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EL EXPEDIENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Parte 1 de 2)


Lunes, 01 de noviembre de 2010  DERECHA COLOMBIANA | 
Por William Calderón Zuluaga (*)
Cuando en agosto de 2006 El Espectador publicó una noticia que daba cuenta de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estaba próxima a abrir investigación formal en contra de tres congresistas de Sucre que al parecer habrían tenido nexos con los paramilitares...











El país entero se mostró expectante y esperanzado porque la justicia, al fin, pusiera tras las rejas a los políticos que le habían vendido el alma al diablo o, mejor, a los grupos de autodefensa. Con lo que nadie contaba en ese momento, sin embargo, era que algunos de los jueces de los políticos implicados -léase los magistrados de la Corte- iban a resultar con más cuestionamientos que los propios investigados.


El entonces magistrado de la Sala Penal Álvaro Orlando Pérez Pinzón y uno de sus magistrados auxiliares, Iván Velásquez Gómez, se metieron en la ardua labor de desempolvar y releer los voluminosos expedientes que desde años atrás amenazaban con ser víctimas de las polillas. En efecto, en el año 2001 una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Marcela Roldán Zerda, había compulsado copias para que la Corte Suprema investigara los presuntos vínculos con los paramilitares del senador sucreño Álvaro 'El Gordo' García Romero. La fiscal Roldán había escuchado la declaración de un testigo apodado 'Pitirri' -Jairo Antonio Castillo Peralta-, quien aseguraba saber todo sobre las autodefensas en ese departamento. Pero la verdad es que, en ese momento, en la Corte no había ni la voluntad ni el interés para poner a andar una gran investigación contra la clase política del país. Es más, el magistrado antioqueño Sigifredo Espinosa Pérez alcanzó a elaborar un proyecto de providencia que favorecía con auto inhibitorio al congresista García Romero.





La Corte Suprema de Justicia funciona en Colombia como un partido político samperista





Amparada en un gran respaldo de los medios de comunicación, el 15 de noviembre de 2006 la Corte Suprema ordenó la detención de los congresistas Álvaro García Romero, Erick Morris Taboada y Jairo Merlano Fernández. Y es aquí entonces donde aparece el primer cuestionamiento contra los magistrados de la Sala Penal: ¿por qué con las mismas pruebas que tenían desde 2001, sólo cinco años después se dieron cuenta, por ejemplo, que 'El Gordo' García tenía nexos con los paramilitares de Sucre? Lo que sí es indudable es que en ese noviembre de 2006, nadie se imaginaba que, con el correr de los meses, la Corte tendría el arrojo de llevarse por delante a 70 congresistas (con investigaciones formales y preliminares), quienes en adelante serían conocidos por el país y el mundo como los 'para-políticos'.


Para poder fortalecer sus expedientes, la Sala Penal acudió a un método que tiene tanto de largo como de ancho: darles credibilidad a los testimonios de delincuentes arrepentidos. Aunque es cierto que el conocimiento de los oscuros procedimientos de los paramilitares y sus aliados no estaban ni están al alcance de los colombianos de bien, tampoco se puede negar que los testigos estelares buscados por la Corte Suprema siempre han dejado mucho que desear. Tal es el caso de personajes de la laya de 'Pitirri', Jaime Alberto Pérez Charris o Rafael García Torres -ex jefe de informática del DAS que apareció en los estrados judiciales dispuesto a declarar sobre todo lo que se le preguntara; dicen, incluso, que tiene información sobre los autores intelectuales de los asesinatos de Sucre y Gaitán-. De hecho, la Procuraduría destruyó por completo las aseveraciones que en contra del ex congresista Erick Morris hizo 'Pitirri'. La Corte, sin embargo, no acogió el concepto del Ministerio Público y Morris fue condenado a seis años de cárcel.

El caso Giorgio Sale

Cuando la Corte Suprema de Justicia estaba en lo más alto de su prestigio, y casi todos los medios de comunicación destacaban a sus magistrados como personajes del año de 2006, la revista Semana (noviembre de 2006) hizo pública una conversación entre el entonces presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado José Alfredo Escobar Araújo, y Francisco Javier Obando Mejía, empleado en Colombia del mafioso italiano Giorgio Sale, quien semanas atrás había caído en una redada antimafia adelantada por las autoridades de su país y de Colombia. En el comprometedor diálogo, el hoy convicto Obando Mejía le pedía a Escobar Araújo que hablara con una jueza de Bogotá sobre una tutela en la que estaba interesado un amigo de Giorgio Sale.

