Prohibida la defensa

31 de Julio de 2011 | OPINIÓN | Por: HÉCTOR HERNÁNDEZ AYAZO

Arias es mandado a prisión porque su libertad pone en peligro los designios de acusarlo y condenarlo. Es necesario que carezca de pruebas para que la caricatura de juicio tenga apariencias de proceso serio.

Nuestro sistema penal ha dado un audaz paso. Al acusado se le prohíbe ser diligente para armar su defensa. Es el corolario forzado que brota de la argumentación empleada para enviar a la cárcel al exministro Andrés Felipe Arias, por sus actuaciones en el caso Agro Ingreso Seguro.

El respeto que se profese al poder judicial no basta, en este caso concreto, para impedir que se piense que la pasión política prevalece sobre el derecho y el espíritu de venganza desplaza el ánimo de justicia.

Si existen claras y contundentes pruebas de andaduras delictuosas de Arias, no tiene justificación que se acuda a construir una tesis que significa una verdadera amenaza a la libertad. La razón aparente para llevar a la cárcel a Arias es la infatigable actividad desplegada para construir su defensa, lo que desde luego incluye hablar con sus antiguos colaboradores, algunos de ellos ya detenidos por el mismo sonado caso de los subsidios. Arias hacía lo mismo que debe estar haciendo el alcalde Moreno Rojas o que debió hacer la Fiscal cuando fue acusada ante la Corte Suprema por la absolución de Samper.

Quiérase o no, la lectura del hecho traduce que Arias es mandado a prisión porque su libertad pone en peligro los designios de acusarlo y condenarlo. Es necesario que carezca de pruebas para que la caricatura de juicio tenga apariencias de proceso serio.

¿Por qué no se aplica la misma doctrina a la Farcpolítica? ¿Por qué no hay justicia igual para todos bajo el imperio de una misma ley?

Libre, Arias puede hablar con quienes trabajaron con él, recordar hechos, buscar documentos, ser ayudado a localizar testigos, conversar con éstos, tener reuniones con quienes defienden a otros inculpados en el mismo caso de Agro Ingreso Seguro. En suma, Arias puede defenderse y la máxima venganza que la politizada justicia tiene contra Uribe se pone en peligro. Se teme que Arias pueda demostrar que no ha delinquido. Para evitarlo, hay que encerrarlo.

¿A quiénes puede pedirle Arias información para reconstruir hechos, rememorar explicaciones de las decisiones adoptadas, encontrar documentos, identificar la participación de cada uno en el largo proceso de trámites e instancias del programa AIS sino a sus antiguos colaboradores? ¿Acaso podrían hacerlo los bomberos de Bogotá, los empleados de un hospital o sus enemigos políticos?

Arias es culpable por ser allegado a Álvaro Uribe, es “Uribito”, y su escape es una derrota infamante para la empresa de venganza contra el expresidente.

La Fiscalía puede ofrecer principios de oportunidad y rebajas de pena a los mismos que visitó Uribito si declaran contra él o puede proyectar la sombra ominosa de una petición de condena máxima contra quien no colabore en comprometerlo. Es decir, la Fiscalía puede usar el soborno o el chantaje jurídicos. El acusado debe quedar inmóvil, atado a un poste, esperando que se fragüen las evidencias en su contra y se prenda la hoguera.

Este episodio es la negación del derecho de defensa y una campanada más para que el pueblo colombiano se alerte y reclame una nueva constituyente que nos libere de unas instituciones judiciales sin control que, hoy, son una amenaza para más de un ciudadano de bien.
*Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

hhernandez@costa.net.co

EL UNIVERSAL – Cartagena - Colombia

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