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A Juan Manuel no le sonó la flauta

OPINIÓN| Por: EDUARDO MACKENZIE| Publicado: abril.11, 2013 
¿Esta es la nueva UNIDAD NACIONAL del presidente Santos?
La marcha de Bogotá del 9 de abril no fue tan grande, como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas, en otras. 
El fracaso de las manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo del campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.
A Juan Manuel Santos no le sonó la flauta. Hay un desfase evidente entre la manifestación de ayer “por la paz” en Bogotá y las “marchas” en las otras ciudades. La de Bogotá fue grande, sin duda, aunque no mucho, ni como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas, en otras (1).
La marcha de Bogotá llenó a duras penas la Plaza de Bolívar (2). Se puede decir que fue un caudal rutinario, habitual. Como las manifestaciones convocadas en años recientes por la izquierda y los sindicatos controlados, en los 1 de mayo, por ejemplo, o al final de los procesos electorales.
Esta vez había un elemento nuevo, muy particular, que debía pesar mucho sobre la opinión pública: el llamado del jefe del ejecutivo, y de funcionarios como el Fiscal General (3), a salir a manifestar. Lo mismo hicieron el  polémico alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,  un cardenal politiquero, Rubén Salazar Gómez, y los jefes de las Farc. Nunca se había visto en Colombia un ramillete de convocantes tan heterogéneo. Sin embargo, no hubo avalancha. Y hubo otra cosa rarísima: Santos ordenó que una parte de la fuerza pública fuera utilizada como masa de maniobra de la manifestación en Bogotá. Eso no se había visto en Colombia hacía décadas. Ni siquiera la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla se atrevió a cometer semejante abuso.
El uso de la fuerza pública en una manifestación política sí es un rasgo de la tiranía de Hugo Chávez. Ese elemento es central, en mi opinión, al momento de hacer el análisis de lo que ocurrió ayer en Colombia. Ese hecho afectará sin duda la trayectoria política de JM Santos y afectará la credibilidad de la presidencia de la República. Compromete sin duda su afán reeleccionista. Lo hecho por el jefe del ejecutivo en ese sentido es inusitado y ominoso. Esa decisión podría cambiar la definición que hasta ahora los colombianos tenían del actual gobierno. Lo de ayer confirma que hay cambios en la configuración de las fuerzas políticas sobre las que descansa el gobierno de Juan Manuel Santos.
Éste fue elegido gracias a un programa de restauración de la autoridad del Estado que las mayorías respaldaban. Una vez elegido, JM Santos traicionó esa agenda y se rodeó de las fuerzas minoritarias que habían perdido las elecciones. El acto de ayer fue un paso más en esa errática y antidemocrática dirección.
La pregunta es: ¿Lo de ayer confirmó el hecho de que los grupúsculos que le hacen el juego a las Farc, la Marcha Patriótica y el PCC, entre otros, y las mismas Farc,  hacen parte de la unidad nacional de Santos? Me parece que las cosas van en esa dirección. Lo de ayer habría sido como la confirmación pública, y en los hechos, de un protocolo secreto. Eso es nuevo y muy grave. ¿Qué consecuencias tiene ese destape de Santos hacia esas formaciones extremistas? ¿Qué responderán ante eso el partido conservador y las facciones liberales y verdes? ¿Qué puede anunciar eso a corto y mediano plazo sobre el ejercicio del poder?
Otra pregunta: ¿No violó el presidente Santos  la ley y la Constitución al hacer una utilización política de la fuerza pública? El artículo 219 de la Constitución nacional dice: “La fuerza pública no es deliberante”. ¿Esa norma no fue violada ayer? “¿Cuál es la sinceridad de un Gobierno que llama a una formación militar para participar en un desfile de civiles, con el pretexto que es un homenaje a las víctimas? Quien ha sido indulgente, quien ha dado impunidad a los victimarios, no tiene autoridad moral para convocar a un homenaje a las víctimas”, declaró el ex presidente Álvaro Uribe en la radio. “Qué tristeza que 5000 uniformados del Ejército tengan que cumplir una orden presidencial de estar en marcha para apoyar las Farc”, subrayó el precandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
A pesar de la masiva propaganda oficial santista y de los aparatos farianos,   los organizadores de la marcha en Bogotá no movilizaron tantas personas como querían. Eso es evidente. En eso ellos fracasaron. Ellos querían hacer algo idéntico o superior a las históricas manifestaciones contra las Farc del 4 de febrero de 2008  (entre 12 y 14 millones de colombianos salieron a las calles en 45 ciudades colombianas y en 125 ciudades del extranjero). Sin embargo, ayer el país le dio la espalda a ese escenario. Los colombianos ayer no salieron en masa a las calles, no le dijeron sí a Santos. No le firmaron el cheque en blanco que les había pedido. Y, sobre todo, rechazaron la hipócrita invitación de las Farc. El pueblo colombiano mostró así, ayer, con ese magnífico gesto, cuán inteligente puede ser en medio de una crisis  y cuán lúcido se muestra ante los espejismos que las Farc están improvisando a las carreras para engañarlo una vez más.
