que no se pudiera identificar al movimiento político del expresidente en el tarjetón. Santos ya no tiene mayoría en el Congreso. 

Al Partido Conservador le fue mal pero no tanto porque se convirtió en un actor clave: baja del 20,2 % al 16,2 % y pierde 3 curules en el Senado y 10 en la Cámara, pero sin los goditos Santos está en serios problemas. Por el otro lado, en alianza con el uribismo, donde están las coincidencias ideológicas, el conservatismo se convertiría en una fuerza política enorme y con vocación de poder hacia el futuro. 

Para Santos sumar a los conservadores no será tan sencillo. 8 de los 19 senadores son más cercanos a Marta Lucía Ramírez que a él. Y como quedó demostrado en la convención, con la apoteósica abucheada a Gerlein, las bases son antisantistas. Además, en el tema de los acuerdos con las Farc incluso los conservadores gobiernistas tienen diferencias. Anuncio desde ya que si Santos nos condena a otros cuatro años de mal gobierno, se aliará con la izquierda radical para sacar adelante su agenda.

El desastre electoral se extiende, no deja de ser curioso, a esa izquierda. El Polo pierde 3 de sus 8 senadores y baja a un 4.5 %. La Marcha Patriótica y la UP no eligieron congresistas, el hijo de Piedad Córdoba se quemó e igual suerte corrieron el secretario del partido comunista y el director de Voz. Solo se mantiene Iván Cepeda. Lo de Petro también fue un horror: a pesar de su clientelismo rampante y la destapada autoritaria por su sanción, no logró sacar sino un representante. La solidaridad de los medios frente a su destitución no convenció a la ciudadanía, harta de su ineptitud.

Muy mal le fue también al sistema electoral. La parcialidad del Consejo Electoral contra la oposición es un hecho público y notorio y a la Registraduría le estallaron en la cara la compra de votos en la costa caribe, el fraude cantado en Buenaventura y el caótico preconteo. Quizás todavía no pueda hablarse técnicamente de fraude, pero huele espantoso que la entidad pare de hacer reportes y dos horas después, cuando vuelve a hacerlos, se hubiera desvanecido la ventaja de casi 200 mil votos que tenía el Centro Democrático con más del 80 % de las mesas contabilizadas, y la U se pusiera casi 300 mil votos adicionales. Medio millón de votos que ven la luz cuando la Registraduría deja de hacer comunicados y se va la energía en varios lugares de la costa. Para rematar, es un hecho que se dejaron de contar votos del CD en casi 8.000 mesas (el 8.3 % del total), sin explicación alguna. ¿Aparecerán finalizado el escrutinio en un mes? Quizás, pero el efecto político es innegable y muy negativo. Y son inexcusables semejantes problemas cuando la Registraduría gastó más de cien mil millones de pesos en el software del preconteo y, sin embargo, no cuenta con uno para el escrutinio ¿Alguien puede explicarlo? Como si no bastara, el porcentaje de votos nulos es de casi el quince por ciento. Como sea, la reputación del sistema electoral ha quedado seriamente dañada y pocas cosas son tan graves en una democracia. 

Ganadores hay muy pocos: Robledo, Claudia López y Peñalosa en la consulta (pero si no está advertido de que muchos de esos votos no se repetirán en la presidencial, meterá la pata), y el Centro Democrático, a pesar de tantas "picardías" sufridas, con veinte o más senadores ideológicamente sólidos y no susceptibles de ser sobornados, y con puro voto de opinión.

Fuente: EL COLOMBIANO - Medellín - COLOMBIA

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El gobierno no es de los jueces

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: octubre 27, 2013 

La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho.

Por eso ‘Teodora’ está libre y en cambio, con base en testimonios cuestionables, están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.

Aunque fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo, el Estado es un ente tan necesario como peligroso. Para poner límites a su poder, en el Estado moderno las funciones legislativas y judiciales están en cabeza de entes diferentes, autónomos e independientes al Ejecutivo. Al Leviatán feroz se opone la separación del poder público como única garantía real para el ciudadano. Como consecuencia, las decisiones judiciales, sea cual fuere su contenido, deben acatarse y cumplirse.

Dicho esto, no es menos cierto que el sistema judicial ha perdido la confianza ciudadana. En la última encuesta de Gallup la opinión favorable es apenas del 21% y la desfavorable del 74%. En la de Ipsos, el 78% no confía en la Justicia y el 70% no lo hace en las altas cortes.

Además de su exasperante lentitud, su prepotencia y su distancia del ciudadano de pie, y de la corrupción de la administración de justicia, también ayudan a la caída en picada dos hechos notables. El primero es su politización. La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho. Por eso ‘Teodora’ está libre y en cambio, con base en testimonios cuestionables, están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.

