Editorial del Diario El Mundo de Medellìn
Que no venga el señor Vivanco y su equipo de “violentólogos” a darnos cátedra sobre los problemas de Colombia.
Colombia tiene hoy un buen número de valiosos aliados por el hecho de que su presidente es Álvaro Uribe y también, por la misma razón, un grupo de furibundos malquerientes, entre los cuales figura el señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien acaba de sacudir el cotarro nacional con otro de sus periódicos informes sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, titulado esta vez “Herederos de los paramilitares, la nueva cara de la violencia en Colombia”.
Se trata de otro farragoso documento, de 125 páginas, en el cual, como en todos los que produce desde principios de los 90, con la pretensión de que se trata de una “profunda investigación de campo de dos años”, no encontramos nada distinto a una colección de cifras, testimonios, verdades a medias, inexactitudes, calumnias y acusaciones infundadas contra las autoridades y las instituciones colombianas, al final de la cual, en su característico estilo de dueño de la verdad, pontifica y blande el mazo condenatorio, al tiempo que se arroga el derecho de hacer pretenciosas “recomendaciones” al Gobierno, a la Fiscalía, a la Corte Suprema y hasta al Congreso de los EEUU, al que piden “continuar postergando la ratificación del TLC hasta que el gobierno colombiano cumpla los requisitos sobre derechos humanos, incluida la desarticulación de las estructuras paramilitares...”.
A lo largo del documento insisten en que las AUC tienen “grupos sucesores” de sus estructuras, que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado bajo el mando de los jefes extraditados. Afirma Vivanco en su informe que tras la desmovilización de las AUC hay en Colombia por lo menos siete nuevos grupos armados ilegales, “herederos” de aquellas, que “cuentan con más de 4.000 miembros y delinquen en 24 de los 32 departamentos del país, con especial énfasis en Antioquia, la región de Urabá, en Chocó, Meta y Nariño”. Aparte de la calificación de “herederos o sucesores”, no hay novedad ni en las cifras ni en la descripción del fenómeno, pues ya lo había hecho en sus informes el señor Caramagna, quien sí vivió aquí y alcanzó a conocer en profundidad el fenómeno paramilitar, como director del Programa de Observación de la OEA de los procesos de desmovilización y reinserción de los bloques paramilitares, y advirtió oportunamente sobre la necesidad de poner atención a los reinsertados que volvían a delinquir y que podían estar haciendo parte de las bandas del narcotráfico, y todas sus advertencias y recomendaciones las formuló en un marco de respeto y consideración por los esfuerzos del Gobierno y no con el ánimo negativo y sesgado de quienes hacen un refrito de verdades ya sabidas y nunca negadas por el Gobierno ni las Fuerzas Armadas colombianas.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el Gobierno en su comunicado, en el sentido de que el informe de HRW es sesgado, y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento sobre la realidad colombiana, específicamente sobre el tema del paramilitarismo, un problema que, si bien no ha sido resuelto del todo porque aun falta conocer mucho de la verdad de sus crímenes atroces y está en pañales el tema de la reparación a las víctimas, tampoco se puede desconocer olímpicamente, como lo hace HRW, los logros del proceso de justicia y paz, que incluye, por ejemplo, la identificación y registro de 52.000 desmovilizados de las AUC y la guerrilla; la reparación por vía administrativa de 10.500 familias víctimas de la violencia; los cuantiosos recursos aprobados en el Presupuesto para atender a los desplazados y el trabajo ingente de extinción de dominio de miles de propiedades de los narcoparamilitares y narcoguerrilleros para reparar a las víctimas y restituirles los bienes de que fueron expoliados por esos grupos. Aquí ya no hay nada parecido, señor Vivanco, a una organización de delincuentes que, so pretexto de que el Estado no actuaba para defenderlos de la guerrilla, se alzaron en armas, como ocurrió con la que fundaron los hermanos Castaño y que terminó siendo una organización involucrada con el narcotráfico, emulando lo que de años atrás venían haciendo sus enemigos, las narcoguerrillas de las Farc y el Eln.
Nuestro respaldo entusiasta al señor ministro Silva por haber rechazado la encerrona mediática a que lo quería someter el personaje de marras. Admiramos la espontaneidad, la claridad y la brillante manera de ser fiel a las realidades, para responder en esta ocasión a otra agresión contra la institucionalidad colombiana. El sesgo de ese informe hay que rechazarlo porque arroja sobre las cúpulas civil y militar del país un cargo absolutamente falso: aquello de que “son tolerantes” con elementos desleales que se ponen al servicio del crimen organizado, cuando han demostrado todo lo contrario. En todo organismo armado en el mundo se presentan abusos y delitos, pero aquí se está controlando y castigando a quienes los cometen, aunque no se puede exigir que de la noche a la mañana un cuerpo armado se convierta en una especie de comunidad de frailes para tratar con consejos a sus enemigos. Que no venga, pues, el señor Vivanco y su equipo de “violentólogos” a darnos cátedra sobre los problemas de Colombia, que bastante bien conocemos y a los que, con todos los recursos del Estado y con la ayuda de los verdaderos amigos, se les está haciendo frente con evidentes resultados.
