Por: Hernán González Rodríguez
Nunca antes en la historia reciente del país se había presentado una crisis tan profunda en la Justicia de Colombia como la observada durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Mas no todo es su culpa.
Porque es de conocimiento público que en los últimos siete años ha presentado el Gobierno cerca de seis reformas a la Justicia, pero ninguna de ellas ha prosperado, porque nuestra Justicia se ha politizado, se ha tropicalizado y se ha desprestigiado. Al paso que marcha ésta se arriesga a pasar de estar desacreditada a ser odiada.
Toda esta hecatombe jurídica se inicia en la Carta del 91, con la absurda constelación de altas cortes, consejos y demás entidades jurídicas gestadas con la vana promesa de mejorar la Justicia o de evitar extradiciones y sanciones.
Tan innecesarias burocracias resultan ahora enfrentadas entre sí y, más grave aún, con el propio Gobierno, como ha sucedido con el proceso de la parapolítica, al tiempo que la farcpolítica no parece haber existido para nuestra descuadernada Justicia.
Si mis informaciones no fallan, cuando Fernando Londoño Hoyos ejercía el Ministerio del Interior y de Justicia, se logró redactar una reforma resultado del consenso entre las altas cortes, pero los incompetentes sucesores de Londoño en el cargo la dilapidaron.
En el proyecto aludido se habían logrado recortar las exageraciones de las tutelas, por medio de las cuales están gobernando a la fecha numerosos jueces. Los estragos de las tutelas se encuentran nada menos que en el corazón del problema de la salud. Porque ni en Alemania, ni en España, países donde se inventaron las tutelas, se utilizan ellas para tutelar derechos secundarios y terciarios como en Colombia.
Los nefastos enfrentamientos aludidos se evidencian en los 40 congresistas uribistas que han encarcelado empleando a menudo los testimonios comprados a criminales a cambio de las rebajas de penas. Estos enfrentamientos se advierten en el ultimátum de la Corte para cambiar en dos meses a 2.100 fiscales, la mitad aproximadamente de los que laboran a la fecha. Se observan o se observaron ellos en la politización para nombrar un Fiscal, presidentes para la Corte Suprema de Justicia y para el Consejo de la Judicatura.
Pero lo peor de todo han sido ciertas onerosas sentencias de las altas cortes contra la economía colombiana en el campo de la salud. Sí, salud para todos y con elevados estándares cuando no se suministra agua potable, ni existe servicio de alcantarillado en numerosos municipios. Parece como si ni los señores magistrados ni sus hijos vivieran en Colombia.
Contra la economía colombiana figuran, así mismo, la inseguridad jurídica y las dilaciones hasta de más de 10 año en los procesos legales de los colombianos corrientes. La Ley de Justicia y Paz también la dificultaron los señores magistrados con sus exigencias idealistas, casi imposibles de aplicar.
Toda esta hecatombe jurídica se inicia en la Carta del 91, con la absurda constelación de altas cortes, consejos y demás entidades jurídicas gestadas con la vana promesa de mejorar la Justicia o de evitar extradiciones y sanciones.
Tan innecesarias burocracias resultan ahora enfrentadas entre sí y, más grave aún, con el propio Gobierno, como ha sucedido con el proceso de la parapolítica, al tiempo que la farcpolítica no parece haber existido para nuestra descuadernada Justicia.
Si mis informaciones no fallan, cuando Fernando Londoño Hoyos ejercía el Ministerio del Interior y de Justicia, se logró redactar una reforma resultado del consenso entre las altas cortes, pero los incompetentes sucesores de Londoño en el cargo la dilapidaron.
En el proyecto aludido se habían logrado recortar las exageraciones de las tutelas, por medio de las cuales están gobernando a la fecha numerosos jueces. Los estragos de las tutelas se encuentran nada menos que en el corazón del problema de la salud. Porque ni en Alemania, ni en España, países donde se inventaron las tutelas, se utilizan ellas para tutelar derechos secundarios y terciarios como en Colombia.
Los nefastos enfrentamientos aludidos se evidencian en los 40 congresistas uribistas que han encarcelado empleando a menudo los testimonios comprados a criminales a cambio de las rebajas de penas. Estos enfrentamientos se advierten en el ultimátum de la Corte para cambiar en dos meses a 2.100 fiscales, la mitad aproximadamente de los que laboran a la fecha. Se observan o se observaron ellos en la politización para nombrar un Fiscal, presidentes para la Corte Suprema de Justicia y para el Consejo de la Judicatura.
Pero lo peor de todo han sido ciertas onerosas sentencias de las altas cortes contra la economía colombiana en el campo de la salud. Sí, salud para todos y con elevados estándares cuando no se suministra agua potable, ni existe servicio de alcantarillado en numerosos municipios. Parece como si ni los señores magistrados ni sus hijos vivieran en Colombia.
Contra la economía colombiana figuran, así mismo, la inseguridad jurídica y las dilaciones hasta de más de 10 año en los procesos legales de los colombianos corrientes. La Ley de Justicia y Paz también la dificultaron los señores magistrados con sus exigencias idealistas, casi imposibles de aplicar.
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