El segundo es la usurpación que hace la Constitucional de las funciones propias del Congreso. Si no le gusta lo que el Congreso decide, lo borra de un plumazo y reescribe la norma. Y con el pretexto de las “columnas vertebrales” de la Constitución del 91, decide como se le antoja sobre el contenido de las modificaciones constitucionales.

Ahora una mayoría endeble tumbó la reforma del fuero militar por un supuesto vicio de forma, alegando que los debates en la Comisión Primera y en la Plenaria de la Cámara habían sido simultáneos. Pero en palabras de un magistrado de esa misma corte, sus colegas se “inventaron” un vicio que “la jurisprudencia nunca había reconocido”. Y agregó que el supuesto vicio nunca existió y que si hubiese existido sería subsanable.

Para rematar, hay prueba de que el debate duró seis horas e intervinieron 22 de los 29 representantes, el presidente de la Comisión dejó constancia antes de levantar la sesión de que “aunque ya se abrió el registro [de representantes] en la plenaria de la honorable Cámara, la sesión formalmente no se ha iniciado porque el Presidente no ha dado apertura a la misma” y hay videos que muestran que la votación en la Comisión se realizó antes de que empezara la plenaria de la Cámara. Así que sí, la mayoría se inventó un vicio de la simultaneidad para tumbar la reforma.

El mensaje contra la Fuerza Pública es desmoralizador y más en momentos en que el Gobierno pretende que los bandidos no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. Y contra el Congreso es quizás peor: tumbarán a cualquier costo la norma que nos les guste.

La independencia y la autonomía de la rama Judicial son fundamentales para la democracia. Pero su abuso la pone en serio peligro. Los jueces también tienen que ajustarse al derecho, incluso más que los otros porque su tarea constitucional es precisamente esa, la de defender el orden jurídico. Y no pueden comportarse como el todo poderoso capataz de la finca. En democracia el gobierno no es de los jueces, sino del pueblo.

Fuente: EL PAÍS - Cali - Colombia

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Ni vencedores ni vencidos

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado: septiembre 22, 2013 

El jueves 19, en medio del silencio de los medios nacionales que o no hacen seguimiento serio de los diálogos en La Habana o no quieren publicar aquello que creen que puede hacerle daño al gobierno, las Farc emitieron dos comunicados.

En ellos se refieren al llamado Marco Jurídico, la piedra angular del mecanismo del Gobierno para lidiar con los crímenes de la guerrilla; al referendo, el instrumento propuesto por Santos para conseguir la aprobación popular de los acuerdos; al plazo para alcanzarlos; y a la naturaleza de las negociaciones.

Sobre el Marco Jurídico, las Farc dicen que “es una imposición” con una “conceptualización de justicia transicional inoportuna”, que constituye “un enorme estorbo para la paz” y que, además, “la Corte Constitucional le sumó perturbaciones como esa de que la guerrilla debe entregar secuestrados que no tiene, más otras cuantas invenciones maliciosas”. Y rematan con que es inaceptable que “un brazo del Estado… sea el que diseñe y aplique marcos jurídicos de justicia transicional”.

Está claro que las Farc no lo aceptan, que son ellos quienes quieren definirlo, que se mantienen en no pagar ni un día de cárcel, y que acusaron la corrección del marco que hizo la Corte Constitucional al abandonar la propuesta de impunidad del Gobierno y volver a la verdad, la justicia y la reparación.

En relación con el referendo, dicen que es una “iniciativa unilateral” que está “fuera de lugar” y manchada de “sospechas electorales”. Agregan que la propuesta gubernamental desconoció el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, base de las negociaciones, y que las Farc “no hacen parte de dicha iniciativa” ni se sienten comprometidas por ella. En consecuencia, insistirán “en la convocatoria de una Constituyente”.

Más allá de que es verdad que tras el referendo están las pretensiones electorales de Santos, que buscar auparse en los eventuales acuerdos, las Farc se mantienen en su pretensión de una Constituyente que convierta “la Constitución revisada, reparada y fortalecida, [en] un pacto o tratado de paz”. La revolución pactada sobre la que ha habido tantas advertencias. Las derrotamos en el campo de batalla y nos ganan en la mesa. Y, de paso, anuncian que si hay un referendo no se sentirán obligadas por su resultado. No por otra cosa sostienen que la propuesta gubernamental “implica un esquema de desmovilización y sometimiento de la contraparte insurgente” que es un “absurdo”. ¿Y si no hay un desmovilización y desarme, para qué todo este rollo? ¿Será que, como advierte el Procurador, nos quieren someter a un referendo, o una constituyente, con la amenaza de los fusiles en la nuca?

Rematan sosteniendo que el marco y el referendo “van de la mano de la equivocada y ventajosa idea de un gobierno que… se pretende juez y parte de una contienda en la que aún no hay ni vencedores ni vencidos”. Sostienen que “la Agenda no supone ni mucho menos reconoce vencedor alguno” y que “en la mesa debe prevalecer la relación parte-parte, entre iguales”.

