Y todavía hay quienes se atreven a decir que no es prevaricadora crónica. - Las deudas de la Corte Suprema ~ La Otra Mitad de las Verdades a Medias

Se ajusta un año sin que haya podido elegir Fiscal General ni presidente o candidato a la Contraloría.

El próximo domingo se cumple un año sin Fiscal titular en la Fiscalía. Desde el 1º de agosto de 2009 ese papel lo ha venido cumpliendo, en calidad de encargado, Guillermo Mendoza Diago. Sin entrar a evaluar su gestión, el enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Presidente se convirtió en un novelón
sin fin que tiene desbarajustada la institucionalidad de Colombia. Por muy avinagradas que estuvieran las relaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, juristas, académicos y políticos coinciden en que es un despropósito ajustar un año sin Fiscal en propiedad.

Del lado del Jefe de Estado se arguye que se ha cumplido con la ley, que a tiempo se presentó la terna para elegir al sucesor de Mario Iguarán; que se aceptó modificarla para superar la calificación de “inviable” que le dio la Corte porque no había penalistas y, finalmente, se reconfiguró una segunda terna (integrada por Marco Velilla, Margarita Cabello y Jorge Aníbal Gómez) que lleva meses en esa espiral de votaciones sin que ninguno alcance una mayoría de 16 votos. En la Casa de Nariño advierten que los candidatos cumplen a cabalidad los requisitos exigidos y que en manos de la Corte está que la interinidad de Mendoza se hubiera prolongado tanto.

En el alto tribunal la discusión es menos uniforme. Fuentes de la Corte consultadas lo dicen sin tapujos: por muchos méritos o experiencia, se cuestiona la independencia de los ternados, en particular en casos neurálgicos que deberá resolver si es elegido: las investigaciones de la parapolítica, yidispolítica, los falsos positivos, las ‘chuzadas’ y el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro. Unos siete magistrados conforman un ala radical que hizo lo posible por dilatar las discusiones y votaciones para esperar si el nuevo Presidente buscaba escenarios de entendimiento y quizá hasta modificara la terna enviada por el gobierno Uribe.

En el encuentro que sostuvieron magistrados de la Corte con el nuevo mandatario Juan Manuel Santos, hace casi un mes, esa puerta quedó prácticamente cerrada. Pero ad portas de asumir la jefatura del Estado se empiezan a oír rumores sobre un inminente cambio en la terna a la Fiscalía, se dice que suena como carta santista el nombre del ex magistrado Fernando Arboleda. La suerte de especulaciones indica que los candidatos de Uribe a la Fiscalía presentarían su renuncia protocolaria antes de que culmine su mandato, liberarían a Santos de ese ‘chicharrón’ y le darían mayor margen de maniobra.

La elección del Fiscal no ha sido la única imposible en la Corte. Tampoco ha escogido a su presidente titular —el magistrado Jaime Arrubla obra como encargado desde febrero— ni la vacante que existe en la Sala Laboral desde hace más de un año. Es decir, apenas 22 magistrados integran hoy la Corte. Y como si fuera poco, tampoco se ha puesto de acuerdo la Sala Plena en el nombre que tiene que enviar al Congreso para completar la terna a la Contraloría General. El Consejo de Estado ya candidatizó a Sandra Morelli y la Corte Constitucional hizo lo propio con Alberto Rojas, pero en la Corte el consenso no existe.

Un magistrado consultado por este diario resumió así la fragmentación en el alto tribunal: “Cuando nos dedicamos a lo nuestro, que es dictar sentencias o seguir investigaciones como la parapolítica, no tenemos problemas. Pero al tener facultades de ternar candidatos a la Procuraduría o Contraloría, o elegir al Fiscal General, se terminan colando intereses políticos. Lo mejor que podría pasarnos es que se eliminaran esas facultades y nos dedicáramos solamente al ejercicio de impartir justicia”.

En octubre próximo cuatro magistrados terminan período y algunos esperan que con su salida se reposen las cargas y se disminuyan los enfrentamientos. Es casi un hecho que Jaime Arrubla terminará su año como presidente con el molesto paréntesis de ‘encargado’. En esa línea se advierte que su competencia por la designación, el magistrado Pedro Munar, tiene 10 votos fijos e inamovibles.

Un ala ortodoxa de la Corte viene insistiendo en que hay que despolitizar sus funciones y en últimas dedicarse sólo a lo que sabe: juzgar.

Sin desconocer su labor de desentrañar los nexos del paramilitarismo y otros grupos ilegales con la clase política, la Corte tiene una deuda con el país. Sin fiscal a la vista, sin un presidente en propiedad, sin una magistrada en la Sala Laboral, sin un candidato a suceder a Julio César Turbay en la Contraloría y a menos de tres meses de que cuatro magistrados se vayan, la división impera en el seno de la corporación.