A Escobar Araújo, en ese momento, todo el mundo se le vino encima. Con el correr de los días, no obstante, los medios de comunicación empezaron a darse cuenta de que Giorgio Sale era un viejo amigo de los más altos dignatarios de la Rama Judicial del país. Entre ellos, desde luego, estaban muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se descubrió por ejemplo que Sale no salía de los despachos de muchos magistrados. Y lo que era peor aún: el mafioso italiano había sido el anfitrión de cantidad de fiestas (en Barranquilla, Sincelejo y Valledupar, entre otras) a las que asistieron magistrados de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura. Acosado por la prensa, el entonces presidente de la Corte Suprema, magistrado Yesid Ramírez Bastidas, aseguró que las visitas de Sale a la Corte fueron esporádicas, así como los encuentros de los magistrados en los lujosos restaurantes La Enoteca de Bogotá y Barranquilla, que, en realidad, eran de propiedad de Sale y de su jefe, el hoy extraditado narcotraficante y jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

"En la Sala Penal existió un proceso en el cual el ciudadano italiano fue testigo, en cuyo expediente no hubo ningún tipo de interferencias y que fue resuelto el año anterior", explicó un asustado Yesid Ramírez. Se trataba de una investigación en la que tres italianos, amigos de Sale, habían sido acusados por la Fiscalía por el crimen de lavado de activos. Un juez especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá habían absuelto a Brigida Troiano, Roberto Di Giovandomenico y Davide Di Britetto por haber sido sorprendidos con 398.000 dólares cuando ingresaban al aeropuerto Eldorado de la capital de la República.

Con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero, la Sala Penal de la Corte confirmó ambas decisiones y, en consecuencia, los amigos de Sale fueron declarados inocentes (el 27 de junio de 2008, en un documento de denuncia contra algunos magistrados de la Corte Suprema, que fue entregado por él mismo en la Comisión de Acusación de la Cámara, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, aseguró: "Curiosamente, tan sólo 10 meses después, la Sala Penal cambió su jurisprudencia. El 24 de enero de 2007, dentro del proceso 25219, condenó a un ciudadano por el delito de lavado de activos, pese a que los hechos investigados eran idénticos a los que en su momento se imputaron a los ciudadanos italianos (amigos de Sale)". La condena de la que hablaba el Alto Comisionado para la Paz recayó en la persona de Hélmer Augusto Peña Peña, quien el 25 de febrero de 2003, cuando ingresaba a Bogotá procedente de Chile, fue sorprendido con 90.840 dólares que traía escondidos en su chaqueta y su pantalón. Claro, a los magistrados amigos de Sale les era difícil condenar a los socios de quien les costeaba la rumba y la comida).

Pese a la gravedad de las denuncias contra los magistrados -máxime cuando estaba probado que Giorgio Sale hacía parte de la organización de Salvatore Mancuso-, en ese fin de año de 2006 los medios de comunicación y los columnistas de prensa cerraron filas en favor de la Corte Suprema. Algunos magistrados amigos del mafioso italiano, a su vez, se victimizaron con el rebuscado argumento de que los estaban persiguiendo por estar investigando a muchos congresistas dentro del proceso de la 'para-política'. Otros se defendieron diciendo que pudieron haber sido engañados, pero que en todo caso sus actuaciones siempre fueron de buena fe (algo curioso: cada vez que la Sala Penal investiga a alguien, siempre parte del supuesto que tiene en frente a un criminal al que hay que meter a la cárcel). Pero a pesar de esa llave entre la justicia y casi todos los periodistas colombianos, los nexos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia con personajes de dudoso comportamiento irían saliendo a flote lentamente.

Así fue como en febrero de 2007, el entonces semanario El Espectador, en su sección de Alto Turmequé, publicó el siguiente confidencial: "Dejo notificación expresa de mi felicidad por las atenciones y el magnífico deleite de sus servicios. Ojalá que Dios permita perdure tan excelente restaurante (de propiedad de Mancuso). Felicitaciones para Giorgio (Sale)". Se trataba de una nota que el magistrado Yesid Ramírez, el 25 de febrero de 2006, había dejado en el libro de 'visitantes ilustres' del restaurante La Enoteca -sede Barranquilla-, cuyos dueños eran Giorgio Sale y Salvatore Mancuso.

Consultado por El Espectador, el magistrado Ramírez explicó que esa nota fue elaborada durante el Carnaval de Barranquilla cuando un grupo de magistrados de la capital del Atlántico lo invitaron a La Enoteca, y Sale se le arrimó a pedirle ese comentario, a manera de autógrafo. De nuevo, todo el mundo calló en favor de la Corte Suprema. Algo más que entendible porque todo aquel que criticara las conductas de algunos magistrados de la Corte Suprema era tildado de ser enemigo de la investigación de la 'para-política'. Mejor dicho, le estaba haciendo un mandado a los paramilitares y, de paso, al Gobierno de Álvaro Uribe.

