17 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: FRANCISCO SANTOS CALDERON
Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan.
Si bien
hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de
la reforma.
Precisamente cuando
el Consejo de Estado nos sorprende con una decisión jurídica que ya nadie creía
posible dada la politización y mediatización de la justicia, esta semana los
magistrados deshicieron con el codo lo que arreglaban con la mano.
Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan. Todo alrededor de que respondan por sus actos. En dos escenarios, la reforma a la justicia y la investigación de la Contraloría por el carrusel de pensiones.
Que se premia a los malos y se castiga a los buenos, dijo uno. Que es una revancha del Congreso, dijo otro. Que si no es por la Corte Suprema, Mancuso y Jorge 40 hoy serían ministros de Estado, afirmó uno más. Que se quiere recortar el poder de la única rama que hoy no controla el Gobierno, llegaron a decir. O que los ataques a las cortes son más peligrosos que los de 50 años de ataques de la guerrilla.
¿Se imaginan si un congresista, para no hablar de un ministro o un Presidente, dijera algo similar sobre un fallo? El escándalo mediático, político y jurídico sería grande. Pero no, cuando hay despropósitos de Justicia como los de esta semana, la reacción es casi nula. Y la razón es una: a las altas Cortes nadie las ronda, ante nadie rinden cuentas (bueno, sí, la comisión de absoluciones) e intimidan con fallos o pronunciamientos a funcionarios, como sucedió con la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General.
Las altas Cortes no quieren ningún control. Quieren carta blanca para regalar pensiones millonarias a amigos o familiares. La quieren para, impunemente, coartar funciones del Ejecutivo como el de nominación, lo que sucedió con las dos ternas para la Fiscalía que envió Uribe. Quieren carta blanca para recibir costosos regalos de quienes acaban en la cárcel, sin que pase nada. Y podría continuar con la lista de abusos de unas Cortes desmadradas que rompen la institucionalidad sin que nada las frene.
El gobierno Santos le abrió a las Cortes todas las puertas para participar en la reforma de la justicia y como no se les dio gusto se retiraron del proceso. Ahora atacan con todas las cargas de profundidad posibles.
Esta reforma no es buena. No va al fondo de la crisis de la Justicia y no resuelve el acceso, la seguridad jurídica o las garantías. No elimina lo que la politiza, las nominaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, no controla los cambios repentinos e injustificados de jurisprudencia ni crea un organismo serio de control penal, disciplinario o fiscal. Pero que no sea buena no justifica esa oposición cerrada a reforma alguna, como lo expresó con gran frustración Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La pregunta ahora no es cómo se le pone el cascabel al gato sino cuándo. Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma. Agotadas todas las oportunidades, como se ha visto, es hora de abrir nuevas opciones como hizo Virgilio Barco al final de su mandato en respuesta a la sinsalida del narcoterrorismo.
Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan. Todo alrededor de que respondan por sus actos. En dos escenarios, la reforma a la justicia y la investigación de la Contraloría por el carrusel de pensiones.
Que se premia a los malos y se castiga a los buenos, dijo uno. Que es una revancha del Congreso, dijo otro. Que si no es por la Corte Suprema, Mancuso y Jorge 40 hoy serían ministros de Estado, afirmó uno más. Que se quiere recortar el poder de la única rama que hoy no controla el Gobierno, llegaron a decir. O que los ataques a las cortes son más peligrosos que los de 50 años de ataques de la guerrilla.
¿Se imaginan si un congresista, para no hablar de un ministro o un Presidente, dijera algo similar sobre un fallo? El escándalo mediático, político y jurídico sería grande. Pero no, cuando hay despropósitos de Justicia como los de esta semana, la reacción es casi nula. Y la razón es una: a las altas Cortes nadie las ronda, ante nadie rinden cuentas (bueno, sí, la comisión de absoluciones) e intimidan con fallos o pronunciamientos a funcionarios, como sucedió con la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General.
Las altas Cortes no quieren ningún control. Quieren carta blanca para regalar pensiones millonarias a amigos o familiares. La quieren para, impunemente, coartar funciones del Ejecutivo como el de nominación, lo que sucedió con las dos ternas para la Fiscalía que envió Uribe. Quieren carta blanca para recibir costosos regalos de quienes acaban en la cárcel, sin que pase nada. Y podría continuar con la lista de abusos de unas Cortes desmadradas que rompen la institucionalidad sin que nada las frene.
El gobierno Santos le abrió a las Cortes todas las puertas para participar en la reforma de la justicia y como no se les dio gusto se retiraron del proceso. Ahora atacan con todas las cargas de profundidad posibles.
Esta reforma no es buena. No va al fondo de la crisis de la Justicia y no resuelve el acceso, la seguridad jurídica o las garantías. No elimina lo que la politiza, las nominaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, no controla los cambios repentinos e injustificados de jurisprudencia ni crea un organismo serio de control penal, disciplinario o fiscal. Pero que no sea buena no justifica esa oposición cerrada a reforma alguna, como lo expresó con gran frustración Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La pregunta ahora no es cómo se le pone el cascabel al gato sino cuándo. Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma. Agotadas todas las oportunidades, como se ha visto, es hora de abrir nuevas opciones como hizo Virgilio Barco al final de su mandato en respuesta a la sinsalida del narcoterrorismo.
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