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Criminales en la universidad

2 de abril de 2011 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna

No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica.
Las relaciones entre el Estado colombiano y sus ciudadanos nunca han sido fáciles. Nuestro Estado tiende al abuso; quienes ejercen el poder, por pequeño que sea, son propensos al despotismo. Se retroalimenta con la manera como los ciudadanos lo enfrentan. En general, los colombianos recurrimos a métodos extorsivos y violentos para protestar: el paro de los transportadores, las tomas de carreteras y el vandalismo de los estudiantes.

Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.

No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.

El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.
Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.

Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.

No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.

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