Uribe, el objetivo final

El primer incidente entre el Presidente de la República y la Corte Suprema se remonta a septiembre de 2006. La periodista María Isabel Rueda, en la revista Semana, entrevistó al entonces presidente de la Corte, Yesid Ramírez Bastidas, quien aseguró que el recién reelegido presidente Álvaro Uribe Vélez, en el tema de la tutela contra sentencias judiciales, había tomado partido en favor de la Corte Constitucional. De esa institución, Ramírez insinuó que se había convertido en una Corte de bolsillo del Jefe de Estado.

Desde luego que Uribe no se quedó quieto ante el atrevimiento de Ramírez. Lo llamó por teléfono, le exigió respeto a la más alta dignidad de la democracia colombiana y le dijo que él nunca le había prometido nada a la Corte Suprema sobre el tema de la tutela contra sentencias judiciales. A partir de ese momento, las relaciones entre el Gobierno Nacional y la suprema Corte se hicieron difíciles y tensas. Es más, durante los dos últimos años mucha gente en Colombia se ha preguntado: ¿se hubiera metido la Corte Suprema con el escándalo de la 'para-política' de no haberse dado la reelección de Álvaro Uribe Vélez y si éste hubiera promovido una reforma a la justicia para evitar que la Corte Constitucional revisara sentencias judiciales?

Un par de meses después de aquella entrevista de Yesid Ramírez en Semana, arrancó en forma la investigación de la 'para-política' y la Corte Suprema, selectivamente, empezó a llegarles a todos los congresistas cercanos al Gobierno de Álvaro Uribe, quien, respetando la institucionalidad, siempre guardó silencio ante las decisiones de la Corte. No hay duda, por ejemplo, de que al senador Álvaro Araújo Castro la Corte le cayó con todo para poder 'tumbar' a su hermana -María Consuelo- del cargo que ostentaba como ministra de Relaciones Exteriores.

A finales de 2006, en plenos albores de la 'para-política', y cuando la Corte buscaba por cielo y tierra una prueba para enredarlo, Araújo lo había advertido: "El problema no es sólo contra mí; aquí se quieren llevar por delante a mi hermana y el objetivo final será el Presidente de la República", dijo, en una reunión de la coalición uribista. Aunque el tiempo le daría la razón, en ese momento la prensa calificó de desproporcionadas las declaraciones de Araújo. Más tarde, el 27 de marzo de 2007, ya detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, Araújo renunció a su cargo de senador y en carta enviada a la entonces presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, se quejó de que la Corte había asumido hacia él una actitud inquisidora. Se lamentó además de que la Sala Penal manejaba una rara manera de practicar las pruebas en su proceso: las que él pedía, eran negadas; las que ordenaba la Corte, en cambio, se hacían efectivas. Pero seguramente en ese momento de confusión para el país, por la cabeza de Álvaro Uribe Vélez no pasaba la posibilidad de que los nueve magistrados de la Sala Penal querían ir por él, por el Presidente más popular y de mayor acogida en la historia de Colombia.

Eso quedó demostrado cuando, el 8 de octubre de 2007, el presidente Uribe denunció públicamente que integrantes de una comisión de la Corte Suprema habían estado en la cárcel de Itagüí (Antioquia), donde ubicaron a un paramilitar desmovilizado, apodado 'Tasmania' (José Orlando Moncada), al que le habrían prometido esta vida y la otra si a cambio declaraba en contra del Presidente de Colombia y de su primo Mario Uribe Escobar. Esa vez Uribe Vélez, por fin, se le puso al corte a la Corte. Durante 24 horas, Uribe pulsó con la Corte y al final salió airoso, pues al menos logró que los 23 magistrados aceptaran que en Colombia cualquier persona puede ser objeto de una investigación penal o disciplinaria (incluidos los funcionarios de la Corte). En una entrevista con el periodista Yamid Amat, Uribe pronunció fuertes frases, como que el magistrado Yesid Ramírez andaba diciendo por todas partes "que me tiene agarrado".

