29 de junio de 2012 |La
Claridad| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA
El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta.
La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto
trabajo ha costado construir se debilitó.
El episodio de la
reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más
tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las
tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta
la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la
razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el
poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia
que subyacen en la sociedad.
La fórmula mediante
la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera
brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen
profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no
puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria
-muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar
representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta.
Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando
el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del
Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión
de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el
procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no
tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional.
La complejidad de
los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías
colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado
del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se
precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres
poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los
colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado
próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado
colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos
se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder.
Construir un Estado
confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez-
el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo
colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo
que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de
seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia
ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla,
debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La
reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto
de inflexión.
Los poderes públicos
colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a
tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están
diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los
llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la
consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de
riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde
el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación,
altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe
encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen
unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos.
Publicado: Junio 30, 2012
Twitter:
@PalomaValenciaL
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