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Diez razones para una Constituyente

15 de abril de 2011 | OPINIÓN | Por: Jaime Ruiz

La suposición de que el socialismo debe ser una opción vigente podría aplicarse también al canibalismo. ¿Qué es lo que hay por encima de la voluntad de los ciudadanos? Yo lo sé: la autoridad de unas personas que hace unos siglos quemaban gente viva y hoy encarcelan preventivamente a inocentes, al tiempo que los más desvergonzados criminales permanecen impunes.
La situación política colombiana, siempre inestable y al borde del colapso, ha llegado en los últimos meses, tras la deriva chavista del presidente Santos, a una situación límite: el contubernio de los poderes fácticos que rodean al gobierno y alientan su descarada traición a la gente que lo eligió configura ya una dictadura en la que la alianza con las bandas terroristas es innegable (a tal punto que Chávez aparece como un gobernante decente que va a ayudar a combatir el tráfico de drogas) y cualquiera que pueda ser un obstáculo es encarcelado o asesinado. 

La escasa resistencia que encuentra esa dictadura en su afianzamiento consiste en los tímidos "trinos" del ex presidente Uribe en Twitter y en la indignación impotente de sus seguidores, todos impedidos de hacer oposición por miedo a echarse en contra a todos los cargos elegidos o a los nombrados por Santos que, con una indecencia que avergonzaría a las meretrices, colaboran tranquilamente con todos los que fueron derrotados en las urnas y ahora se reparten la tarta burocrática.

Que el infame encarcelamiento de los ex funcionarios del Ministerio de Agricultura tiene por objeto allanar el camino para la persecución del ex ministro Arias y del propio Uribe es algo que proclaman abiertamente los medios, por ejemplo El Espectador en un editorial que grotescamente entusiasmó a los uribistas y en el que se acusa claramente a los jueces de prevaricar sin que nadie piense que esa conducta vaya a ser investigada nunca:

Algunos expertos sugieren que tal proceder de la Fiscalía, además de mediático —de un tiempo para acá los entes de control han adquirido un importante protagonismo político— va encaminado a que los acusados terminen declarando que su accionar estuvo de alguna manera ordenado por un superior. Y, en efecto, sí se espera que los responsables últimos de los desvíos de recursos públicos salgan a la luz y reciban las sanciones merecidas.

El fervor de los partidarios de los futuros presos parece parte de una obra de teatro del absurdo, pero contribuye a la tranquilidad con que los sicarios morales alientan a los "jueces" a llevar adelante su tarea; por ejemplo el consuetudinario profesor de la Universidad Nacional que pedía que hubiera "justicia social" para que las FARC soltaran a Íngrid Betancur sale pidiendo cárcel para quien "definió el 'macabro' AIS"... Tal es la sutileza de ese lamentable adoctrinadero de asesinos.

Mientras la dictadura disfrazada avanza por el rumbo marcado por el mejor amigo del traidor, puede que sin caudillismos pero con la misma inversión de recursos públicos en comprar conciencias y la dedicación de los medios copiosamente incentivados a la propaganda más desvergonzada, los sectores políticos que se identifican con el clamor de la mayoría que eligió a Santos andan dedicados a la nostalgia y a los mohínes de perplejidad. Es difícil explicar hasta qué punto carecen de una visión del país y de lo que ocurre. ¡Todo era tan grato con el caudillo de confianza que ni hacía falta pensar!

La superación de este presente que es en gran medida una visión de horror, con la indudable multiplicación de los crímenes terroristas, los atropellos judiciales, la corrupción, la degradación del lenguaje compartido por la tarea ya indecente de los medios y aun el empeoramiento de la situación económica por las incertidumbres generadas por las aventuras del traidor (como las leyes de víctimas y tierras), tardará mucho o poco, pero tiene que venir de otra energía, de otro proyecto. De la aspiración a una democracia en la que las infamias del engendro de Pablo Escobar se hayan superado. No que todo se vaya a resolver decretando nuevas leyes, sino que la ciudadanía aplica las que hay e impone su voluntad, al tiempo que el marco legal deja de ser el pretexto para la tiranía del hampa.
Voy a enumerar diez razones por las que creo que la tarea principal de los demócratas colombianos en este momento es convocar una Asamblea Constituyente:

1. Porque la Constitución Política vigente es ilegítima. Las sospechas de que detrás de la convocatoria estuviera Pablo Escobar, cuya campaña terrorista pretendía imponer la prohibición de extraditar colombianos al exterior, son muy sólidas. La convocatoria fue un acto de fuerza contra el orden legal vigente y la Asamblea Constituyente fue elegida por mucho menos del 25 % del censo electoral, umbral que la propia Constitución impuso. En el supuesto de que esa norma representara a los colombianos de hoy en día, y no a los previamente aleccionados por los carrobombas del mafioso, con la muy probable colaboración de la organización impulsada por la revista Alternativa, ¿qué problema habría en refrendarla? Los partidarios de mantenerla la legitimarían gracias a la votación que obtendrían. Tras la resistencia a convocarla sólo están autoridades herederas de las proezas de la mafia y los terroristas en los años ochenta, que obran hoy en día como un poder opresor sobre la sociedad, a la que no representan. Insisto, si esto último no es exacto, ¿cuál sería el problema de demostrarlo?

