21 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Paloma Valencia Laserna
Determinar si la justicia está politizada podría ser un debate hondo y difícil, al menos debería serlo; pero hay varios hechos que muestran sin dificultad que el fenómeno está apareciendo en Colombia.
La politización y la condena de inocentes
es algo que el sistema no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por
encima está el deber de construir un Estado y una democracia para Colombia.
No se trata de un hecho local; en varios países la justicia ha
empezado a exhibir un factor político que para unos estabiliza y para otros
hace lo contrario. Creo que el debate debe –él mismo- despolitizarse. Evaluar
si la situación actual -las decisiones politizadas- son buenas o malas; se
resuelve con la postura política de quien lo mide; se trataría de subir a un
nivel de abstracción más alto y considerar filosóficamente si conviene a una
democracia que la justicia tenga decisiones cargadas políticamente.
La justicia debería intentar decisiones justas e imparciales. Sin embargo, cuando analizamos el proceso de todo juzgamiento vemos que, por un lado, el juez tiene un sentido de justicia enmarcado –y no definido- por las leyes y que en esa medida, sus decisiones son primero viscerales y luego se soportan en la normativa. Conviene, entonces, pensar si las nociones de justicia pueden ser independientes de las convicciones políticas. Soy de la opinión de que muchas veces no es posible diferenciarlas; la justicia viene amarrada a la educación; más aún la valoración de los hechos históricos y de sus consecuencias está anclada en las posturas ideológicas. En esa medida, casi ninguna decisión podría estar exenta de una valoración política. Sin embargo, hay un tema de gradualidad en el asunto que no podemos desconocer. Una cosa es que yo considere justo castigar un militar por una violación de derechos humanos y otra distinta que yo presuma que todos los militares violan los derechos humanos; Peor aún, que yo tenga una agenda política e intencionalmente utilice mis fallos judiciales para imponerla.
No es aceptable que la ley se aplique selectivamente y sólo se persiga a unos, escogidos por su postura política. No conviene que de la rama judicial se pase a la política o viceversa. No es deseable que los delincuentes utilicen a la jurisdicción para cobrar sus venganzas personales. No es justo que algunos militares inocentes paguen por el sólo hecho de estar en las FF.AA. Tampoco es aceptable que los Fiscales utilicen el principio de oportunidad para tejer entramados novelados y perseguir a algunos ciudadanos. No hay justicia cuando esto pasa. Estos síntomas son el resultado de una enfermedad que puede ser terminal para un Estado de Derecho y para una democracia.
Las dolencias avanzan y entonces, el problema de la politización de la justicia genera un caos mayúsculo que los culpables utilizan para camuflarse. Si ya no hay confianza en las decisiones judiciales incluso aquellos fallos donde un culpable ha sido condenado empiezan a quedar en entredicho. Los culpables se confunden con los inocentes y la posibilidad de administrar justicia disminuye hasta el punto en que la sociedad repele el sistema judicial. ¿Estamos cerca de que algo así pase? Sería lamentable y destruiría la institucionalidad que tanto nos ha costado construir.
No importa que los casos sean pocos o muchos, la politización y la condena de inocentes es algo que el sistema no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de construir un Estado y una democracia para Colombia. Hay que atender estos signos de alerta y unirnos como país para evaluar sin pasiones lo que está sucediendo. La rama jurisdiccional es uno de los pilares que justifica y legitima el Estado, su mal funcionamiento puede destruirlo todo. Hay mucho para pensar: el caso del Comisionado de Paz Restrepo acusado hasta de fabricar armas y las declaraciones de Saldaña diciendo que él lo engaño y que está presionado para mentir. El caso de los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la cárcel o en procesos por hechos que son usuales en la administración pública. Lo que ha sucedido con Baltasar Garzón condenado en España y respaldado por el Gobierno colombiano. El que haya más militares en la cárcel que guerrilleros. Un fallo que condena al Ejército sin que haya sido parte en el proceso. Magistrados dejan esa labor para iniciar carreras políticas; peor aún, que pasen de ser políticos beligerantes a jueces imparciales con un nombramiento; como que uno de los dos Magistrados ponentes del fallo que condena a Plazas Vega que fue militante activo –candidato a la Cámara de Representantes- por la izquierda y luego falla sobre un caso en el que debería estar inhabilitado.
