13 de marzo del 2011 | Registro | Por: Rafael Nieto Loaiza

Santos y su Ministro trasladan la responsabilidad del Estado a las víctimas.

Nos mordemos la cola, como la serpiente. El presidente Santos, después de rumores de pagos a las Farc tras el secuestro de 23 trabajadores de Talismán en el Vichada, hizo “una advertencia muy clara:

empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos, se va de Colombia”. Como no le es posible echar del país a los nacionales, los medios interpretaron correctamente que Santos quiere expulsar a los extranjeros que paguen extorsiones a grupos armados ilegales.

La propuesta tiene el sano deseo de desestimular el pago a los delincuentes: “no podemos permitir que nadie alimente a esos bandidos que lo único que van a producir con ese dinero es más violencia y más inseguridad”. Y va en la misma línea de lo expresado por su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que en septiembre pasado dijo que “quien pague extorsión será visto como un auxiliador del crimen”.

Ocurre que, sin embargo, las mejores intenciones pueden traer profundas injusticias. Que la idea haya escalado al Jefe de Estado no la hace mejor sino, por el contrario, más preocupante.

Por supuesto que quien pague voluntariamente a la guerrilla o a las bandas criminales debería ir a la cárcel. Es un delito grave financiar grupos armados ilegales y quien lo hace es cómplice del terrorismo. Pero quien pague extorsión de ninguna manera podría ser penalizado o, como propone el Presidente para los extranjeros, expulsado del país. El extorsionado paga no porque quiera, sino porque lo obligan, a riesgo de sufrir mayores daños para él, sus familiares, su libertad y sus bienes.

Santos y su Ministro trasladan la responsabilidad del Estado a las víctimas. La extorsión ocurre porque el Gobierno no consigue neutralizar al extorsionista ni garantizar a las personas extorsionadas, naturales o jurídicas, que sus derechos no sean vulnerados. La extorsión sucede y se paga porque el ciudadano estima que el Estado no puede protegerlo. En la extorsión, por definición, no se paga porque se quiere, sino porque se cree que no hay opción distinta para protegerse de la amenaza criminal.

De manera que penalizar o expulsar al extorsionado supone una doble victimización: el extorsionado es víctima del criminal que lo extorsiona y del Estado que, en lugar de protegerlo, quiere privarlo de su libertad y, si es extranjero, expulsarlo del país.

La propuesta del Presidente supone, además, una discriminación adicional, al tratar de manera desigual y más desfavorable al extranjero. Seguramente desestimulará al inversionista extranjero. Y podría incentivar falsas denuncias por parte de nacionales que quisieran salir de su competidor internacional.

Como si no bastara, alentará la no denuncia del delito: el extorsionado preferirá callar que sufrir la expulsión que le anuncia el Presidente o el proceso penal que le ofrece su Ministro de Defensa. Como resultado, incentivará a los grupos armados a extorsionar porque sabrán que los extorsionados tendrán una razón más para no denunciarlos.

Para rematar, las propuestas del Presidente y su Ministro no tienen ningún fundamento jurídico: ni la Constitución ni la ley permiten lo que proponen.

No sobra recordar que en Colombia la ley no es, gracias a Dios, la palabra del Jefe de Estado.

Y que la Corte Constitucional consideró inconstitucional la norma que proponía sancionar a quien pagara por el secuestro. Las razones son idénticas en el caso de la extorsión.