Tras la denuncia de Uribe Vélez, la investigación por el caso 'Tasmania' la asumió la Fiscalía General. El 13 de junio de 2008, 'Tasmania' aseguró que había sido inducido, por un sujeto conocido como Juan Carlos 'El Tuso' Sierra, para que se inventara la declaración en contra de los funcionarios de la Corte. Casi un  mes y medio después de la retractación de 'Tasmania', el fiscal Mario Iguarán anunció que no había encontrado pruebas para procesar al magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, pues -según dijo- éste no se había extralimitado en sus funciones y todo hacía parte de un montaje urdido por 'Tasmania', su abogado y 'El Tuso' Sierra. Era una decisión cantada toda vez que para nadie es un secreto que Iguarán se convirtió en el fiscal de bolsillo que necesitaba la Corte. Pero es que además hay otra verdad de a puño: ¿qué confianza puede producir un Fiscal que públicamente llora la muerte de su mascota ('Zucarita') y que acude a los consejos de brujos y pitonisas para solucionar sus problemas laborales, personales y familiares? Eso no es serio, sobre todo para un 'estadista' de la talla de Mario Iguarán, quien muy seguramente será candidato a la Presidencia en 2014 (o al menos eso es lo que le dicen al oído sus amigos y subalternos).

Un típico caso del servilismo de Iguarán con la Corte Suprema fue el del hoy ex congresista Mario Uribe Escobar, primo del Presidente. La Corte Suprema le abrió investigación previa por el proceso de la 'para-política'. Uribe Escobar pidió mil veces que lo escucharan en versión libre y espontánea, pero la Corte se negó a su justa petición. Finalmente, el 26 de septiembre de 2007 la Sala Penal optó por llamarlo a indagatoria. Curiosamente, esa decisión de la Corte fue tomada el mismo día que el presidente Álvaro Uribe participaba de la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York. Ese día, tras finalizar su intervención, al Presidente de la República le tocó darles la cara a periodistas de todo el mundo que no hacían otra cosa que preguntarle por su primo Mario y sus presuntos vínculos con los paramilitares. "Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza", dijo Uribe Vélez, en su momento, desde Estados Unidos.  "Ah, eso fue mera coincidencia", dijeron a una sola voz los aduladores de la Corte.

Otra gran 'coincidencia' sucedió el 21 de abril de 2008. Ese día, la revista Semana publicó varios confidenciales que daban cuenta de que se estaba gestando una guerra sucia, promovida por el ex jefe paramilitar apodado 'Macaco' (Carlos Mario Jiménez), para desprestigiar a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. La revista aseguraba que 'Macaco', en venganza por su extradición, estaría poniendo a rodar el cuento de que él y otros jefes de las autodefensas "habrían invertido millonarias sumas de dinero en algunos magistrados de la Corte Suprema, para que, en su momento, apoyaran la elección de Mario Iguarán como Fiscal General". Ese mismo 21 de abril, la Fiscalía de Mario Iguarán ordenó la captura de Mario Uribe dentro del proceso de la 'para-política' (según Semana, de la Corte Suprema le llegaban voces a Iguarán que le decían que "para-política sin Mario Uribe no era para-política"). Los suspicaces podrían pensar que a Iguarán y a algunos magistrados se les ocurrió que una noticia grande se tapa con otra más grande. Pero no: la 'verdad' es que todo fue 'mera coincidencia'.

Claro está que el rumor de que 'Macaco' y otros cabecillas paramilitares habrían hecho una 'vaca' para hacer elegir a Mario Iguarán como Fiscal no era nuevo y corría con fuerza en los corrillos de periodistas, abogados y funcionarios judiciales desde antes de que se hablara de la extradición de 'Macaco'. El periodista Néstor Morales, el 9 de abril de 2008, en su columna en El Nuevo Siglo, así lo insinuó: "¿Qué tiene que ver su extradición -la de 'Macaco'- con las muchas historias que hay sobre, por ejemplo, campañas para elegir a funcionarios de la justicia? (.) También le corresponde a la Corte Suprema de Justicia aclarar la actitud de alguno (s) de sus magistrados ante este señor -'Macaco'-. Las versiones son demasiado graves y preocupantes como para que una institución que encabeza una cruzada moral en el país se deje manchar por el grupo delincuencial que ha dado origen al escándalo". Tanto la Corte Suprema como el fiscal Iguarán salieron a desmentir "esta vil patraña".

Seguramente también fue 'mera coincidencia' el que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiera proferido una sentencia que dejó colgando de un hilo el proceso de paz con los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Eso sucedió en julio de 2007 cuando la Corte, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, determinó que los 19.000 paramilitares rasos desmovilizados no podrían ser procesados por el delito de  sedición sino por concierto para delinquir. El presidente Álvaro Uribe, con razón, salió al ruedo y manifestó que el proceso de paz con las Auc había quedado "herido de muerte", y que seguiría insistiendo en que a los 'paras' se les diera tratamiento de delincuentes políticos. Con esa decisión, la Sala Penal peló el cobre: dejó en claro que para sus magistrados una cosa eran las acciones de la guerrilla y otra muy distinta las de los paramilitares. Qué error: tan delincuentes los unos como los otros.

