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Testigo en escándalo de “chuzadas” afirmó que se realizaron por orden de la Casa de Nariño: Fiscalía

Esperemos que no sea otro de los testigos comprados por algún magistrado auxiliar para meter a la carcel a todos los Uribistas... Y ojalá fueran así de eficientes para aclarar la FARC-POLITICA y dejar de pasar de "agache"

Caracol | Abril 10 de 2010
 
El fiscal que imputó los cargos contra cinco ex altos funcionarios del DAS capturados por el CTI, reveló que el testigo Carlos Arzayúz afirmó, en declaración, que por orden de la Casa de Nariño se realizaron las “chuzadas” telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Misael Rodríguez, fiscal del caso, señaló que los magistrados de la Corte Suprema, la senadora Piedad Córdoba, y Gustavo Petro, fueron considerados un blanco político.

En la investigación se pudo evidenciar que existieron reuniones entre la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y los integrantes de la inteligencia de la institución, Fernando Tabares y Jorge Lagos, quienes hicieron una división de tareas para iniciar una labor de inteligencia por requerimiento de la Casa de Nariño.

Señala la investigación que no sólo se interceptaron las llamadas de los magistrados, sino sus reuniones privadas, una de ellas en la cual se hablaba del tema de la extradición y la reelección.

Dice la Fiscalía que se obtuvo información sobre las direcciones de las casas de los magistrados, transacciones de vehiculos y cambiarias, además que se “levantaron” 17 perfiles de magistrados de la Corte y se concentraron en cinco de ellos.

Señala el fiscal Misael Ramírez que una de las indagaciones que se hizo sin orden judicial fue contra el magistrado Yesid Ramírez, a partir de un anónimo que nunca llegó a la autoridad competente, pero se ordenó una actividad de inteligencia en su contra.
Dijo que se obtuvo información sobre sus desplazamientos, actividades, entre otros.

Sobre la senadora Piedad Córdoba (alias Teodora Bolivar) dijo que desde la subdirección de inteligencia del DAS se ordenó interceptar llamadas entrantes y salientes, y seguimientos pasivos tanto en Colombia como en el exterior.

Sobre el senador Gustavo Petro, dijo el investigador que se inició una labor de inteligencia contra el grupo de protección del congresista, además que se encontró una carpeta llamada “familia” en el que daba cuanta de los nombres de las personas más allegadas al político.

El fiscal le dijo a la juez que en este caso se evidencia la existencia de una “empresa criminal”, por lo cual señala a los altos funcionarios del DAS de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de autoridad agravado por afectar a funcionarios públicos como los magistrados y congresistas.

A pesar de las pruebas que la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías, que en su mayoría fueron respaldas por la representante de la Procuraduría, los cinco ex altos funcionarios del DAS se declararon inocentes de cualquier cargo.

Legalizan la captura de los cinco ex funcionarios del DAS por las 'chuzadas'


Ante la juez 18 penal municipal, el fiscal del caso, Misael Rodríguez, aseguró que los cinco requeridos, ex directivos del DAS, “actuaron de forma ilícita en contra de magistrados de la Corte, que catalogaban como blancos políticos”.

Ante esas afirmaciones, el fiscal le pidió a la juez del caso legalizar la captura de Fernando Tabares y Alberto Lagos, como jefes de inteligencia del DAS, y Bernardo Murillo, Luz Marina Rodríguez y Germán Alberto Ospina, también integrantes de esta institución.

Según la Fiscalía, se cumplieron todos los requisitos de legalidad para detener a estas personas por los delitos de prevaricato, concierto para delinquir y abuso de autoridad.

Destacó el funcionario que ninguno de los capturados ofreció resistencia al momento de la orden de detención.

Los ex-directivos del DAS están presuntamente involucrados en interceptaciones telefónicas contra dirigentes de derechos humanos, periodistas y magistrados.

Hay que recordar que en octubre del año pasado los capitanes Jorge Alberto Lagos y Fernando Tavares, habían quedado en libertad, luego de que el proceso fuera anulado por orden del fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago.

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