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Al caído, caerle

Septiembre 18 de 2010 Por Rafael Nieto Loaiza

Hay propuestas bien intencionadas que tienen espantosas consecuencias. Una de ellas es la de penalizar a quienes paguen extorsiones. “Quien pague una extorsión será visto como un auxiliador del crimen”, dijo el Ministro de Defensa. Supongo y concedo que el propósito de lo dicho por Rivera ha de ser el de desincentivar un delito que, en los últimos meses, se percibe como creciente.
Curioso, porque las cifras del propio Ministerio muestran una realidad distinta. Si en 2002 se reportaron 6,1 extorsiones diarias, en lo corrido del 2010 la cifra ha disminuido a 3,7, una caída cercana al 40%. Y si bien es verdad que entre 2008 y 2009 la extorsión aumentó notablemente, en este año se reportan menos extorsiones en todos los meses, comparado con el año pasado, excepto en abril y enero. 

De manera que la realidad no coincide con la percepción, una situación nada extraña en materia de seguridad ciudadana donde la forma en que los medios abordan las noticias criminales determina la sensación de seguridad de la población. 

Más allá de la percepción lo cierto es que las cifras muestran que la extorsión está disminuyendo. 

Supongamos, sin embargo, que creciera. ¿Habría entonces justificación para la desafortunada proposición? La respuesta es un no rotundo. 

En una democracia la penalización debe ser la excepción y no la norma. La ciudadanía ha tener el mayor margen posible para el ejercicio sin interferencias, legales o no, de sus derechos y libertades. Las sociedades, a través de sus asambleas legislativas, deben definir el menor número posible de delitos y privar de la libertad tan sólo cuando sea indispensable para garantizar la seguridad de la gente. 

Sólo debe penalizarse la conducta que se considera especialmente gravosa y dañina para la sociedad. Así, el delito supone que quien lo comete atenta contra un bien jurídico que la sociedad considera de tal valía que lo protege por vía de establecer sanciones, incluso privativas de la libertad, a quien lo vulnere. 

¿Cuál es aquí el bien protegido? El Ministerio de Defensa considera que el patrimonio económico, y en consecuencia analiza la extorsión en esa sección de sus informes, junto con las diferentes modalidades de hurto. En este estricto sentido es inexacto, porque la extorsión no necesariamente se comete con el fin de obtener provecho económico.

Como sea, la propuesta supone penalizar a quien ve menoscabado su derecho, es decir, a quien es extorsionado. Y trae como efecto una doble victimización: la inicial, causada por el delincuente al extorsionar, y la final, en cabeza del Estado, que priva de la libertad al extorsionado.

Además, la propuesta llevará a que el ciudadano no denuncie la comisión del delito, porque el resultado será que se abra un proceso penal en su contra y le priven de su libertad. La consecuencia será, pues, exactamente la contraria a la que se busca: incentivará a los delincuentes a extorsionar porque sabrán que sus víctimas tienen un fuerte estímulo para no denunciar. 

Finalmente, la propuesta es perversa, porque traslada a las víctimas la responsabilidad del Estado. Si la extorsión ocurre es porque el Gobierno no puede garantizar al ciudadano la no vulneración de sus derechos. Nadie paga una extorsión porque quiere, sino porque cree que el Estado no puede protegerlo. ¿O no es así, Ministro?


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