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Dic 10 de 1948
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La eterna crisis del Congreso

Dos décadas de escándalos y vicios

Por: EL ESPECTADOR
Clientelismo, auxilios, turismo parlamentario, prebendas... mientras no desaparezcan estas prácticas no habrá renovación legislativa
Desde hace varias décadas y cada cuatro años proliferan los mismos comentarios y surgen las mismas alianzas. Ante el creciente deterioro en su imagen, las elecciones al Congreso de la República se convierten en una sobreoferta de promesas, la mayoría irrealizables, y del otro lado aparecen ciudadanos bien intencionados buscando que la gente vote con conciencia y que por fin surja un Poder Legislativo que cambie su historia reciente repleta de escándalos. Pero el ciclo se repite de nuevo, habitualmente regresan los mismos y los esfuerzos individuales se ahogan por el peso de las mayorías bien aceitadas por los distintos gobiernos.
Después del Frente Nacional, y con el ánimo de erradicar nocivas costumbres como el clientelismo, el tráfico de cuotas burocráticas, los sobrecostos o el turismo parlamentario, empezaron a surgir voces en favor de necesarias reformas políticas. Todas fracasaron en el Legislativo o se hundieron en el Poder Judicial por vicios de forma. Ya hacia finales de los años 80, con un Congreso infiltrado por el narcotráfico, los grandes reformadores fueron insuficientes para detener la aplanadora que quiso convertir el sueño de una Carta Política renovada en un avieso referendo para que los colombianos votaran en favor o en contra de la extradición.