La justicia debería intentar decisiones justas e imparciales. Sin embargo, cuando analizamos el proceso de todo juzgamiento vemos que, por un lado, el juez tiene un sentido de justicia enmarcado –y no definido- por las leyes y que en esa medida, sus decisiones son primero viscerales y luego se soportan en la normativa. Conviene, entonces, pensar si las nociones de justicia pueden ser independientes de las convicciones políticas. Soy de la opinión de que muchas veces no es posible diferenciarlas; la justicia viene amarrada a la educación; más aún la valoración de los hechos históricos y de sus consecuencias está anclada en las posturas ideológicas. En esa medida, casi ninguna decisión podría estar exenta de una valoración política. Sin embargo, hay un tema de gradualidad en el asunto que no podemos desconocer. Una cosa es que yo considere justo castigar un militar por una violación de derechos humanos y otra distinta que yo presuma que todos los militares violan los derechos humanos; Peor aún, que yo tenga una agenda política e intencionalmente utilice mis fallos judiciales para imponerla.
No es aceptable que la ley se aplique selectivamente y sólo se persiga a unos, escogidos por su postura política. No conviene que de la rama judicial se pase a la política o viceversa. No es deseable que los delincuentes utilicen a la jurisdicción para cobrar sus venganzas personales. No es justo que algunos militares inocentes paguen por el sólo hecho de estar en las FF.AA. Tampoco es aceptable que los Fiscales utilicen el principio de oportunidad para tejer entramados novelados y perseguir a algunos ciudadanos. No hay justicia cuando esto pasa. Estos síntomas son el resultado de una enfermedad que puede ser terminal para un Estado de Derecho y para una democracia.
Las dolencias avanzan y entonces, el problema de la politización de la justicia genera un caos mayúsculo que los culpables utilizan para camuflarse. Si ya no hay confianza en las decisiones judiciales incluso aquellos fallos donde un culpable ha sido condenado empiezan a quedar en entredicho. Los culpables se confunden con los inocentes y la posibilidad de administrar justicia disminuye hasta el punto en que la sociedad repele el sistema judicial. ¿Estamos cerca de que algo así pase? Sería lamentable y destruiría la institucionalidad que tanto nos ha costado construir.
No importa que los casos sean pocos o muchos, la politización y la condena de inocentes es algo que el sistema no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de construir un Estado y una democracia para Colombia. Hay que atender estos signos de alerta y unirnos como país para evaluar sin pasiones lo que está sucediendo. La rama jurisdiccional es uno de los pilares que justifica y legitima el Estado, su mal funcionamiento puede destruirlo todo. Hay mucho para pensar: el caso del Comisionado de Paz Restrepo acusado hasta de fabricar armas y las declaraciones de Saldaña diciendo que él lo engaño y que está presionado para mentir. El caso de los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la cárcel o en procesos por hechos que son usuales en la administración pública. Lo que ha sucedido con Baltasar Garzón condenado en España y respaldado por el Gobierno colombiano. El que haya más militares en la cárcel que guerrilleros. Un fallo que condena al Ejército sin que haya sido parte en el proceso. Magistrados dejan esa labor para iniciar carreras políticas; peor aún, que pasen de ser políticos beligerantes a jueces imparciales con un nombramiento; como que uno de los dos Magistrados ponentes del fallo que condena a Plazas Vega que fue militante activo –candidato a la Cámara de Representantes- por la izquierda y luego falla sobre un caso en el que debería estar inhabilitado.
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