En enero de 2008 se dio un nuevo 'round' entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. En una entrevista con la periodista Cecilia Orozco Tascón, en El Espectador, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete, aseguró que el 26 de septiembre de 2007, el día en que la Sala Penal llamó a indagatoria a Mario Uribe, el Presidente de la República lo llamó desde Nueva York para exigirle explicaciones por la decisión judicial que afectaba a su primo. No sabía Valencia el lío en que se había metido. Apenas se publicó la entrevista, la Casa de Nariño salió a desmentir a Valencia. La Presidencia de la República sostuvo que el diálogo entre Uribe y Valencia -de aquel 26 de septiembre- sí se había dado, pero advirtió que nunca se mencionaron las palabras "Mario Uribe Escobar". Envalentonado por la defensa que de él hicieron algunos medios de comunicación, el Presidente de la Corte no reculó y reafirmó que el Primer Mandatario sí le había hablado del tema de Mario Uribe Escobar.

Indignado, el presidente Uribe interpuso denuncia en contra del magistrado Valencia Copete ante su juez natural: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Para defenderse de su eventual responsabilidad en delitos como injuria o calumnia, César Julio Valencia se presentó ante la Comisión con tres abogados, algo exagerado y hasta ridículo para faltas tan menores como las denunciadas por el penalista Jaime Lombana Villalba, en representación del Jefe de Estado. Los defensores designados por Valencia fueron los juristas Yesid Reyes Alvarado, Alfredo Beltrán Sierra y Ramiro Bejarano Guzmán, quien, desde su columna en El Espectador, se ha convertido en el más duro crítico de la gestión de Álvaro Uribe. Es muy probable que Valencia hubiera buscado los servicios de abogados tan reconocidos como Reyes, Bejarano y Beltrán para defender las cinco palabras con las que los leguleyos deliran y hasta se vuelven poéticos: ¡La majestad de la justicia!

Aunque al momento de escribir este artículo no se conoce un pronunciamiento de fondo de la Comisión de Acusación sobre el litigio entre Uribe y Valencia, se da como un hecho que el ex presidente de la Corte Suprema la tendrá difícil para demostrar que el Primer Mandatario sí le habló, el 26 de septiembre de 2007, del tema de su primo Mario Uribe. El Presidente de la República dijo tener tres testigos excepcionales sobre la conversación que sostuvo con Valencia Copete. Se trata de la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco; de la ex congresista y embajadora ante Naciones Unidas, Claudia Blum, y de la secretaria privada de la Casa de Nariño, Alicia Arango. El 2 de febrero de 2008, la revista Semana aseguró que había aparecido una cuarta testigo en favor del presidente Uribe: Gabriela Febres Cordero, esposa de Luis Alberto Moreno (presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID), quien también habría estado presente cuando Uribe llamó a Valencia desde Nueva York. Testigos más honorables es difícil encontrar en un proceso judicial. Aquí, por fortuna, no está la Comisión de Acusación de la Cámara ante declarantes de la talla de 'Pitirri' o de Rafael García.

En su desenfrenada carrera por obstaculizar cualquier labor iniciada por el Gobierno, la Corte Suprema se metió también con el tema de la extradición. El 2 de abril de 2008, la Sala Penal dio vía libre a la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo ('Macaco'), pero condicionó su envío a Estados Unidos con un argumento: que el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación estaba por encima de cualquier cosa. Esa extraña postura de la Corte dejó contra la espada y la pared al Gobierno, pues se necesitaban décadas para que un hombre como 'Macaco' dijera toda la verdad sobre su accionar en el paramilitarismo e indemnizara a sus víctimas.

Es decir, los jefes paramilitares, por cuenta de la Corte Suprema, se habían salvado de ser extraditados. Por fortuna, una sentencia de tutela del Consejo Superior de la Judicatura (6 de mayo de 2008) dio el aval para que alias 'Macaco' fuera enviado por el Gobierno de Bogotá a Washington.