2. Porque la Constitución Política vigente no es democrática. Por desgracia, como complemento de ese orden social opresivo y parasitario, reina la corrupción del lenguaje y entonces ya nadie puede confiar en el sentido de las palabras que se usan. Eso ocurre con "democracia". Como resultado del contubernio de Escobar, el M-19 y el heredero de Galán surgió un orden en el que la autoridad judicial reina más allá de toda evaluación, legisla cada vez que quiere y somete a los otros poderes con lindezas como la prisión preventiva, cosa inconcebible en países civilizados para representantes populares que a la postre resultan inocentes (como es el caso de Carlos García Orjuela). Pero esas camarillas sólo obran en representación de poderes fácticos externos, como las grandes familias dueñas de los medios de comunicación, las organizaciones de traficantes de cocaína y las redes de tinterillos que median entre unas y otras. Baste pensar en la negativa a nombrar fiscal durante un largo periodo del gobierno de Uribe. ¿Se puede dudar de que en esa negligencia había un claro prevaricato? Según las leyes vigentes es inconcebible que ese delito se juzgue, como muchos otros cometidos por las cúpulas judiciales y que todo el mundo conoce. ¿Quién los juzgaría? La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, formada por personas a la vez susceptibles de ser juzgadas y encarceladas con mayor premura por aquellos a quienes juzgaría. El gran ideólogo del régimen, el nunca bien ponderado Felipe Zuleta Lleras lo expresaba claramente en su blog.

Y a Uribe no le va a ir bien en la comisión de absoluciones pues si
fallan a su favor los parlamemtarios quedarían sometidos a que la
Corte los investigue por prevaricadores. Ya se sabe que el #1 sabía todo.

Los próceres de las altas cortes cometen atropellos y se lucran de ellos, pero al final obedecen a una jerarquía tácita que ocupan algunas decenas de personajes como el inverosímil "periodista".

3. Porque la Constitución Política vigente impone un socialismo encubierto que debería ser refrendado o abolido. La retórica sobre los "derechos de segunda generación", presentada como gran avance democrático, es típicamente socialista y su único efecto es concentrar los recursos en manos de las autoridades, sobre todo de las judiciales, que no fueron elegidas sino como resultado de las componendas de Gaviria y los carrobomba de Escobar y sus aliados terroristas relacionados con el Hermano Mayor del actual presidente. Esa concentración de recursos resulta en un gran proveedor, el contribuyente o el ciudadano como titular último de la soberanía y por tanto de las riquezas naturales, y un gran dispensador, la autoridad que reconoce "derechos" a discreción, dando lugar a toda clase de abusos y forzando la definición de las políticas públicas más allá de lo que convendría o los ciudadanos quisieran. Es decir, el poder socialista prescinde por completo de la opinión o la voluntad de los súbditos, a los que halaga por todos los "derechos", que resultan en iniquidades monstruosas, como los mismos sueldos de los magistrados o la discrecionalidad con que se enriquecen impunemente como aliados de toda clase de redes criminales.

4. Porque la noción de "delito político" presente en esa Constitución es la gran baza del terrorismo. En esencia, la Constitución del 91 significó el triunfo del Movimiento Estudiantil Revolucionario, cuyas pretensiones maximalistas se aplazaron tras su derrota militar en los años ochenta. ¿Alguien recuerda algún país en el que la Grundnorm autorice a matar gente para abolirla? En el caso colombiano era necesario porque de otro modo sería ilegítimo que unos asesinos impunes estuvieran dictando las leyes, y porque tras esa imposición estaba la esperanza de conseguir más, una vez legalizado el terrorismo. Un ejemplo, entre muchos, se puede encontrar en el Capítulo 3, Artículo 150, numeral 17 (sobre las funciones del Congreso):

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Entre la formidable generosidad de los constituyentes consigo mismos se incluye la posibilidad de ser congresista o magistrado tras haber matado gente, siempre y cuando se considerara "delito político". De hecho, circula el rumor de que el asesino material de José Raquel Mercado fue magistrado. En cualquier caso podría haberlo sido, según dicha ley. Esa noción, omnipresente en la Constitución del 91, da lugar a una jurisprudencia que es más o menos abierta legitimación y aliento del terrorismo. Como corolario a este punto, conviene recordar que una Constituyente podría prohibir cualquier precio político a las bandas terroristas. Sin ese incentivo tendrán una razón muy poderosa para desistir.

5. Porque es necesario superar la iniquidad de la llamada "acción de tutela". La llamada "acción de tutela", un recurso de amparo que se presenta a cualquier autoridad judicial y que da lugar a actos ejecutivos que pasan por encima de cualquier norma, pronto fue interpretada como medio de aplicar los "derechos de segunda generación". Eso ha dado lugar a infinidad de abusos, gracias a los cuales las corruptelas más atroces ocurren en las narices de todos sin que haya ningún recurso legal válido para impedirlo. El resultado en definitiva es una institución antidemocrática, en la que los recursos terminan estando a disposición de ciertos funcionarios, que sólo tienen que mencionar algún "derecho fundamental" para conseguir lo que quieran para sus clientelas. Es un socialismo de rateros, que complace a los grupos influyentes pero funciona a costa del bienestar de la mayoría.

