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¿Qué hizo Uribe para que las mayorías lo sigan respaldando?

28 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por: Paloma Valencia Laserna

Sobre el gobierno del expresidente Uribe se dice mucho; pero hasta sus adversarios tienen que admitir que se alcanzaron al menos tres cosas: la seguridad democrática, un proceso de paz con los paramilitares y voz para la provincia.

La crítica sostiene que la seguridad democrática tuvo más efectos negativos que positivos, para ello citan el desplazamiento, las presiones de grupos terroristas, los excesos del ejercito entre otros; parece que olvidan que cuando se posesionó Uribe todo aquello estaba pasando y más: 25 alcaldes habían sido asesinados, la mayoría por la guerrilla; 55 despachaban por fuera de su municipio por amenazas, 300 municipios azotados por ataques guerrilleros estaban sin policía. Los secuestros eran diarios, la extorsión y el miedo eran habituales.

La primera obligación del Estado es garantizar la vida y honra de los ciudadanos. Eso significa que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza. En los Estados modernos este orden está dado, por lo cual el ejercicio de la fuerza estatal se circunscribe a casos aislados. En Colombia existe la necesidad de recuperar ese monopolio, hacerlo exige un despliegue de fuerza. Reconquistar el territorio, luchar contra grupos terroristas no es fácil, y se necesita el sacrificio de héroes anónimos. Un primer momento puede incrementar los conflictos, pero el esfuerzo por recobrar el monopolio de la fuerza es un paso sin el cual ningún Estado puede cumplir las demás funciones ni consolidar la democracia; es el fundamento mismo de su existencia. Por supuesto debe hacerse dentro de los límites de la legalidad; y por eso Uribe fue radical con aquellos miembros de las FF.AA. que se excedieron. No se trata –como dicen algunos- de poder salir a pasear en el carro; la seguridad democrática le devolvió a la mayoría de los colombianos la posibilidad de vivir donde viven y sentirse protegidos por el Estado. Es el reconocimiento mínimo que el Estado puede hacerle a sus ciudadanos. Es un proceso que se inició y que debe mantenerse.

En la negociación con los Paras el Estado logró lo que era impensable: que un grupo armado, victorioso, rico, con gran poder de destrucción y maldad; entregara sus armas, se redujera a prisión y se comprometiera a entregar sus bienes y confesar la verdad. Logros que contrastan con las desmovilizaciones tradicionales; vale mencionar una sola, la de la Corporación Nuevo Arco Iris antigua CRS -que tan en boga está: los guerrilleros recibieron sueldo, ayudas en vivienda, educación, capacitación, seguridad y más y más dinero y finalmente conciliaron por otros $2.847 millones de pesos y sus miembros hoy dictan cátedra sobre moralidad. Mientras tanto, los Paras están presos, la mayoría de sus bienes están incautados, y las confesiones, aunque lentas, se están dando; esto es irrefutable.

Finalmente los Consejos Comunitarios son para la crítica una forma de desinstitucionalizar el país, pues rompen las jerarquías con las que se organiza la burocracia. Por el contrario, aquella novedosa forma de gobierno puede entenderse como un mecanismo para que la provincia y los ciudadanos del común recuperaran la capacidad de aproximarse al Estado y ser atendidos. La estructura burocrática colombiana ha sido despótica en su relación con los ciudadanos y en general tiene las puertas cerradas y no está dispuesta ni a oír. Este proceso de acercamiento fortaleció a las autoridades locales quienes volvieron a tener vocería frente al gobierno central y los técnicos, antes sordos y apáticos, tuvieron que aceptar la importancia de las realidades externas que conocen los representantes democráticos.

Si sólo este fuera su legado, sería ya suficiente para explicar la gratitud que las mayorías colombianas le profesan, y debería constituir al menos una razón para que sus detractores respeten gestas que si bien no son perfectas ni completas, son avances más que significativos para el país.

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