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El calor no está en las sábanas

27 de marzo del 2011 | COLUMNA | Por: Rafael Nieto Loaiza

Separar los dos ministerios tendrá muchos beneficios: la Justicia tendrá una voz independiente en el Gabinete y, en consecuencia, mejor representación de sus intereses
El Congreso autorizó al presidente Santos a emprender una nueva reforma a la estructura de la administración pública. No será esta una gran reforma, como la que hizo Uribe, que en los ocho años de gobierno cerró 62 entidades de la Rama Ejecutiva, rediseñó y renovó 182 e intervino 39 más de servicios públicos. Esa reforma, impecablemente coordinada por Claudia Jiménez, una formidable funcionaria a quien no se ha hecho el reconocimiento que merece, le ahorró al Estado $25,5 b billones, algo más de la mitad de lo que podría costar la ley de víctimas. Un montón de dinero. ¿Alguien se acuerda de los nombres de esas entidades liquidadas? Nadie. Prueba de que sobraban. 

Con todo, la tarea fue insuficiente y hubo errores. La ley le permitirá a Santos enmendarlos y profundizar. La liquidación del DAS y la formación de una agencia de inteligencia y contrainteligencia son necesarias, como lo es también la creación de una dedicada a la defensa jurídica de la Nación, idea que sugerimos hace ya ocho años desde el Viceministerio de Justicia. Y sin duda resulta indispensable la separación de los ministerios de Interior y Justicia, propuesta que, por cierto, ya había introducido el gobierno anterior, prueba de su reconocimiento de que en ese punto se había equivocado. 

Separar los dos ministerios tendrá muchos beneficios: la Justicia tendrá una voz independiente en el Gabinete y, en consecuencia, mejor representación de sus intereses; el Gobierno contará con un interlocutor de alto nivel con las altas Cortes, ahora que hay tanta prevención en la relación con la Suprema; habrá un ministro dedicado única y exclusivamente a los desafíos de la administración de Justicia y a la generación de una adecuada política criminal; los asuntos de la Justicia dejarán de estar supeditados a las prioridades de la política; no habrá nunca más un ministro de Justicia que no sea abogado, como aquel economista que, para rematar, en su arrogancia pretendía saber de leyes sin haber tocado nunca un código. 

Pero se equivocan quienes creen que la reforma que emprenderá la administración Santos y el nuevo Ministerio de Justicia resolverán los problemas de corrupción o los de la administración de Justicia. Sin duda, a veces la plaga está tan incrustada en la entidad que no queda sino liquidarla. Fue el caso del ISS, de Telecom o de Etesa y lo son el DAS, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Invías. Y quizás el Inco, a pesar de su nueva directora, María Inés Agudelo, valiente y muy capaz. No basta con cambiar la cabeza si de ahí para abajo hay tantos gusanos. 

Por supuesto, el objetivo de atacar la corrupción tendrá aún menos posibilidades de éxito si, como dijo el Ministro del Interior, “los afectados serán reubicados o reincorporados”. Es un contrasentido. ¿Me pueden explicar cómo se lucha contra la corrupción si se mantiene la misma gente que trabajaba en las entidades que, según el Gobierno, deben ser reestructuradas por problemas de corrupción? ¿Acaso la corrupta es la entidad, la persona jurídica formal, y no quienes trabajan en ella? Aquí el Ministro acusa del mal de tantos que creen que la solución está en cambiar la forma o la norma y no las prácticas corruptas, la cultura de la ilegalidad y del dinero fácil, el burócrata que sólo entra a la administración pública a lucrarse y desangrar las arcas del Estado.

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