El fracaso de las manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo del campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.
¿La manifestación de Bogotá fue construida con recursos financieros y materiales de las Farc? Según el secretario de Gobierno de Bogotá llegaron a la capital más de mil buses y chivas con manifestantes. Estos venían sobre todo del sur del país. ¿Quién pagó esa enorme operación? La Marcha Patriótica es muda al respecto. Luego es legítimo suponer que el dinero del narcotráfico de las Farc fue movilizado para   el traslado de esas personas.
A pesar de las consignas neutras y abstractas, como “por la paz”, “por las víctimas”,  las manifestaciones de ayer tuvieron otro aspecto obscuro. Hubo manifestantes encapuchados en Bogotá. Hubo gente que gritaba vivas a Chávez y a Maduro.  Un estudiante que portaba una camiseta con la frase “No más Farc” fue agredido por manifestantes. Al lado de ellos había una mayoría sincera que estaba en el cortejo por razones diferentes. Una parte de ellos asistían a una manifestación en favor de la paz.  Otros lo hicieron porque querían respaldar las negociaciones en Cuba (4). Otros porque querían manifestar en favor de las víctimas del conflicto. En realidad, la franja más minoritaria, la extrema izquierda, inventó esa jornada para “ponerle gente” a su meta: fortalecer el proyecto de las Farc,  las exigencias de éstas en La Habana y reforzar lo que ellos llaman en estos días el “bloque popular revolucionario”.
Eso cambia la naturaleza de esa jornada. No fue una marcha por la paz sino una para perpetuar el conflicto. Colombia no aceptará jamás que las Farc lleguen al gobierno sin haber desmontado su aparato de muerte y sin haber pagado por sus crímenes. Lo de ayer fue sólo un episodio más de las gesticulaciones de las Farc para construir su hegemonía. Por eso el pueblo lo repudió. Lo inquietante es que el jefe de Estado colombiano ha cruzado  una línea roja que nunca debió haber cruzado.
Notas
(1). Manifestaciones en otras ciudades: Medellín 500 personas;  Cali: 300; Cúcuta: 200; Bucaramanga: 700; Neiva: 800; Pereira: 50; Pasto: 100; Barranquilla: ninguna; Manizales: ninguna.
(2). En la Plaza de Bolívar caben 30 000 personas.  Esa plaza, donde hubo todo el día conciertos de música rock, nunca estuvo llena completamente.
(3). El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett,  jefe del ente investigador, escandalizó al país cuando declaró, durante la manifestación del 9 de abril de 2013, que en la Fiscalía “no existe ninguna condena contra miembros del secretariado de las Farc por crímenes de lesa humanidad”,  y que las condenas que se han producido en el pasado han sido “por delitos de rebelión, homicidio agravado y algunas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. Por lo tanto, los jefes de las Farc “no tienen por qué terminar en la cárcel”. Sin embargo, el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional),  firmado por el Gobierno de Colombia en 1998 y en 2002, establece que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión son imprescriptibles. Estos no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos. Para la justicia colombiana algunos de los actos y decisiones de la cúpula de las Farc constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
(4). Esas “negociaciones de paz” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc comenzaron el 19 de noviembre de 2012. Han sido interrumpidas varias veces. Serán reanudadas el 15 de abril de 2013. El conflicto en Colombia ha provocado la muerte de más de 600 000 personas y el desplazamiento de 3,7 millones de personas. Quince mil personas han desaparecido.

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