Pocos días después (13 de mayo de 2008), el presidente Álvaro Uribe Vélez se dio la pela y acabó con la alcahuetería de mantener más en Colombia a los máximos cabecillas paramilitares. Así, ese día terminaron en cárceles de Estados Unidos hombres como Salvatore Mancuso, 'Don Berna', Hernán Giraldo Serna, 'Jorge 40' y 10 jefes paramilitares más. Uribe, con esa complicada decisión, quería poner punto final a los delitos que los jefes paramilitares seguían cometiendo desde las cárceles colombianas. Así mismo, acabar con las declaraciones que gota a gota venían entregando en los estrados judiciales los ex líderes de las autodefensas y, sobre todo, con esos mensajes amenazadores que provenían desde la cárcel de Itagüí y que decían que iban a declarar contra personas cercanas al Gobierno Nacional.

Un mes después de la extradición de los 14 jefes paramilitares, la Corte Suprema de Justicia tuvo el atrevimiento de enviarle una carta al Presidente de la República en la que le pedía explicaciones sobre por qué tomó la decisión de extraditar a Mancuso y compañía. La respuesta del presidente Uribe no se hizo esperar y, desde Cartagena, dijo con ironía que se estaba preparando para darle una respuesta a la Corte sobre por qué "extradité a 14 arcángeles".

Con razón, pocos días después, el periodista Mauricio Vargas Linares, en su columna del diario El Tiempo, titulada "¿A qué juega la Corte?", escribió: "La copa se desbordó cuando la Corte decidió oponerse a las extradiciones de los 'paras'.

Fue un giro radical a su postura de años de no condicionar esos procesos. Peor aún: dio la impresión de que les daba gusto a Mancuso y sus amigos, que llevaban años tratando de frenar las extradiciones. Y lo hizo justo cuando salieron a la luz los favores que algunos magistrados recibían de oscuros personajes con nexos con Mancuso. Ahora, como para ahondar las sospechas, le envía la sala penal una carta perentoria a Uribe, en la que le pide cuentas por las extradiciones de 14 de los peores criminales de la historia de Colombia. Qué grave error. Le dieron al Presidente el papayazo de decir en Cartagena el viernes: 'Tengo que explicarle a la Corte por qué extradité a 14 arcángeles' ".

Pero la tapa de las intromisiones y abusos de la Corte Suprema con el Gobierno de Uribe estaba por llegar. Todo comenzó con las declaraciones que ante los medios de comunicación entregó la controvertida ex congresista Yidis Medina Padilla, quien aseguró que funcionarios del Gobierno le habían ofrecido prebendas para que cambiara su voto durante el trámite en el Congreso (junio de 2004) del tema de la reelección presidencial inmediata. De ser cierta la versión de Medina, la Corte Suprema estaba investigando una práctica que no es extraña para varios de sus magistrados y que la ley penal conoce como cohecho. El 9 de octubre de 2007, cuando el agarrón con la Corte Suprema por el tema 'Tasmania', el presidente Uribe le dijo al periodista Yamid Amat que sería bueno preguntarle al fiscal Mario Iguarán si tuvo que darles puestos a algunos magistrados a cambio de su voto para elegirlo Fiscal General de la Nación. Qué extraño: una acusación tan grave y los magistrados de la Corte no salieron a desmentirla.

Tras las declaraciones ante la prensa de Yidis Medina, la Sala Penal de la Corte ordenó su arresto. El 30 de abril de 2008, la ex congresista detenida se llevó por delante a medio  equipo de Gobierno. Acusó de haber comprado su voto, y también con su ausencia el del ex representante Teodolindo Avendaño Castellanos, al ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt; al ex ministro del Interior y actual embajador de Colombia en Roma, Sabas Pretelt de la Vega; al ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez Martínez, y también a su sucesor, Bernardo Moreno Villegas. Mejor dicho, ahora sí la Corte Suprema de Justicia tenía ante sí lo que siempre había querido: una investigación para hundir, y por qué no tumbar, a Álvaro Uribe Vélez y a su Gobierno.

El 26 de junio de 2008, la Sala Penal hizo pública la sentencia condenatoria contra la confesa delincuente Yidis Medina. Pero, oh sorpresa, los magistrados le pidieron a la Corte Constitucional revisar la sentencia que este tribunal había proferido y en la que, en 2005, había declarado ajustada a la Carta la ley que avalaba la reelección presidencial inmediata (qué extraño: la Corte Suprema pidiendo revisar una sentencia y las de sus magistrados no las puede tocar nadie). El país estaba ante un abuso de poder de la Corte Suprema que amenazaba con dejar acéfala la institución de la Presidencia de la República. Entonces, una pregunta rondaba por todas partes: ¿qué pasaría si la Corte Constitucional anula la sentencia que dio luz verde a la reelección presidencial inmediata? El 2 julio de 2008, el mismo día que el Ejército logró la liberación de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y de 14 secuestrados más, la Corte Constitucional, enhorabuena, desestimó las pretensiones de la Corte Suprema y consideró como cosa juzgada la sentencia que declaró constitucional la reelección presidencial inmediata. La votación en la Corte Constitucional fue de 8 votos contra 1. Salvó voto, como siempre, el magistrado Jaime Araújo Rentería, un furibundo enemigo de las políticas de Álvaro Uribe Vélez.

