María Isabel Rueda
¿Pueden juzgarse con ojos de hoy unos hechos ocurridos hace 25 años?
Esta columnista fue ponente en el Congreso de la Ley de Desaparición Forzada, que sirvió de marco precisamente para la condena del coronel
Alfonso Plazas Vega. Por lo tanto, soy más consciente que nadie de que no son aceptables excepciones del Fuero Penal Militar en el campo de los delitos de lesa humanidad. Una sociedad madura, además, debe ser capaz de cerrar los baches de su historia, aunque sea 25 años después.
Sin embargo, esta condena contra Plazas me deja inquieta.
Cuando la toma del Palacio de Justicia, Colombia, que estrenaba el narcoterrorismo, estaba en pie de guerra pero sin manual contra un enemigo que se asomaba gigantesco.
Y con excepción de dos visionarios personajes de la vida nacional, Alfredo Vásquez Carrizosa y Héctor Abad Gómez, muy pocos más hablaban de derechos humanos, a pesar de que el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU data del 66 y la Convención Americana de Derechos Humanos, del año 69, y que los protocolos de Ginebra se remontan a los años 40.
Desgraciadamente, Colombia no tomó conciencia del enorme valor de este tema frente a su realidad interna sino muchos años después.
Si los derechos humanos hubieran tenido su vigencia de hoy en el mundo y la importancia que han cobrado en Colombia, se cae de su peso que el Ejército habría actuado distinto en el rescate del Palacio, poniendo mayor prelación en la protección de las vidas civiles.
Pero, además, es probable que ni siquiera el M-19 se habría atrevido a tomar civiles de rehenes, que al presente es un acto costoso bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Por eso, hay que hacer un esfuerzo por entender que con los ojos de hoy es imposible ver claramente la realidad de lo ocurrido hace 25 años.
Pero lo que me inquieta no es solo el desfase entre dos épocas. Mediando una pena tan dura como la de 30 años de cárcel, las pruebas contra este hombre no deberían prestarse ni siquiera para la más mínima sospecha de fragilidad.
Pero se prestan. En el expediente, la prueba principal contra Plazas Vega es el escrito de un cabo retirado del Ejército, lleno de irregularidades. Me remito a lo que alega la defensa:
1- Está firmado por un Édgar Villarreal, con cédula que pertenece a un Édgar Villamizar.
2- La firma que lo acompaña tiene un dictamen grafológico de falsedad.
3- En él, Villarreal o Villamizar asegura haber estado presente en los hechos del Palacio. Y a pesar de no pertenecer a la Escuela de Caballería, afirma haber sido testigo de que Plazas dio la orden de torturar y colgar a unos sobrevivientes.
4- Villarreal o Villamizar pertenecía para la época a una unidad del Ejército ubicada en Granada (Meta). Hay por lo menos dos testimonios de sus superiores que aseguran que en los días de la toma se encontraba allí, por lo que difícilmente pudo haber estado al mismo tiempo en Bogotá, en la retoma del Palacio.
5- Asegura la defensa que estas inconsistencias jamás se pudieron discutir con Villamizar o Villarreal durante el proceso de Plazas Vega; nunca fue llamado a declarar dentro de él.
6- Villamizar o Villarreal hace 18 años se separó del servicio militar, para reaparecer ahora a través de un escrito fantasma, grafológicamente falso y lleno de imprecisiones.
Es cierto que por cuenta de los actuales conflictos del Gobierno con la Justicia es inaudito concluir que por parte de los jueces y magistrados pueda haber una estrategia colectiva con la consigna de tirarse al Presidente Uribe.
Pero sí me preocupa que una decisión en recta aplicación de la Ley por parte de la juez que condenó al coronel Plazas se preste para la interpretación de que en el fondo hay una persecución contra el Presidente a través de la yugular de sus Fuerzas Armadas.
Porque entonces, que esta pueda ser una condena frágilmente sustentada y, por lo tanto, desproporcionada deja una duda perturbadora.
¡SE ME OLVIDA! ¿Qué más les puedo decir que gooooool?
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