El Congreso fue inferior a sus circunstancias históricas y terminó siendo la sociedad la que impuso la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La nueva Carta Política introdujo audaces reformas encaminadas a erradicar los vicios políticos e incluso llegó a pensarse que después de revocado el mandato del Congreso, el nuevo Poder Legislativo iba a marcar un nuevo rumbo. Pero primero salieron elegidos casi los mismos revocados, y antes de un año el Congreso ya era fuente de escándalo por un carrusel de vinculación de empleados y millonarias indemnizaciones que dieron para muchos informes periodísticos y pocos fallos judiciales.
Se aprobaron leyes importantes, pero una vez más persistió el hábito de la votación atropellada de proyectos a punta de pupitrazos y el peso de unas mayorías bien administradas desde la Casa de Nariño. El ausentismo no se contuvo, tampoco la costumbre parlamentaria de deambular por los ministerios y otros despachos públicos en busca de puestos o contratos. La excepción vino a constituirla el nuevo régimen de inhabilidades e incompatibilidades incluido en la Constitución de 1991, que a través de la desinvestidura parlamentaria, y gracias a la democracia participativa, logró que el Consejo de Estado les declarara la muerte política a unos cuantos legisladores.
Si por número de leyes o debates fuera, el Congreso de aquella época diría que cumplió. Pasó la Ley de Seguridad Social hoy vigente, la Ley General de Educación, la Ley de Regalías y hasta se volvió permanente la política de sometimiento a la justicia. Pero en materia de costumbres políticas, el Congreso quedó en deuda. Claro que los ciudadanos no le pasaron cuenta de cobro. Por el contrario, en las elecciones de marzo de 1994 los grandes caciques siguieron intactos, el galanismo y la Alianza Democrática M-19 casi quedaron borrados del mapa y con nuevo presidente a bordo, como era de esperarse, el Congreso de la República se llenó de samperistas.
Un año después, por cuenta del Proceso 8.000 y los dineros del narcotráfico, el país era otro y fue en el Congreso donde se saldaron muchos asuntos de esta época crítica. Los “micos” en los proyectos se pusieron de moda y al mismo ritmo de las capturas por el publicitado expediente, a las que no demoraron en sumarse 15 congresistas, empezaron a aparecer descarados intentos para frenar la acción del Estado contra los capitales ilícitos. Primero se llamó “narcoproyecto”, buscando que la extinción de dominio quedara sin dientes. Luego tomó el nombre de “narcomico”, para intentar que los procesos por enriquecimiento ilícito quedaran en suspenso.
Estas y otras iniciativas semejantes fracasaron, pero el ambiente de impunidad en el Congreso terminó por opacar esfuerzos importantes, como el Estatuto Anticorrupción, el Código Único Disciplinario o la Ley Estatutaria de Justicia. En el fondo, todo el país quedó pendiente del juicio político al presidente Ernesto Samper Pizano por la evidencia de dineros del narcotráfico en su campaña electoral. Y el puntillazo lo dio la Cámara de Representantes, en junio de 1996, cuando por 111 votos a favor por 43 en contra exoneró de toda responsabilidad penal al Jefe de Estado. En ese momento seguía creciendo el número de parlamentarios detenidos por el 8.000.
Después vino la réplica, en parte respondiendo a las exigencias de Washington y en parte para sopesar los poderes de la presión mediática. La Ley de Extinción de Dominio con retroactividad, el aumento de penas por narcotráfico, el Acto Legislativo que revivió la extradición, las leyes de acción de cumplimiento y acción popular, pero también una nueva ley de televisión para repartir de nuevo el poder mediático y contener los embates contra Samper. La Corte Suprema de Justicia quiso investigar a fondo las relaciones entre el gobierno Samper y el Congreso, pero una tutela echó por tierra la iniciativa.
En 1998 cambió el gobierno, asumió Andrés Pastrana y rápidamente, con la denominación de la Gran Alianza por el Cambio, las mayorías se tornaron pastranistas. La nueva aplanadora, que entre otros aspectos bendijo la zona de distensión para las Farc en el Caguán, puso en marcha el trámite de una nueva reforma política. Además de facultades especiales en materia de paz y cambios electorales, el propósito era erradicar vicios de los legisladores. El asunto empezó bien y hasta llegó a sugerirse la reelección presidencial, pero el Congreso no se iba a dar la pela de autorregularse, fracasó la reforma y de paso se llevó de plano el buen aporte de algunas importantes leyes aún vigentes.
El nuevo Código Penal, la Ley de Orden Público, la Ley contra la Desaparición Forzada, entre otras, no fueron tan sonoras como el escándalo que enredó las relaciones entre el gobierno Pastrana y el Congreso. La red de contratos ilegales que se llevó por delante a toda la mesa directiva de la Cámara de Representantes. El lío de los contratos millonarios eludiendo licitaciones y escogiendo a dedo a los beneficiarios que terminó por llevar a la cárcel al presidente de la Cámara baja, Armando Pomárico Ramos, y a los congresistas Octavio Guerra, Luis Norberto Carmona, entre otros. Una vez más el Congreso en el ojo del huracán, pero moviendo sus fichas para acomodarse a las nuevas reglas.
Después vino el gobierno Uribe y en menos que canta un gallo el Congreso se tornó uribista. Se promovieron leyes importantes y reformas trascendentales, pero no cambiaron las malas costumbres. Ni siquiera con referendo fue posible que el Congreso adoptara una conducta ajena a las millonarias dietas, los derroches de dinero, los festines de contratos, el clientelismo, el nepotismo, las prebendas y, por supuesto, no podía faltar el escándalo mayor que sigue dando de qué hablar: la parapolítica. Al menos 83 legisladores investigados por nexos con las autodefensas, la mayoría pertenecientes a la alianza mayoritaria del uribismo en el Congreso.
Lo demás está por verse. Sin que se resuelvan otros escándalos, como la yidispolítica, la farcpolítica o la entrega de notarías, una vez más los colombianos, este domingo 14 de marzo, vuelven a las urnas para elegir Congreso para el cuatrienio 2010-2014. De nuevo proliferan las campañas para que los ciudadanos voten a conciencia, pero seguramente los de siempre van a refrendar sus curules. Y de no suceder algún imprevisto, se repetirá la historia. El próximo gobierno impondrá mayorías, y entre prebendas y puestos avanzarán las legislaturas. Por estos días se dice que Colombia avanza hacia un régimen parlamentario. ¿Está maduro y sano el Congreso para semejante decisión?
El fracaso de la moción de censura
El artículo 135 de la Constitución de 1991, en su numeral noveno, introdujo en el país la llamada moción de censura. Una figura que le otorga opción al Poder Legislativo de incrementar su control sobre el Poder Ejecutivo, instándolo a que prescinda de aquellos ministros que incurran en acciones indebidas.
No obstante, desde 1991 a la fecha, es decir, 19 años que corresponden a cinco gobiernos y cuatro presidentes, no ha sido posible que prospere una sola moción de censura a pesar de la gravedad de muchos hechos. La razón no es otra que la aplanadora de las mayorías gobiernistas que lo impiden.
Recientemente la moción de censura fue reformada y hoy basta que una de las Cámaras la apruebe para que el Gobierno tenga que cambiar a un ministro. Tampoco así ha prosperado la iniciativa, como ocurrió recientemente con el ministro de Agricultura, Andrés Fernández. La razón: el peso de las mayorías uribistas.

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