Se trata de otro farragoso documento, de 125 páginas, en el cual, como en todos los que produce desde principios de los 90, con la pretensión de que se trata de una “profunda investigación de campo de dos años”, no encontramos nada distinto a una colección de cifras, testimonios, verdades a medias, inexactitudes, calumnias y acusaciones infundadas contra las autoridades y las instituciones colombianas, al final de la cual, en su característico estilo de dueño de la verdad, pontifica y blande el mazo condenatorio, al tiempo que se arroga el derecho de hacer pretenciosas “recomendaciones” al Gobierno, a la Fiscalía, a la Corte Suprema y hasta al Congreso de los EEUU, al que piden “continuar postergando la ratificación del TLC hasta que el gobierno colombiano cumpla los requisitos sobre derechos humanos, incluida la desarticulación de las estructuras paramilitares...”.
A lo largo del documento insisten en que las AUC tienen “grupos sucesores” de sus estructuras, que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado bajo el mando de los jefes extraditados. Afirma Vivanco en su informe que tras la desmovilización de las AUC hay en Colombia por lo menos siete nuevos grupos armados ilegales, “herederos” de aquellas, que “cuentan con más de 4.000 miembros y delinquen en 24 de los 32 departamentos del país, con especial énfasis en Antioquia, la región de Urabá, en Chocó, Meta y Nariño”. Aparte de la calificación de “herederos o sucesores”, no hay novedad ni en las cifras ni en la descripción del fenómeno, pues ya lo había hecho en sus informes el señor Caramagna, quien sí vivió aquí y alcanzó a conocer en profundidad el fenómeno paramilitar, como director del Programa de Observación de la OEA de los procesos de desmovilización y reinserción de los bloques paramilitares, y advirtió oportunamente sobre la necesidad de poner atención a los reinsertados que volvían a delinquir y que podían estar haciendo parte de las bandas del narcotráfico, y todas sus advertencias y recomendaciones las formuló en un marco de respeto y consideración por los esfuerzos del Gobierno y no con el ánimo negativo y sesgado de quienes hacen un refrito de verdades ya sabidas y nunca negadas por el Gobierno ni las Fuerzas Armadas colombianas.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el Gobierno en su comunicado, en el sentido de que el informe de HRW es sesgado, y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento sobre la realidad colombiana, específicamente sobre el tema del paramilitarismo, un problema que, si bien no ha sido resuelto del todo porque aun falta conocer mucho de la verdad de sus crímenes atroces y está en pañales el tema de la reparación a las víctimas, tampoco se puede desconocer olímpicamente, como lo hace HRW, los logros del proceso de justicia y paz, que incluye, por ejemplo, la identificación y registro de 52.000 desmovilizados de las AUC y la guerrilla; la reparación por vía administrativa de 10.500 familias víctimas de la violencia; los cuantiosos recursos aprobados en el Presupuesto para atender a los desplazados y el trabajo ingente de extinción de dominio de miles de propiedades de los narcoparamilitares y narcoguerrilleros para reparar a las víctimas y restituirles los bienes de que fueron expoliados por esos grupos. Aquí ya no hay nada parecido, señor Vivanco, a una organización de delincuentes que, so pretexto de que el Estado no actuaba para defenderlos de la guerrilla, se alzaron en armas, como ocurrió con la que fundaron los hermanos Castaño y que terminó siendo una organización involucrada con el narcotráfico, emulando lo que de años atrás venían haciendo sus enemigos, las narcoguerrillas de las Farc y el Eln.
Nuestro respaldo entusiasta al señor ministro Silva por haber rechazado la encerrona mediática a que lo quería someter el personaje de marras. Admiramos la espontaneidad, la claridad y la brillante manera de ser fiel a las realidades, para responder en esta ocasión a otra agresión contra la institucionalidad colombiana. El sesgo de ese informe hay que rechazarlo porque arroja sobre las cúpulas civil y militar del país un cargo absolutamente falso: aquello de que “son tolerantes” con elementos desleales que se ponen al servicio del crimen organizado, cuando han demostrado todo lo contrario. En todo organismo armado en el mundo se presentan abusos y delitos, pero aquí se está controlando y castigando a quienes los cometen, aunque no se puede exigir que de la noche a la mañana un cuerpo armado se convierta en una especie de comunidad de frailes para tratar con consejos a sus enemigos. Que no venga, pues, el señor Vivanco y su equipo de “violentólogos” a darnos cátedra sobre los problemas de Colombia, que bastante bien conocemos y a los que, con todos los recursos del Estado y con la ayuda de los verdaderos amigos, se les está haciendo frente con evidentes resultados.
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