Este es seguramente la razón de todos los males. Santos convirtió una derrota estratégica de las Farc en una negociación “entre iguales”. En esas condiciones, las conversaciones son en sí mismas una victoria de las Farc.
Las Farc añaden que “la paz no puede atarse a fechas”. ¿El inamovible plazo de noviembre se fue al demonio?
Y finalizan con una amenaza: “consideran que es urgente retomar el respeto a la bilateralidad que entregue confianza para seguir adelante”. Así estamos.

Fuente: EL COLOMBIANO - Medellín - Colombia

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Extrema derecha, otra vez

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado: marzo. 31, 2013 

En la gazapera entre el Ministro del Interior y Andrés Pastrana, más allá de las ofensas cruzadas, hay coincidencia en tachar de “extrema derecha” a quienes cuestionan las negociaciones en La Habana.

La culpa es de Santos porque fue él quien dio inicio a las calumnias cuando calificó a sus críticos como “la mano negra”, los “tiburones”, la “extrema derecha”.

El expresidente en su entrevista en El Espectador, después de sostener que él sí tuvo un “mandato por la paz” y en cambio el presidente Santos no, agrega que quienes discrepan del proceso conforman “un sector radical, de extrema derecha”. Carrillo responde que sería “lamentable” que Pastrana termine “alineado con la extrema derecha”.

Que los jefes de Estado deben ser cuidadosos cuando se expresan, queda otra vez probado con el incidente. Las infamias, los insultos, las injurias a los contradictores, como las infecciones, se pegan cuando el transmisor es el primer mandatario.

Al menos en parte la culpa es de Santos porque fue él quien dio inicio a las calumnias cuando calificó a sus críticos como “la mano negra”, los “tiburones”, la “extrema derecha”. Que su Ministro repita ahora el infundio no puede entonces asombrar. Ni que se le haya pegado al ex presidente Pastrana, aunque desconcierta que no haya previsto que, al expresar sus propias diferencias, también él sería objeto de las difamaciones.

Históricamente la extrema derecha se ha caracterizado por posturas ultranacionalistas y xenófobas y por estos lares no hay ni lo uno ni lo otro. Las otras manifestaciones de la ultraderecha, en cambio, son comunes a la “extrema izquierda”: autoritarismo, desprecio por las instituciones y libertades democráticas y recurso a la violencia para imponer sus posiciones. Las extremas creen que el fin justifica todos los medios y que las armas son instrumento válido contra los demás. Por eso, en un proceso mimético, las autodefensas ilegales acudieron a los mismos métodos violentos de su enemigo.

Por eso, aunque no son idénticas, las dos extremas se parecen tanto que llegan a confundirse. Al final no hay diferencia entre el exterminio nazi, el estalinista o la purga de Mao. Como no hay tampoco entre la violencia contra los civiles, la práctica del narcotráfico y el recurso al terrorismo de las guerrillas marxistas o de los mal llamados ‘paramilitares’.

Por eso debería sorprender que quienes con tanta vehemencia criticaron Ralito ahora aplaudan La Habana y los que entonces alegaban que eran pocos los años de prisión para los ‘paras’, ahora propugnen porque las Farc no paguen ninguno. Y que si entonces se indignaban con la idea de que las AUC pudieran hacer política, ahora crean que hay que pavimentarle el camino al Congreso a la guerrilla.

Pero ya no sorprende, porque está claro que el problema no es de conductas criminales, sino de quienes las cometen. Para la izquierda, la nacional y la del continente, y para quienes desde el Gobierno y los medios buscan su simpatía, hay bandidos buenos y malos, dependiendo de la ideología que profesen.

Lo que sí sorprende, sin embargo, es que el gobierno no tenga reparo en tachar como de extrema derecha a quienes lo critican y al mismo tiempo no le dé vergüenza pedir para la extrema izquierda impunidad y acceso a cargos políticos. A quienes ejercen la libertad de opinión, el derecho a discrepar, el ejercicio democrático a la crítica y al control político, se les estigmatiza, se les infamia y se les calumnia. Y a la izquierda violenta, autoritaria, criminal, que ha atacado por cerca de medio siglo los valores e instituciones democráticas, a esa se la premia. En esas estamos.

Fuente: EL PAÍS - Cali – Colombia

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Caraduras

Registro | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA  | Publicado: feb.10, 2013 

Los marxistas aprendieron hace tiempo que el lenguaje es una herramienta vital en la lucha política. Desde entonces se han vuelto expertos en su manipulación.