6. Porque el resultado de dicho socialismo es la perpetuación de un orden de castas incompatible con una sociedad democrática. Gracias a muchas disposiciones del engendro de Pablo Escobar, pero sobre todo a la "acción de tutela", se genera una clase de personas relacionadas con funcionarios judiciales, con abogados o con otros grupos privilegiados de la sociedad que pueden hacer efectivos sus "derechos" gracias a resoluciones que no necesitan más sustento legal que la voluntad del juez. Eso sencillamente es la perpetuación del viejo orden de castas, disfrazado de retórica "progresista". En ningún país civilizado ocurre nada parecido, ni remotamente.

7. Porque el país es inviable mientras esté sometido al capricho o al interés mezquino de las autoridades judiciales herederas de los carrobomba de Pablo Escobar. Dichas autoridades pueden en cualquier momento hacer fracasar las políticas económicas elegidas por los ciudadanos, y de hecho lo hacen a menudo. ¿Qué es lo que pretenden? Sería bueno saberlo, pero la pretensión de que se equivocan por no tener conocimientos de economía es penosamente ridícula. Podrían consultar a algún estudiante desempleado para que los asesorara. Viene a ser como condenar los tajos de Alfredo Garavito por su falta de conocimientos de cirugía. Conocer las motivaciones de las camarillas de magistrados es difícil, pero ¿por qué tienen que estar los ciudadanos sometidos a dichas resoluciones? Cuando dichas camarillas se arrogan el poder de legislar y aun ordenar políticas públicas, se está ante una dictadura en la que no hay la menor noción de división de poderes. Otra cosa es que dichas realidades complazcan a un statu quo que monopoliza los medios y los recursos, a costa precisamente de mantener al país en el atraso.

8. Porque las políticas que apoyan los colombianos de forma ampliamente mayoritaria de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social necesitan ser políticas de Estado y no estar sometidas al capricho de cada funcionario. Debido a la existencia de una facción totalitaria, en últimas representante del antiguo esclavismo y del antiguo orden de castas, es completamente normal que el ordenamiento legal vigente dé lugar a toda clase de actuaciones políticas o político-judiciales que echan a perder el esfuerzo que hizo el gobierno anterior con apoyo de la inmensa mayoría por hacer un país viable. Si de algún modo los futuros gobernantes deben estar condicionados por esa determinación ciudadana mayoritaria, ¿por qué no buscar que eso ocurra? La suposición de que el socialismo debe ser una opción vigente podría aplicarse también al canibalismo. ¿Qué es lo que hay por encima de la voluntad de los ciudadanos? Yo lo sé: la autoridad de unas personas que hace unos siglos quemaban gente viva y hoy encarcelan preventivamente a inocentes, al tiempo que los más desvergonzados criminales permanecen impunes.

9. Porque debe haber una autoridad judicial legítima que juzgue los patentes prevaricatos de las actuales. El efecto del engendro de Pablo es la ausencia de legalidad, dado que ciertos funcionarios están por encima de la ley, como ya expliqué antes. Una Asamblea Constituyente debería nombrar un órgano que evaluara todas esas conductas en aplicación de la ley escrita vigente. Es decir, una cosa es que las trampas introducidas por Pablo Escobar, los asesinos del M-19 y sus mentores en 1991 hagan imposible juzgar el prevaricato judicial y otra que no haya leyes que lo describan. En ese mismo orden, una autoridad legítima evaluaría los procesos por "parapolítica" y sobre todo los casos patentes de colaboración con las bandas terroristas, como el famoso de la ex senadora Piedad Córdoba.

10. Porque la mayoría que anhela vivir en un país democrático necesita una tarea y un proyecto que impida la consolidación de una tiranía encubierta que cada vez se asemeja más al régimen venezolano. Como ya he explicado, el "uribismo" se debate entre la nostalgia, la resignación y la desesperación, a la espera de que las cuentas de su caudillo le permitan apartarse de los partidos que sostienen a Santos y que ganaron las elecciones legislativas de 2010 como representantes de la continuidad. Si los sectores más conscientes y activos de esa mayoría se plantean superar la tragedia de la inexistencia de leyes, de la tiranía de los jueces, de la iniquidad rampante, de la mentira obligatoria a toda hora en los medios, etc., es posible plantearse una movilización democrática. De otro modo, como ya lo expliqué hace unas semanas, el futuro del uribismo es el de la Anapo.

No importa mucho que sean las ocurrencias de una persona irrelevante: todo cuanto se hace en este mundo empieza siendo un sueño. En todo caso, me gustaría que al menos lo planteado aquí hiciera pensar a quienes se preocupan por el rumbo espantoso que está tomando el país, como si no fuera ya trágico.

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