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Dic 10 de 1948
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"RECORDANDO EL PASADO" Magistrado Velásquez, en la mira

Nuevas denuncias en contra del arquitecto de las investigaciones de la parapolítica

Por: Redacción Judicial
La ex presidenta del Congreso lo denunció por presuntas irregularidades. Una testigo dice que fue a Yopal y le ofreció beneficios. LEER ESTE ARTÍCULO
Nadie duda que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Gómez ha sido la columna vertebral en las investigaciones de la parapolítica. Y que, como lo reconoció el fiscal Mario Iguarán hace poco más de una semana, fue objeto de un burdo montaje del detenido ex paramilitar José Orlando Moncada, más conocido como Tasmania, para desprestigiar su valerosa labor y, de paso, restarle credibilidad a la Corte misma. Sin embargo, no bien sale del escándalo Tasmania, para ya estar en el centro de otras polémicas.

Tres episodios recientes lo han puesto de nuevo en el ojo del huracán. El primero ocurrió hace un mes por cuenta de un desplazamiento de una comisión judicial de la Corte Suprema de Justicia a Yopal (Casanare). La comisión estaba integrada por el magistrado Velásquez y los agentes del CTI de la Fiscalía Juan Carlos Díaz y Rafael Castiblanco, dos curtidos investigadores que han venido apoyando las pesquisas de la parapolítica desde sus inicios. El traslado aconteció el pasado 5 de julio y, en esencia, los funcionarios tenían información de dos posibles testigos que prenderían el ‘ventilador’ sobre congresistas aparentemente vinculados con el jefe paramilitar Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos.
Una vez en Yopal, Velásquez y los agentes del CTI empezaron a llamar a Betty Barreto y a su hijo Jimmy, quienes habrían trabajado con el jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Sin embargo, sólo pudieron encontrarse en la noche. “Yo tengo un local en donde vendo desayunos y almuerzos. Ellos vinieron, pero no sé quién le daría la dirección o el nombre mío. Llegaron y hablaron conmigo y se presentaron como miembros de la Corte. Me dijeron que ellos tenían información de que yo tenía información de una cantidad de cosas. Querían entrevistarme y yo me negué. Quedamos de vernos en la noche y ellos me invitaron a tomar licor”, le dijo a El Espectador Betty Barreto.
Inicialmente Barreto y su hijo se vieron con el magistrado Velásquez y los agentes del CTI en el restaurante Montecarlo, ubicado en la calle octava con carrera 21. Posteriormente se desplazaron a una taberna situada en la carrera séptima Nº 22-100, y por último se dirigieron al bar El Boquerón, ubicado en la calle octava Nº 22-98. En los tres lugares todos tomaron aguardiente. El encuentro duró desde las siete hasta las 12 y 30 de la noche. Al compás de las copas, según relató Barreto, los funcionarios le insistieron que ellos tenían conocimiento de que ella sabía muchas cosas y le preguntaron por el senador Germán Vargas Lleras.
“Me dijeron que si declaraba me sacaban de acá y me llevaban a otra ciudad. Que si quería me podían incluir en el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Ellos fueron los que mencionaron el nombre de Germán Vargas. Yo les dije que no sabía nada, que no quería involucrarme con ninguna declaración. Al otro día me estuvieron llamando y al final apagué el celular. Ellos me dejaron sus datos y sus teléfonos”, contó Barreto. Y añadió: “Eso no está bien hecho, porque yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”. Terminada la reunión, Velásquez y los funcionarios Rafael Castiblanco y Juan Carlos Díaz se fueron para el hotel Casa Morales.