Las Farc son expertas en el asunto. Desde hace tiempo vienen martillando la idea de que los secuestrados son “retenidos” y de que los guerrilleros detenidos son “prisioneros de guerra”. Ahora dicen ser ellas las víctimas del conflicto y no crueles y desalmados victimarios.

Los marxistas aprendieron hace tiempo que el lenguaje es una herramienta vital en la lucha política. Desde entonces se han vuelto expertos en su manipulación. Con persistencia, se apropiaron de conceptos que tiene valor intrínseco, como la ‘lucha contra la pobreza’.

Aunque los hechos demuestren el triunfo global del capitalismo en la generación de mejoras sostenibles en el nivel y la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, aún hoy la izquierda se ufana de un supuesto compromiso con los pobres y a la derecha se le acusa de procurar sólo el bienestar de los ricos. Que incluso China haya tenido que sumarse al capitalismo para sacar a centenares de millones de ciudadanos de la indigencia y que Corea del Norte y Cuba sean ejemplos de pauperización de sus sociedades, son hechos que terminan siendo irrelevantes.

Como irrelevante es que Chávez en Venezuela haya arrasado con la economía y que un país con ingresos multimillonarios por su petróleo esté al borde del colapso. La devaluación del viernes es solo el primer paso para evitar la bancarrota. En fin, para el grueso de los marxistas lo importante no es la realidad, sino el discurso, el relato, la narrativa que se hace sobre ella.

Las Farc son expertas en el asunto. Desde hace tiempo vienen martillando la idea de que los secuestrados son “retenidos” y de que los guerrilleros detenidos son “prisioneros de guerra”. Ahora dicen ser ellas las víctimas del conflicto y no crueles y desalmados victimarios. Y como perla, hace un par de días en La Habana un jefe guerrillero, con toda la delegación encabezada por ‘Iván Márquez’ haciéndole la corte atrás, no tuvo reparo en sostener que encadenar por seguridad cuando se traslada a ‘Simón Trinidad’, es una flagrante violación a los derechos humanos y atenta contra su dignidad.

Sí, leyó bien, las mismas Farc que secuestran y asesinan civiles, las mismas Farc que encerraron en campos de concentración a los militares y policías tomados como rehenes, las mismas Farc que para moverlos por la selva los encadenaron unos a otros por el cuello, como en las épocas más infames de la esclavitud, que los privaron de alimento y que nunca permitieron que fueran atendidos por la Cruz Roja, ahora tienen el descaro de sostener que el trato que se le da a ‘Trinidad’ es violatorio de los derechos humanos.

Y no les bastó con eso. Agregaron que los guardianes del Inpec son “sicópatas dedicados a torturar prisioneros de guerra y prisioneros políticos” y que era “miserable y criminal” el trato del Estado a los detenidos de las Farc a quienes, pobrecitos, “estigmatiza como terroristas”. Es cierto que las cárceles colombianas son un desastre y el hacinamiento es insoportable. Pero no sobra recordar que los guerrilleros detenidos tienen alimentación y salud, visitas conyugales, comunicación con el exterior, lecturas y estudio y la oportunidad de acceder a beneficios que pueden acortar su condena de manera sustantiva.

Y que terrorista es quien comete actos de terror para conseguir sus objetivos y es narcotraficante quien negocia con drogas ilícitas. Los comandantes de las Farc son terroristas y son narcotraficantes. Y criminales. El Gobierno les ha concedido una mesa de negociación y que se permita su reinserción a la sociedad. Las Farc no deberían abusar más de semejante concesión.

Fuente: EL PAÍS – Cali - Colombia

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LA NÁUSEA

OPINIÓN | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado: Ene.13, 2013 

Quienes se escandalizaban con los delitos atroces de los paras, hoy piensan que esas conductas en las Farc no son sino desafortunadas expresiones violentas de sus intenciones políticas.

Quienes con acierto fomentaron la acción judicial contra los políticos vinculados con los paras, no dicen mu sobre los que intiman con las Farc y el Eln.

En la política criolla es la regla: la fidelidad es solo con las aspiraciones personales y nunca con las ideas.

Si no se es leal con lo que se cree y se piensa, ni hablar de lealtad con quienes impulsaron sus carreras.

La buena relación dura lo que la posesión en el cargo. Nuestra selección de saltimbanquis y trapecistas, de salto en salto de un partido a otro, de un jefe político al siguiente, según quien unte mejor la mermelada, da para el más sofisticado Circo del Sol.

Curiosamente, quienes son fieles con su manera de pensar son tachados de dogmáticos, en el mejor de los casos, cuando no de extremistas y reaccionarios. Pero me distraigo. Escribo sobre la doble moral de nuestros gobiernos, políticos, periodistas y opinadores. Nada mejor que el proceso de paz y la sucesión en Venezuela para demostrarlo.