Un anfitrión incómodo

La revista Semana, el 27 de abril de 2008, publicó un revelador informe que daba cuenta de un viaje que, entre el 9 y el 11 de junio de 2006, realizaron casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva. El 'paseo' tenía como objetivo homenajear a un hijo de la tierra, Yesid Ramírez Bastidas, quien había sido elegido como presidente del máximo tribunal de la justicia ordinaria de Colombia. Según Semana, los magistrados y sus familiares viajaron a la capital del Huila en dos vuelos chárter (el regreso fue idéntico), que fueron pagados por Ascencio Reyes Serrano, un misterioso personaje, con una inmensa fortuna, que era propietario de un lote en el municipio de Puerto Lleras, Meta. Uno de los copropietarios de ese lote era, además, José María Ortiz Pinilla, un narcotraficante que fue capturado, en diciembre de 2006, con fines de extradición. Es decir, el anfitrión de los magistrados en Neiva era el socio de un extraditable. Y como si lo anterior fuera poco, Ascencio Reyes había sido uno de los invitados de Mario Iguarán cuando, el primero de agosto de 2005, se posesionó como Fiscal General de la Nación.

Varias personas que asistieron al homenaje en Neiva, consultadas por Semana, aseveraron que durante los tres días que duró la rumba no tuvieron que pagar un solo peso. Adicionalmente, una magistrada del Tribunal Superior de Neiva advirtió que ella no sabía quién había pagado el valor de los vuelos chárter entre Bogotá y Neiva y viceversa (21,8 millones de pesos). Ante semejante denuncia, los magistrados de la Corte optaron por chutarles la pelota a los organizadores del evento en la capital del Huila. En otras palabras, pasaron de agache. De nuevo, y como para variar, muchos periodistas salieron en defensa de los magistrados de la suprema Corte, y, de nuevo, con el trillado argumento de que querían hacerles daño por ser los investigadores de la 'para-política'.

El artículo de Semana sobre Ascencio Reyes estaba acompañado de un recuadro que recogía la ampliación de indagatoria que, el 3 de julio de 2007, hizo ante la Fiscalía Francisco Javier Obando Mejía, la mano derecha en Colombia del mafioso italiano Giorgio Sale. Aparte de explicar que los abogados de Sale pertenecían a la oficina del ex fiscal y precandidato presidencial por el Partido Liberal, Alfonso Gómez Méndez, Obando Mejía aseguró: "Vuelvo a las amistades (de Giorgio Sale) con las Altas Cortes, a quienes visitaba con mucha frecuencia y era invitado permanente a las fiestas de aniversarios de las ciudades de donde eran oriundos dichos magistrados. Visitaba el Palacio de Justicia y entraba como en su casa. El restaurante La Enoteca iba a funcionar en el último piso del Palacio de Justicia y el encargado del montaje de restaurantes de La Enoteca hizo varias visitas y se reunió con el arquitecto del Palacio de Justicia para llevar a cabo este proyecto". ¡El   restaurante del Giorgio Sale -un empleado del narcotraficante Salvatore Mancuso- en el edificio de la Corte Suprema de Justicia! ¡Vivir para ver! 

Posteriormente, en El Espectador del 14 de junio de 2008, Obando Mejía, seguramente a petición de alguien, salió a tratar de darles una mano a los amigos y defensores del mafioso italiano. "Giorgio Sale era un hombre carismático y de excelentes relaciones. A sus restaurantes iba la clase dirigente, empresarial y política. Puedo decir que los engañó a todos, incluyendo a sus magistrados amigos Carlos Isaac Náder, Yesid Ramírez y José Alfredo Escobar. Y no sólo a ellos. Siempre me encargué de hablar con el doctor Alfonso Gómez Méndez, el abogado a quien consultábamos, y él tampoco supo quién era Giorgio Sale". Pobres hombres, 'cayeron' por 'ingenuos'.

