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En defensa del fuero militar

15  de abril de 2011 | EDITORIAL | Por: El Mundo - Medellín
 Al hablar ante la comisión senatorial, el general Navas reconoció lo que estaba de bulto en las denuncias de la prensa: “Aquí hubo corrupción… El reglamento penitenciario se estaba incumpliendo y se está investigando”.

Para ello, se abrieron tres investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, y se iniciaron investigaciones penales.

Nadie le niega a la revista Semana el mérito de sus denuncias sobre las graves irregularidades cometidas en el centro de reclusión militar de Tolemaida, que dieron pie a investigaciones disciplinarias y a la adopción de medidas correctivas en marcha, lo mismo que a un oportuno debate de control político en la Comisión 2ª del Senado sobre las responsabilidades del Gobierno y del alto mando de las FFMM en el tema. 

Pero, francamente, nos parece sensacionalista, desconsiderado e irrespetuoso con una de las instituciones más caras a los colombianos, descalificar la exposición del comandante del Ejército en ese debate, diciendo que se trató de una “defensa con uñas y dientes del fuero militar”.

La Constitución de 1991 establece en su artículo 221 que los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, solamente son juzgados por las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. La Justicia Penal Militar y el vapuleado “fuero militar” que de ella se desprende, son instituciones que existen en casi todos los países desarrollados, con excepciones como Francia, Alemania y Suecia, que no la consideran necesaria por vivir en tiempos de paz.

Pero ningún país en estado de conflicto – como explica el Brigadier General (r) José Arturo Camelo Piñeros, ex-director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar y Miembro Activo del Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar – prescinde de una justicia especializada en juzgar y castigar las conductas delictivas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente con ello, de garantizar la existencia de establecimientos especiales de reclusión para ellos.

El fuero militar es una garantía constitucional y no un privilegio o una prerrogativa, tras de la cual estaría la llamada “solidaridad de cuerpo” para favorecer la impunidad de las faltas cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas, que ha sido de mucho tiempo atrás el caballito de batalla de la extrema izquierda y algunas ONG de derechos humanos que no ocultan su animadversión por el Ejército. 

En el debate de marras, el senador del Polo Democrático, Camilo Romero, con evidente oportunismo quiso desviar el objetivo del mismo, que era esencialmente conocer del Gobierno y del comando de las FFMM las medidas adoptadas para corregir las irregularidades y violaciones al régimen penitenciario en Tolemaida, para pedir la renuncia del ministro de Defensa y proponer el exabrupto de que, para poner freno a los excesos, los militares condenados por graves delitos fueran llevados a pabellones especiales en cárceles comunes, bajo vigilancia y control de instituciones civiles.

Como era un ataque al fuero militar y una implícita acusación al Ejército de ineptitud para imponer disciplina y ejercer el debido control en esos centros, el general Alejandro Navas lo tomó con razón como un asunto de honor y tras reconocer las fallas y asumir la responsabilidad de corregirlas, dijo que “el Ejército no se aparta de la ley, y los militares caídos en desgracia, que no estuvieron a la altura de su uniforme, no pueden convivir en las mismas cárceles con los criminales a quienes la institución ha combatido”.

Nosotros estamos plenamente de acuerdo en que las personas que exponen su vida al servicio de la nación y del pueblo colombiano merecen una altísima consideración y en que, incluso aquellas que se desvían del buen camino y traicionan el uniforme, sin privilegios ni tratos excluyentes, deben recibir el condigno castigo en una cárcel especial, donde estén a salvo de sus eventuales enemigos por el hecho de haber sido los combatientes de los transgresores de la ley.

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