Quienes se escandalizaban con los delitos atroces de los paras, hoy piensan que esas conductas en las Farc no son sino desafortunadas expresiones violentas de sus intenciones políticas.

Quienes creían que los crímenes de los paras no podían ser de ninguna manera delitos políticos, hoy defienden la conexidad de las peores atrocidades guerrilleras con sus "fines altruistas".

Quienes acusaban a los paras de narcos, hoy nada dicen del hedor narcotraficante de las Farc.

Quienes exigían verdad, justicia y reparación, hoy solo hablan de reconciliación.

A quienes les parecían inaceptables por insuficientes las penas de ocho años de prisión a los paras, hoy creen indebido privar un solo día de la libertad a las monjitas de las Farc.

Quienes gritaron que la amnistía y el indulto eran imposibles para los paramilitares, hoy buscan formas benevolentes de justicia transicional que tengan el mismo resultado.

Quienes con acierto fomentaron la acción judicial contra los políticos vinculados con los paras, no dicen mu sobre los que intiman con las Farc y el Eln.

Quienes querían eliminar la posibilidad de que los paras hicieran política, hoy se devanan los sesos para permitir que los guerrilleros, si se desmovilizan, accedan a cargos de elección popular.

Y hay que ver la lista de escandalizados con los "golpes de Estado" de Honduras y Paraguay que ahora aplauden la torcida de cuello constitucional con que los chavistas se aferran al poder.

En Honduras, Micheletti llegó al poder a mediados de 2009 con el aval del parlamento y de la Corte Suprema de Justicia. En enero de 2010 lo entregó, tras elecciones abiertas y transparentes, como había prometido.

Mientras tanto, la ONU y la OEA condenaron "el golpe de Estado" y dijeron que no reconocerían al nuevo gobierno. Con la excepción valiente de Colombia y Panamá, el aislamiento de Micheletti fue total.

Los mismos indignados se pronunciaron cuando el año pasado Lugo fue destituido, tras un juicio político que se apegó a la Constitución paraguaya.

Los gobiernos suramericanos, el nuevo colombiano entre ellos, rechazaron la destitución, en algunos casos la denominaron "golpe de Estado" y llamaron a consultas a sus embajadores.

Brasil pidió la expulsión de Mercosur y Paraguay fue suspendido en esa organización y de Unasur.

En cambio, ahora Mujica, Evo y Ortega se aparecen en Caracas para legitimar al chavismo.

Nosotros nos salvamos, por cuenta de un sensato consejero, de que Santos se uniera al trío. Pero en la Cancillería colombiana le apuestan a muerte a Maduro.

Brasil, con el omnipresente Marco Aurelio García, se pasea por La Habana para acordar con el castrismo la transición y asegurar los gigantescos negocios de las multinacionales brasileras en el país patriota. Y hasta Obama maniobra para que no sea Diosdado quien se apoltrone en el sillón de Chávez.

La Constitución, la obligación de convocar a elecciones, los derechos de la oposición, la separación de poderes, la democracia, ahora importan un comino. El compromiso democrático, está visto, solo es un discurso para apretar a la derecha. Cuando de la izquierda se trata, toda la indignación se va el demonio.

Los perfectos hipócritas latinoamericanos.

Dan náuseas.

Fuente: EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

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Leguleyada autoritaria

OPINIÓN|RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: Julio 8- 2012

Al suponer que el Presidente puede hacer todo lo que no le esté prohibido, se pone en peligro a los ciudadanos. Hasta ahora, los funcionarios públicos no podían hacer en su calidad de tales sino aquello que les estaba expresamente permitido.

En el futuro un presidente podrá objetar cualquier reforma constitucional simplemente porque no le gusta. Santos coarta sin pudor la facultad constitucional del Congreso.

Tras la indignación pública, casi todos coincidieron en que a la apestosa reforma a la Justicia había que darle muerte, sin importar el como.
Pero el mecanismo para asfixiarla es al menos tan malo como la reforma misma. La ‘solución’ de las objeciones presidenciales no sólo es una leguleyada sino que tiene gravísimas consecuencias para la democracia y el Estado de Derecho.

Hago resumen para los no abogados. El Presidente tiene la facultad de objetar un proyecto de ley cuando considera que es inconveniente o inconstitucional. Si el Congreso, con mayorías especiales, desestima la inconveniencia, el Presidente debe obedecer la decisión de los parlamentarios. Si los motivos de inconstitucionalidad son rechazados, la Corte Constitucional toma la decisión final.

Esa facultad de objetar proyectos de ley en cabeza del Ejecutivo es parte del sistema de frenos y contrapesos propio de la democracia y da mejores certezas de que lo aprobado en el Congreso se ajuste a lo que la Constitución establece y a los intereses nacionales.

