OPINIÓN| Por: PLINIO
APULEYO MENDOZA| Publicado: abril 25, 2014
Algunas realidades que deberían ser tomadas en cuenta por el Gobierno y sus aliados políticos.
De pasar por alto ciertas exigencias de las Farc, graves riesgos
amenazan el futuro del país.
En la calle o en un
centro comercial nunca falta alguien, conocido o no, que se le acerca a uno
para preguntarle: “¿Para dónde cree usted que vamos con este proceso de paz?”.
Yo suelo ser sincero: “No sé” es lo que se me ocurre responder. Pero
inquietudes las tengo. Y las tiene, por cierto, todo el mundo.
Se derivan
naturalmente de las Farc. Son ellas las que, de algún modo, están marcando el
paso. Su estrategia de lucha ha cambiado. No albergan hoy la ilusión de llegar
al poder por la vía armada. Hicieron a un lado la guerra de posiciones, los
combates abiertos con las Fuerzas Armadas, la toma de poblaciones o de bases
militares. Redujeron sus efectivos armados a siete mil hombres, pero aumentaron
en más de veinte mil sus agentes políticos.
Optaron sí, en el
campo armado, por el crudo y abierto terrorismo. En vez de combates con el
Ejército, se concentran en el lanzamiento de artefactos explosivos, carros
bomba, francotiradores, emboscadas, atentados contra oleoductos y siembra de
minas. ¿Qué buscan con ello? De un lado, aterrorizar a la población para que
esta acepte a cualquier precio un acuerdo de paz que ponga fin a tal horror.
Por otro, mantener en primer plano su feroz presencia.
Al lado de estas
acciones, las Farc se han propuesto capturar la protesta social, extender su
control absoluto sobre las zonas cocaleras, replantear su proceso de
colonización y establecer una especie de micro-Estado con las zonas de reserva
campesina (ZRC). En efecto, estos territorios están conformados por núcleos de
campesinos llevados por la guerrilla y por lo consiguiente bajo su entero
control. No hay allí propiedad particular sino colectiva. No se admite la
presencia de fuerzas militares. Al frente de cada ZRC aparece un comité bajo el
mando supremo de un comisario enteramente identificado con la organización
guerrillera.
El sistema
tributario de las Farc es inflexible y eficiente. A estos recaudos se suman los
millonarios ingresos por cuenta del narcotráfico. Aunque las áreas con
sembrados de coca se han reducido en un 25 por ciento y han desaparecido en
departamentos como Magdalena, Caldas y Boyacá, también es cierto que con el
pago de cultivos de hoja de coca a miles de campesinos muy poco efecto han
tenido las ofertas del Estado para la sustitución de tales cultivos.
Todo esto, sumado a
la creación de movimientos políticos afines a su ideología y a la presencia de
agentes suyos en sindicatos, en comunidades indígenas y sobre todo en la Rama
Judicial, les permite a las Farc hacer peligrosas exigencias en la propia mesa
de negociaciones de La Habana. Tienen a su favor el hecho mismo de que el presidente
Santos parece estar dispuesto a aceptar condiciones, en apariencia poco
letales, a fin de poder alzar el trofeo, muy bien recibido en el mundo, de un
anhelado acuerdo de paz.
Hay en ese probable
acuerdo puntos que la guerrilla considera inamovibles, como la dejación de las
armas sin entrega de las mismas. Y a tiempo que pide espacios propios en el
Congreso y en una eventual asamblea constituyente, no acepta reales sanciones
penales. Como suele repartir culpas entre los llamados por ella agentes del conflicto,
espera que una justicia transicional reparta un perdón y olvido para todos,
incluyendo militares hoy en prisión. El asunto es que muchos de ellos han sido
víctimas de la guerra jurídica desatada por los propios amigos de las Farc.
Todas estas realidades
deberían ser tomadas en cuenta por el Gobierno y sus aliados políticos. Sin
embargo, a quienes expresan inquietudes sobre el proceso de paz, el
Presidente-candidato los llama enemigos de la paz y amigos de la guerra sin
reparar en que, de pasar por alto ciertas exigencias de las Farc, graves
riesgos amenazan el futuro del país.
Plinio Apuleyo
Mendoza
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