Denuncia de Nancy Patricia

El segundo episodio que tiene en entredicho la hasta ahora impecable labor investigadora del magistrado Velásquez se relaciona con la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, investigada preliminarmente por la Corte por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa en Cundinamarca. En los últimos días de julio pasado, Gutiérrez le envió al presidente de la Corte, magistrado Francisco Javier Ricaurte, una carta de tres páginas en la que hizo graves denuncias en contra de Velásquez.
En la misiva señaló que después de haber sostenido una reunión con el agente del CTI Juan Carlos Díaz el pasado 11 de julio, tuvo conocimiento de que la Corte tiene un expediente matriz (el 26.625) desde el cual el magistrado Velásquez ha venido ordenando declaraciones sin la participación de los investigados o de sus abogados, evitando que éstos previamente hubieran tenido posibilidad de controvertir dichos testimonios, violando el derecho a la defensa. En esencia, sugirió que se estaban armando procesos a espaldas de los implicados.
El magistrado Ricaurte le envió la denuncia a la Sala Penal de la Corte Suprema, que de inmediato le dio traslado a la Fiscalía. Hoy esas tres páginas están en el despacho del fiscal Mario Iguarán, quien ya tiene un proyecto de apertura de investigación preliminar en contra de Velásquez por estos hechos. El Espectador conoció que el viernes pasado varios magistrados de la Sala Penal se reunieron con Iván Velásquez para tratar los aspectos fundamentales de la denuncia.
Pero, además, un tercer episodio sobre Velásquez salió a relucir esta semana en desarrollo del juicio del ex congresista Álvaro Araújo por sus supuestos nexos con el paramilitarismo. La testigo Dioselina Ramírez, quien en principio declaró en contra del también congresista Alfredo Cuello Baute, declaró que buscó al magistrado en el segundo semestre de 2007 para decirle que temía por su vida y que se analizara la posibilidad de incluirla en el programa de protección de testigos, como en efecto sucedió.
Lo particular es que para esa fecha Araújo ya estaba a órdenes de la Fiscalía, que en agosto del año pasado lo acusó por el delito de concierto para delinquir. ¿Por qué Velásquez tramitó la inclusión al programa, si el proceso Araújo ya no era de su competencia?, se preguntaron allegados al ex senador. Y hay otro elemento que causa controversia: la testigo está acusada desde diciembre de 2002 por el delito de homicidio culposo (ver balcón) y hasta hoy no se le ha dictado sentencia. Ella misma reconoció en la audiencia que funcionarios de la Fiscalía visitaron al juez de la causa para pedirle que no profiriera sentencia porque estaba colaborando con la justicia.
La defensa
El Espectador dialogó con Velásquez, quien explicó en detalle y con total tranquilidad los tres episodios. En principio desmintió lo dicho por Nancy Patricia Gutiérrez en el sentido de que él ordenaba pruebas de manera irregular. “Uno no puede manipular nada, como dice la senadora Gutiérrez, porque todas las actuaciones son ordenadas por la Sala Penal”, indicó, y a renglón seguido explicó que el expediente 26.625 es una previa general que se abrió desde hace dos años y en la cual se “practican pruebas que desde su inicio no están dirigidas o relacionadas contra un congresista en particular”.
Por ejemplo, añadió, un testigo anuncia que tiene información sobre varios parlamentarios, entonces se le escucha y se compulsan copias para que se investiguen las denuncias, y luego se ordena otra declaración del testigo, con presencia del abogado del implicado, “y con eso realmente no se está violando ningún derecho a la defensa, porque él puede controvertir la
declaración. La ex congresista Rocío Arias pidió ser escuchada sobre temas de Cundinamarca, pero no se sabía sobre quién iba a referirse, entonces se le escuchó en el expediente 26.625 y después se ordenaron investigaciones respecto de quien mencionó”, manifestó.
Sobre la testigo Dioselina Ramírez agregó que sí se entrevistó con ella y que nada de irregular se dio, por cuanto ella era testigo de la Corte Suprema en el caso de Alfredo Cuello Baute y que, como en otros casos, se valoró su situación de seguridad y la Fiscalía optó por incluirla en el programa de protección a testigos. Finalmente, sobre el episodio de Yopal, reconoció que se desplazó una comisión de la Corte para recibir una declaración de una señora que ciertamente se efectuó.
“Ella hizo referencia a otra eventual testigo (Betty Barreto). Los investigadores la contactaron, pero no fue posible verla en la tarde. En la noche nos encontramos en un restaurante, pero no hablamos del contenido de su declaración. Ella nos invitó a ir a otro sitio en la zona rosa de Yopal y fuimos, y se convino que al día siguiente se recibiría su testimonio. Pero no se habló nada del senador Germán Vargas”, aseveró Velásquez. “Estábamos en un establecimiento público y se tomó (aguardiente), pero sin ninguna pretensión de embriagar a nadie. Nunca se habló del programa de protección para ella. Su hijo (Jimmy) nos presentó a otro desmovilizado que trabajaba con alias Pistolete y se convino que eventualmente después hablaríamos con él, pero no se concretó nada”.
El magistrado reconoció que en el encuentro con los potenciales testigos sí se ingirió licor, pero negó categóricamente que se tratara de una estrategia para sonsacarles información. “Nunca había sucedido un encuentro con un testigo en esas circunstancias. Pero nunca hubo mala intención”, recalcó el destacado jurista. El arquitecto de la parapolítica, el avezado investigador Iván Velásquez Gómez, de quien nadie duda sobre su comportamiento transparente, afronta hoy por hoy la más difícil encrucijada de su carrera profesional. La justicia, en últimas, dirá si cometió alguna irregularidad en su empeño por desentrañar la infiltración del paramilitarismo en la política.
El proceso contra Dioselina Ramírez
Dioselina Ramírez era conocida en San Martín (Cesar) como una ‘comadrona’. Entre el 19 y el 21 de agosto de 2001 atendió en su farmacia La Salud a Nohora Mantilla, una mujer de 23 años que se encontraba a punto de dar a luz, y le practicó una intervención quirúrgica que le trajo complicaciones a la joven embarazada.
El 21 de agosto, Nohora fue llevada de urgencia al hospital de Aguachica (Cesar) y un día después, ella y el bebé murieron. Según el parte médico, la paciente presentó una hemorragia, causada por el procedimiento realizado por Ramírez; así como el bebé había muerto por asfixia, al no salir del útero a tiempo.
Por estos hechos, el 3 de diciembre de 2002 la Fiscalía la acusó del delito de homicidio culposo. Sin embargo, aún no se le ha dictado sentencia.  El 27 de septiembre de 2007, la Procuraduría le solicitó al juez de Aguachica que lleva el proceso, Carlos Padilla, que determinara la sentencia, pues los términos de ley para emitir el fallo ya se agotaron.
Dioselina, en el caso de Álvaro Araújo Castro
El pasado miércoles 6 de agosto, Dioselina Ramírez se presentó por primera vez a testificar en el juicio contra el ex senador Álvaro Araújo. Según afirmó Ramírez en la audiencia, ingresó en el programa de protección a testigos luego de que el magistrado auxiliar Iván Velásquez escuchara su petición y la formalizara por escrito.
De acuerdo con la versión de Dioselina Ramírez, su decisión de salir del país fue tomada antes de que se comunicara con los funcionarios de la Fiscalía para solicitar protección, pues su vida corría peligro. No obstante, cuando el alto tribunal la contactó para que declarara, pudo ingresar en el programa sin mayores complicaciones.
La mujer también afirmó que delegados de la Fiscalía hablaron con el juez que lleva su caso por homicidio culposo, pues Ramírez no podía salir del país sin una certificación judicial. Según Ramírez, el juez autorizó su salida, aclarándole que se tendría que acercar al consulado del país al que llegara para acordar cómo pagar la condena que aún no le han dictado.

  • Redacción Judicial | EL ESPECTADOR



 

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