Ahora bien, en la Constitución no se prevé que el Presidente pueda objetar un proyecto un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución. Aun así, Santos decidió objetar la reforma a la Justicia por inconveniente e inconstitucional. Alegó que, por analogía y en tanto que no le estaba prohibido, podía hacerlo.

No me detendré en la ironía o el cinismo implícitos que hay en que el impulsor de la reforma sea quien después pretenda hundirla. Resaltaré sólo las consecuencias de la argucia.

Objetar por inconstitucional un acto legislativo es un absurdo, en tanto que cualquier acto legislativo lo que pretende es, precisamente, modificar la Constitución. No hay reforma constitucional que no sea distinta o contraria, de una manera u otra, a la Constitución que enmienda.
Objetar por inconveniencia podría tener algún sentido, si lo que se quiere es darle el mismo valor a la opinión de los parlamentarios y la del Ejecutivo. Pero nuestras constituciones nunca han previsto tal poder en cabeza del Ejecutivo porque han considerado que, a la hora de definir el marco constitucional, en un régimen democrático debe pesar más la opinión mayoritaria de los parlamentarios que la voz solitaria del Presidente. Esa es la razón por la cual el Parlamento tiene facultades para reformar la Constitución y en cambio el Presidente no.

Más allá de que el Presidente trapeó con el Congreso y le echó toda el agua sucia, al objetar una reforma constitucional, y al aceptar sumiso el Parlamento las objeciones, se resquebraja el Estado de Derecho y se contribuye a la hipertrofia del presidencialismo y, en paralelo, a un mayor debilitamiento del Congreso.

Peor, la solución es autoritaria. Por un lado, porque al suponer que el Presidente puede hacer todo lo que no le esté prohibido, se pone en peligro a los ciudadanos. Hasta ahora, los funcionarios públicos no podían hacer en su calidad de tales sino aquello que les estaba expresamente permitido. Esa limitación buscaba proteger a la gente del común del abuso de quienes, por definición, están en una situación de privilegio y de superioridad en relación con el de a pie. Por el otro, porque en el futuro un presidente podrá objetar cualquier reforma constitucional simplemente porque no le gusta. Santos coarta sin pudor las facultades constitucionales del Congreso.

Desde el siglo XIX, nunca un presidente en Colombia había tenido tan peligrosos poderes.

 FUENTE: EL PAÍS –Cali - Colombia

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¡A CONFESARSE!

1 de julio de 2012 |OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Los congresistas en privado no le perdonan a Santos que les hubiera echado toda el agua sucia de una reforma que fue iniciativa del gobierno y que éste empujó desoyendo las críticas durante ocho debates, y que el mismo gobierno transó con los magistrados de las Cortes y pidió votar positivamente después de conocida la conciliación.

La caída en la popularidad de Santos es brutal. Si venía mostrando una tendencia a la baja desde principios del 2011, ahora el desplome es de 16 puntos, según la encuesta de Gallup.

Aun es pronto para medir las consecuencias del tsunami de la reforma a la justicia y su hundimiento, pero es seguro que se enredaron el futuro de Santos y su gobierno.

La Unidad Nacional es la histórica oportunidad perdida. Ningún presidente había tenido mayor respaldo. Con todos los partidos adentro, excepto el Polo y Mira, y el control de casi el 95% del Congreso, la Unidad estaba llamada a asegurar el apoyo a las grandes transformaciones que el país necesita. Debería haber sido la base, para usar la expresión de Álvaro Gómez, del gran acuerdo sobre lo fundamental. Pero el espacio para la grandeza, para la magnanimidad, fue apenas una ilusión. Semejante consenso, semejante fuerza política, fueron desaprovechados. Terminaron de escenario para el cruce de favores, el contubernio entre magistrados, congresistas y Ejecutivo, para la más nauseabunda componenda institucional de la que tengamos noticia.

Las relaciones con el Congreso y los partidos, obsecuentes liberales incluidos, quedaron marcadas por el signo indeleble de la desconfianza. Los congresistas en privado no le perdonan a Santos que les hubiera echado toda el agua sucia de una reforma que fue iniciativa del gobierno y que éste empujó desoyendo las críticas durante ocho debates, y que el mismo gobierno transó con los magistrados de las Cortes y pidió votar positivamente después de conocida la conciliación. Si hubiera duda, se la aclararon al Ministro del Interior, al que esta semana chiflaron en la Cámara y le dieron la espalda, literalmente, en el Senado. ¿Alguien puede recordar semejante desplante a un ministro en nuestra historia parlamentaria? En fin, de aquí en adelante la "gobernabilidad" será espinosa. Al Gobierno le va a tocar remar duro para que el Congreso le apruebe su agenda legislativa. La discusión de la reforma tributaria va a ser un camino de piedra y llanto. Y los años que vienen serán, intuyo, de repartija burocrática, de clientelismo. Es lo único que le queda al Gobierno para alinear a sus congresistas, ahora ofendidos y traicionados.

