Por: Rafael Nieto Loaiza
Diciembre 13 de 2009
Aunque el Gobierno confía en que la Corte ahora sí decidirá, declaraciones recientes del Vicepresidente de la Suprema mostraría que un número importante de magistrados sigue en la línea de la “inviabilidad”.
Según el magistrado Arrubla, el nuevo Fiscal debe ser “idóneo, independiente e intachable”. Todos estamos de acuerdo en lo deseable de reunir esos adjetivos en cualquier funcionario judicial. El problema está en quién y en cómo se hacen las calificaciones. ¿No sería independiente un Fiscal que haya sido, por ejemplo, funcionario de este gobierno? Fue lo que sugirió Arrubla, en abierta contradicción con su pasado. Él, siendo secretario jurídico del Palacio, fue candidato a la Corte Constitucional. Si consideraba entonces que ser funcionario gubernamental le restaba independencia, ¿por qué acepto ser postulado? Si cree que no, ¿por qué ahora sí exige ese requisito para el Fiscal? Y para mayor contradicción, si la Suprema considera el no haber sido funcionario de este gobierno como una condición ineludible para ser Fiscal, ¿por qué eligió hace cuatro años a Iguarán, que era viceministro de Justicia?
El Presidente y el Vicepresidente de la Corte han dicho también que no sería idóneo un Fiscal que no sea experto en derecho penal. Sostienen que la implantación del sistema penal acusatorio así lo exige. Es curioso, porque en Estados Unidos, origen del sistema, el Fiscal no es un penalista y casi nunca lo ha sido. Hasta su nombramiento, Eric Holder era el jefe del área de litigios de Covington & Burling, una de las más prestigiosas firmas de abogados norteamericanas. Y contradictorio, otra vez, porque ya con el sistema en marcha, esta misma Corte eligió a Iguarán, no a un experto en derecho criminal.
Puesto contra la pared por la ausencia de una norma constitucional que respalde su posición, Augusto Ibañez ha sostenido que hay “instrumentos internacionales” que lo demandan. Lo malo es que no hace referencia a tratados internacionales sobre la materia, que por cierto no existen, sino a documentos con recomendaciones de distintos expertos que no tienen carácter jurídico vinculante y que en consecuencia no obligan a los estados y que, para peor, en ningún lado dicen que los fiscales deban ser penalistas o no puedan haber sido funcionarios del gobierno. Otra vez, como una pesadilla recurrente, los funcionarios judiciales abusan de un derecho internacional sobre el cual sólo demuestran ignorancia.
La Suprema puede optar por mantenerse en la tesis de que la “inviabilidad” o invitar a los nuevos postulados a que den a conocer sus posiciones sobre la Fiscalía y su trabajo futuro. Aun si se decide por oírlos, no hay garantía de que después vaya a escoger a alguno de los candidatos. A los tres primeros los recibió en audiencia pública y nunca eligió de entre ellos.
Estamos al arbitrio de unos magistrados que deberían dar ejemplo de apego a la Constitución y que en cambio no tienen reparo en pasársela por la faja.
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