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La reforma que nunca llega

24 de abril de 2011 | REGISTRO | Por: Rafael Nieto Loaiza

Muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable
Dicen que los columnistas somos obsesivos y que reiteramos nuestras columnas, bajo distintas formas, una y otra vez. Quizás sea así. Al menos yo, lo reconozco, vivo con la idea permanente de que nuestro sistema de administración de justicia se debate entre el desastre y la vergüenza y que su reforma es la tarea pendiente que ni el anterior gobierno ni éste han logrado acometer. 

No es que no se haya intentado. Me consta que en la administración Uribe, Fernando Londoño lo procuró dos veces, en una de cuyas ocasiones apenas tres temas resultaron ser ajenos al consenso entre las altas Cortes. En lo demás, para mi sorpresa, hubo acuerdo. Y no era esa una reformita de pipiripao, como la de Pretelt de la Vega, un regular economista que posaba de abogado, sino una de calado que tocaba los asuntos estructurales. Al final, el esfuerzo fracasó. Sé también que lo intentaron los ministros de Justicia siguientes, también ellos sin éxito. 

Santos también lo quiso y jugó, como antes Uribe, a alcanzar un acuerdo con las Cortes. Algunos advertimos que ese era el mejor camino para ponerle lápida a la reforma. Así ha sido. Ya el Gobierno tuvo que anunciar que no presentaría proyecto de reforma en esta legislatura. Y sé de inmejorables fuentes que las discusiones al interior de la comisión para la reforma a la Justicia, de la que hacen parte los presidentes de las Cortes y del Legislativo, dan grima y van camino a ningún lado. 

Pero muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable, sin prueba ninguna de su responsabilidad en los hechos y con única base en un supuesto testimonio de alguien cuyo nombre no coincide siquiera con el documento de identidad que dijo tener.

Muy mal anda una administración de justicia que acusa a cuatro jóvenes tecnócratas, ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, por celebrar un contrato directo con un organismo de la OEA con el que desde la década de los 60 todos los ministros del ramo han celebrado idénticos convenios. Y que los priva de la libertad mientras que los juzga, mientras que esa misma Fiscalía pide que los Nule se vayan a su casita, la ‘Gata’ anda suelta y con escoltas por todo el Caribe, y la Suprema le da casa por cárcel a la confesa Yidis Medina.

Muy mal anda una administración de justicia que a fines de 2009 tenía en sus inventarios 1.174.191 noticias criminales de supuestos delitos por esclarecer, y que ese mismo año ingresaba 986.064 casos más, un número que supera el total de los evacuados durante toda la vigencia del sistema penal acusatorio.

Muy mal anda una administración de justicia que esta misma semana, en una leguleyada, ordenaba la libertad de ‘Chucho’, un confeso asesino de las Farc. Y que en los cinco años de funcionamiento del sistema acusatorio produce apenas 5.587 condenas por homicidio cuando en ese mismo período se produjeron, según cifras oficiales, 84.745 asesinatos. Es decir, sólo en el 6,59% de los homicidios encontró culpable. Mal, muy mal anda una Justicia en que un homicida tiene el 94% de posibilidades de que su crimen nunca sea castigado.

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