Pero si por el Congreso llueve, en la opinión pública no escampa. La caída en la popularidad de Santos es brutal. Si venía mostrando una tendencia a la baja desde principios del 2011, ahora el desplome es de 16 puntos, según la encuesta de Gallup. En el trimestre cae de 64 a 48 puntos de favorabilidad y, aun peor, su desfavorable salta de 27 a 43. A pesar de que el discurso en televisión de Santos tranquilizó a algunos, resulta claro que al menos un sector importante de la gente no le creyó.

Y el problema no está en que algunos han reafirmado su percepción de que sacrifica a cualquiera en la búsqueda de sus propios intereses, sino en que un sector de la opinión ha quedado con la sensación de que el liderazgo es vacilante y que en su afán de no pelear con nadie, de dar gusto a todo el mundo y todo el tiempo, el Gobierno pierde el norte y en ese ánimo complaciente deja de hacer lo que es bueno para el país para apoyar los intereses particulares de aquellos con quienes negocia. Para rematar, el Presidente mostró otra vez que, cuando se ve bajo presión, cede. Ocurrió en el tema pensional, en el paro de transporte, en la reforma a la educación, en?

A estas alturas, el Presidente tiene la reelección, la maldita reelección, embolatada. Si aún la mitad del país tiene una imagen favorable, apenas un 30% apoyaría una nueva postulación. Es verdad que estamos en la mitad del período y las cosas podrían cambiar. Pero en materia de seguridad será difícil conseguir triunfos que fortalezcan su imagen, tanto porque los comandantes están en Venezuela como porque en esta materia se entró en rendimientos marginales decrecientes. Y la economía, aunque sigue bien, muestra signos de estar frenando (y si la crisis global revienta?). De manera que no queda sino "la paz". ¡Que Dios nos coja confesados!

FUENTE: EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

Publicado: Julio 1, 2012

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Los Pilatos

23 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

La reforma se convirtió en el más impudoroso intercambio de favores del que tengamos noticia. Los togados mantuvieron un silencio cómplice para que a cambio se les aumentara la edad de retiro a los 70 y el período de 8 a 12 años.

El Gobierno jugó a complacer a todos, como acostumbra. En plan reeleccionista, ni se iba a pelear con las Cortes ni con los congresistas.

No tengo memoria de un episodio tan deshonroso para la institucionalidad colombiana. No hay quien se salve. O muy pocos, para ser justos. Y merecen ser nombrados. Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, mientras sus colegas se regodeaban con los beneficios que recibirían, sostuvo que la reforma a la Justicia era “un acto vulgar” y “vergonzoso”. Y un número ínfimo de parlamentarios que votó en contra (26 de 268) y no se dejó atrapar por la aplanadora insensata de la Unidad Nacional: los del Polo y los del Mira, y Carlos Ferro, Juan Lozano, Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez Martínez, Camilo Sánchez y Juan Manuel Galán, y John Sudarski y Gilma Jiménez. Los goditos, disciplinados, votaron en bloque.

Pero salirse del redil era un deber. Cuando empezaba el cuatrienio, afirmamos que la Unidad Nacional debía servir no sólo para la gobernabilidad, sino para hacer los grandes cambios que necesita el país. La reforma a la Justicia, no lo dudo, es uno de ellos. Es la gran reforma pendiente. Pero si el texto aprobado en los debates era ya un espanto, lo que salió de la conciliación es un engendro horroroso.

Por un lado, no ataca los problemas fundamentales de la administración de Justicia: la morosidad, la inseguridad jurídica y la corrupción y politización de la Rama Judicial. Las Cortes, por ejemplo, hundieron la propuesta de los precedentes judiciales obligatorios, para poder cambiar su jurisprudencia a su antojo y arbitrariamente.

Por el otro, se convirtió en el más impudoroso intercambio de favores del que tengamos noticia. Los togados mantuvieron un silencio cómplice para que a cambio se les aumentara la edad de retiro a los 70 y el período de 8 a 12 años. Y quedaron cobijados con un juicio político, como el Presidente de la República. Si no bastara, podrán elegirse por cooptación. Si los magistrados fuesen los de antaño, vaya y venga. Pero con los actuales, la cooptación sólo asegura que los muy malos de hoy elijan otros de su misma condición. A pesar de la críticas, conservaron sus facultades de participar en la elección de otros funcionarios públicos. Además, les entregaron un presupuesto enorme, del IPC más dos puntos por diez años, y doce billones de pesos adicionales en los próximos seis. ¡Y ni una palabra sobre eficiencia en el gasto y en la función pública!

