3 de abril
de 2012 | ANÁLISIS | Por: Miguel Gómez Martínez
Como un submarino, invisible y silencioso, avanza la estrategia del gobierno para llevar al país a un nuevo proceso de paz.
Como en un rompecabezas, las fichas van encajando sin que la
opinión pública conozca el diseño final.
La primera fase
consiste en reactivar la tesis de que la única salida real para el conflicto es
la negociación. Desde el discurso de posesión, el presidente Santos ha venido
acariciando el tema alrededor de la figura de la llave que tiene en el bolsillo
que abriría el diálogo con la guerrilla. Para ello ha contado con el coro de
áulicos encabezados por Piedad Córdoba, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Horacio
Serpa, El Espectador,
El Tiempo,
El Nuevo Siglo,
La Silla Vacía, casi todas las emisoras y canales, los programas de opinión,
los intelectuales, las ONG, Chávez, Correa, Evo, Dilma, Ollanta, Raúl, Cristina
y otros cuyos nombres se me escapan.
El segundo capítulo
es el marco jurídico para la paz. Como vamos a negociar con violadores de los
derechos humanos y criminales de guerra, hay que ofrecerles impunidad. El marco
jurídico para la paz es la ley de los victimarios. Mediante una sofisticada
jerga jurídica se propone en la Constitución que una ley definirá “los casos en
los que procedería la suspensión de la pena y se autoriza la renuncia a la
persecución judicial penal”. Esto, en lenguaje de legos, es garantizar que los
que se sometan al proceso de paz no irán a la cárcel. Otros prefieren llamarlo
amnistía.
Para que todo esto
cuaje, se requiere la benevolencia de las ONG, siempre dispuestas a exigir lo
máximo cuando se trata de violadores de los derechos humanos paramilitares pero
suaves cuando se trata de violadores de derechos humanos de la guerrilla. Por
ello el reversazo del fuero militar luego de las protestas escuchadas en
Washington. El nuevo proyecto de fuero es una obra maestra de ilusionismo. En
apariencia amplia el marco de protección para los miembros de la fuerza pública
pero en realidad, dados los compromisos internacionales firmados por Colombia y
que forman parte del bloque de constitucionalidad, los militares no
gozarán de mayor seguridad jurídica. Además, como se trata de un acto legislativo
que deberá ser reglamentado por una ley estatutaria, estamos hablando de un año
adicional de demora, tiempo valioso para seguir recorriendo el camino hacia el
diálogo con la guerrilla.
¿Por qué utiliza el
gobierno esta estrategia submarina? Esa es una pregunta importante. La razón
fundamental es de tipo mediático. Si los colombianos se huelen, así sea de
lejos, que volvemos a una estrategia similar a la tragedia del Caguán se
opondrían radicalmente. Hay por lo tanto que volver a ambientar la idea de que
la paz está al alcance de la mano y que la guerrilla esta vez sí es honesta y
transparente en sus intenciones.
La guerra se perdió
hace muchos años cuando renunciamos a la victoria militar. El mayor triunfo de
la guerrilla es haber convencido a los líderes de opinión en Colombia que la
guerra no puede ser ganada. Y como bien decía Richard Nixon, “si no estás listo
para hacer la guerra, haz la paz.”
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