16 de marzo de 2012 | La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

Tiene que haber una separación total entre la función de juzgamiento y la de investigación; la Corte Suprema no puede tener nada que ver en el nombramiento y menos en el juzgamiento de la Fiscalía.

La Reforma a la Justicia surge porque el país descubrió en estos años que el diseño institucional de la Constitución del 91 tiene desequilibrios y fallas que necesitan ser resueltas.

Néstor Correa (a quien el país conoció porque el diario El Tiempo denunció que en los seis primeros meses de su vinculación como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura había hecho entre 16 y 18 viajes pagados por el Estado) dijo que el país debe agradecerle a la Corte Suprema que Mancuso no sea ministro de Cultura. Lo dijo para justificar su opinión de que la Reforma a la Justicia es una retaliación contra las actuaciones de la rama.

Sea lo primero decir que los juicios por ‘Parapolítica’ -a pesar de que muchos son cuestionables- pueden calificarse como un avance de la Justicia. Sin embargo, hay que resaltar que esos procesos sólo se iniciaron cuando el gobierno del presidente Uribe logró que los paramilitares dejaran las armas. Es natural que los jueces tengan miedo de iniciar actuaciones contra aquellos que hacen parte de las estructuras armadas activas, como se evidencia en el hecho de que no haya ningún caso de ‘Farcpolítica’. Así las cosas, fue la victoria del gobierno Uribe sobre los paramilitares lo que dio lugar a los procesos judiciales que se adelantan contra los jefes, integrantes y colaboradores del paramilitarismo. Sin Uribe todos ellos estarían hoy en armas y en libertad; como lo están los narcoterroristas de las Farc, el ELN y sus aliados.

Ahora bien, la Reforma a la Justicia surge porque el país descubrió en estos años que el diseño institucional de la Constitución del 91 tiene desequilibrios y fallas que necesitan ser resueltas. Es humano que los magistrados que hoy ostentan poderes casi ilimitados sean reacios a perderlos, pero el debate debe dejar de lado los intereses personales o de grupo, y atender a la necesidad de establecer un Estado de Derecho con poderes equilibrados.

La Justicia requiere mayor agilidad y no necesariamente más funcionarios, pues Colombia está entre los países con mayor número de jueces por habitante en el mundo. Hay que hacer una reforma profunda: mejorar los operadores judiciales; buscar formas de solución expedita de litigios sencillos como los cobros de los bancos, arriendos… mediante mecanismos pagados por los interesados, en fin. Y lo que es más importante hay que aplicar un sistema de frenos y contrapesos que delimiten y configuren de manera adecuada los diferentes poderes del Estado.

Tiene que haber una separación total entre la función de juzgamiento y la de investigación; la Corte Suprema no puede tener nada que ver en el nombramiento y menos en el juzgamiento de la Fiscalía. Tampoco sobre el Procurador, pues al ser el Ministerio Público deber ser completamente independiente tanto de la Fiscalía como de todas las Cortes, como también el Procurador. Así mismo, es necesario replantear los procesos contra los aforados; no es aceptable que la investigación y el juzgamiento se haga todo en la Corte Suprema. Debe haber un sistema de investigación independiente, y una segunda instancia ajena a la primera. Tampoco está bien que la Corte Suprema juzgue a sus propios miembros.

La discusión sobre la Reforma a la Justicia no le corresponde a esa rama, ni a las altas cortes; es el Congreso elegido popularmente quien ostenta el poder para reformar la Constitución. La rama debe serenarse, Asonal Judicial suspender el paro y, el Gobierno debe dejar de presionar a los congresistas para que mantengan prebendas y privilegios nominativos a favor de las altas cortes con el ánimo de ‘mantener buenas relaciones’ con los magistrados. Aquí no está en juego un tema político, y menos gubernamental, se trata de la sostenibilidad del Estado de Derecho.

EL PAÍS – Cali - Colombia