Los congresistas, que luchaban con justeza por la doble instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, convirtieron el proyecto en una contrarreforma para asegurar su impunidad. Los parlamentarios deben tener un régimen especial para su privación de libertad, en tanto cumplen una tarea fundamental de representación popular, pero… la pérdida de investidura quedará en el papel, se aforó a los secretarios del Congreso, se prohibieron las denuncias anónimas, liquidaron la ‘muerte política’.

A todas estas, el Gobierno jugó a complacer a todos, como acostumbra. En plan reeleccionista, ni se iba a pelear con las Cortes ni con los congresistas. Hasta que lo abrumó la indignada reacción pública. Y entonces se atribuyó un derecho que no tiene: el de objetar por inconveniencia y constitucionalidad una reforma constitucional. Yo no dudo de que el resultado de la reforma es inmundo, pero el precedente es pésimo y sólo contribuye a lo nauseabundo. ¡El Estado de Derecho se ha ido al demonio! Y ahora todos se lavan las manos. Estamos llenos de Pilatos.

FUENTE: EL PAÍS – Cali - Colombia

Publicado: Junio 24, 2012

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MARCO DE IMPUNIDAD

17 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

La reforma permitirá que asesinos, secuestradores, violadores y narcotraficantes miembros de las guerrillas puedan ser elegidos a cargos de elección popular.

No serán investigados esos criminales si no caen en la categoría de "máximos responsables".

La aprobación en último debate del "marco jurídico para la paz" y las inclusiones finales que se le hicieron exigen unas nuevas reflexiones.

Como los textos aprobados en Senado y Cámara son diferentes, el martes tendrá lugar la conciliación definitiva.

Sé bien que lo que acá se escriba no tendrá ningún impacto en el ánimo de los parlamentarios (en verdad los columnistas no ejercemos influencia alguna y menos en los congresistas), pero la gravedad de lo que será aprobado exige al menos dejar una constancia.

Sea primero decir que pasó lo esperado: la reforma permitirá que asesinos, secuestradores, violadores y narcotraficantes miembros de las guerrillas puedan ser elegidos a cargos de elección popular.

El Gobierno volvió a meter, por la puerta de atrás, un artículo que permite la elección popular de guerrilleros condenados por delitos atroces.

En este país desmemoriado hay que recordar que una norma con diferente redacción pero el mismo efecto había sido retirada de la discusión en el Congreso, cuando un grupo de los policías y militares secuestrados fue asesinado a sangre fría por las Farc.

Pero el retiro de entonces fue una jugada táctica para que, anestesiados como vivimos y lejanísimo ya el recuerdo de los muertos, ahora se volviera a abrir la puerta a que Timochenko y compañía puedan ser tratados como, por ejemplo, honorables padres de la patria.

La cosa se hizo por vía de entregarle a una ley estatutaria la posibilidad de definir "los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política".

La única restricción estará en que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no podrán ser considerados conexos siempre que se hayan "cometido de manera sistemática".

Pareciera una precisión innecesaria, porque por definición el crimen de lesa humanidad requiere un "ataque generalizado o sistemático contra la población civil".

Pero en realidad no es gratuita: la explícita restricción de que haya sistematicidad beneficia de entrada a todos los asesinos, secuestradores y violadores "ocasionales".

Si eso no fuera mucho, desde ya es posible imaginar a todos los jueces que sostendrán que el delito cometido con "fines altruistas" no es nunca un crimen de lesa humanidad y a todos los congresistas que en la ley estatutaria fijarán unos criterios para definir la "sistematicidad" que permitirán que prácticamente ningún guerrillero quede excluido de los beneficios.

No menos importante es resaltar lo que la norma dice tácitamente cuando establece que sólo los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no podrán ser considerados conexos con los delitos políticos.

Eso significa que los guerrilleros responsables de crímenes de guerra y de delitos atroces que no constituyan crímenes de lesa humanidad sí podrán ser elegidos, y que también podrán serlo los terroristas y los narcotraficantes porque el terrorismo y el narcotráfico no son crímenes de lesa humanidad.

Si eso no bastara para asquearse, habría que agregar que el marco permite que sólo "los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática" sean investigados.

Es decir, que no serán investigados esos criminales si no caen en la categoría de "máximos responsables".

Y remata con la perlita que de aun a los "máximos responsables" de estos crímenes, los más abominables que puedan ser concebidos, les sea suspendida la pena, de manera que aun condenados podrán disfrutar de su libertad sin restricción alguna.

En fin, el senador Roy Barreras, ponente de este engendro, se llevará las palmas de los caraduras.

No tuvo reparo en afirmar, sin sonrojarse, que el marco "no es un instrumento de impunidad, no le rebaja un día de cárcel a nadie, ni le regala beneficios a nadie".

Creerá que somos todos unos p?

Pensándolo bien, quizás tenga razón.

FUENTE: EL COLOMBIANO –Medellín - Colombia

Publicado: Junio 17, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL

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