"La paja en el ojo ajeno"

El 14 de mayo de 2008, Ascencio Reyes rompió su silencio en la revista Cambio. Aseguró que "me enlodan para enlodar a la justicia", y advirtió que detrás de la campaña de desprestigio en su contra estaban dos ex funcionarias de la Fiscalía y una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quienes -según Reyes- se habían reunido con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria "para cuadrar la estrategia de desprestigio". Cinco semanas después, en El Espectador, Ascencio Reyes explicó que era amigo de 'Raymundo y todo el mundo', e individualizó como a sus mejores amigos a directores y ex directores de la Policía; también al actual comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León. Y de los magistrados y ex magistrados de las altas cortes, ni hablar. Según dijo, casi todos eran cercanos a él. Afirmó, igualmente, que no le gustaba mucho la política y que prefería mejor financiarla, como -según dijo- lo hizo con el saliente gobernador del Huila y ex ministro Rodrigo Villalba. En síntesis, Reyes, aparte de alardear con su inmensa fortuna, dijo ser un exitoso empresario al que le gustaba gastarse su dinero en homenajes a sus amigos. 

Pero, el 15 de junio de 2008, la columnista Salud Hernández-Mora, en El Tiempo, le contó al país muchas cosas que aún se desconocían sobre la francachela de junio de 2006 en Neiva. Bajo el título "La paja en el ojo ajeno", Hernández aseguró que los magistrados de la Corte Suprema habían faltado a la verdad, y que pese a la cantidad de disculpas con que quisieron justificar las atenciones que les hizo el polémico Ascencio Reyes, tenía claro de dónde había salido el dinero para pagar los cuatro vuelos chárter y los lujos en un hotel de cinco estrellas en Neiva. 

"(Ascencio) Reyes pagó con un cheque de gerencia de su agencia de viajes los 21'800.000 que costaron los vuelos chárter Bogotá-Neiva. Y de los 11 millones de la factura del Hotel Pacandé donde se alojaron, 9 los canceló el propio Reyes en efectivo y 2 con su tarjeta de crédito". Más adelante, con sarcasmo, la columnista colombo-española recordó que, de todos modos, los magistrados fiesteros también tuvieron que meterse la mano al bolsillo y hacerse cargo de algunos gastos para no hacer tan pesada la carga de un anfitrión de 'las calidades' de Reyes. "Cierto que algunos magistrados se hicieron cargo de parte de sus consumos hoteleros, para qué: Carlos Isaac Náder, por ejemplo, abonó 6.264 pesos. Como también es verdad que a ninguno le dio pena que en la factura del hotel figuraran 4'673.060 pesos del bar y 4'692.084 del minibar que se tomaron a costa de Reyes nuestros sedientos miembros de las honorables cortes". 

Pero tal vez lo más interesante de la columna de Hernández-Mora era la denuncia de un hecho que desde hacía rato corría como rumor por los pasillos del Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de Bogotá: que un magistrado le había recibido un costoso reloj al mafioso Giorgio Sale. "Tampoco encuentro razonable que Yesid Ramírez aceptara el reloj marca Locman que le regaló Giorgio Sale, el socio de Mancuso. Fue en febrero del  2006, en la finca de Eduardo Vargas, que nada tiene que ver en el tema. En la parranda también estaba Carlos Isaac Náder". 

Al día siguiente de tan explosiva columna, dos cosas sucedieron: la primera, que el magistrado Yesid Ramírez expidió un comunicado en el que instaba a cualquier persona a que lo denunciara ante la Comisión de Acusación de la Cámara (su juez natural) si tenía conocimiento de que él había incurrido en alguna conducta dolosa. Aunque no la mencionaba con nombre propio, era claro que Ramírez Bastidas estaba hablando de Salud Hernández y su columna del día anterior en El Tiempo. Era vergonzoso ver a uno de los máximos jueces del país defendiéndose ante la opinión pública como un bribón más. Pero, claro, estaba protegido por su toga y por el silencio de sus 22 compañeros de la Corte Suprema de Justicia. 

El segundo hecho para destacar, en aquel 16 de junio de 2008, sucedió en los medios de comunicación. Cantidad de periodistas y columnistas se le vinieron encima a Salud Hernández-Mora por haber escrito contra los magistrados de la Corte Suprema. Le dijeron, entre muchas otras cosas, que se había dejado utilizar y que le estaba haciendo un mandado al Gobierno. La columnista se defendió con un argumento válido y totalmente periodístico: "El hecho de que apoyemos la Corte, y que nos parezca que está haciendo una buena labor en algunos aspectos, no significa que tengamos que callarnos.". Claro que el tiempo terminaría dándole la razón a la columnista... (sigue en la parte 2)

(*) Abogado y periodista del programa 'La hora de la verdad', de Radio Súper, y Columnista de El Nuevo Siglo

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