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Los privilegiados

5 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por Salud Hernández-Mora

Vestir la toga de juez de alta corte debería ser la culminación de una respetable carrera.

La élite judicial se integra a la categoría de jubilados de mejor raza y condición.

Hicieron una trinca para hallar la fórmula que les permitiera tener la mejor pensión posible y coronaron. En eso sí se pusieron de acuerdo todas las altas cortes mostrando que cuando quieren, cuando de billetera se trata, son capaces de unir voluntades sin la menor fisura. Ya quisiera el ministro Vargas Lleras lograr un consenso similar a la hora de reformar la Justicia, proyecto que sus majestuosos togados no tienen interés de conciliar porque como van, están hechos.

La pensión de cada magistrado de alta corte le cuesta al Estado -es decir, a sus conciudadanos- 3.000 millones de pesos de promedio. Como son tantos y hay que agregar los jueces auxiliares que reciben una palomita, el número se multiplica al infinito y se genera un tremendo hueco fiscal y una injusticia clamorosa.


Porque ya saben que los señores togados, más los de la Procuraduría, se jubilan con la cifra del mes que más dinero hayan ganado dentro del último año laboral. (El colombianito de a pie hace el cálculo con la media del salario de sus últimos diez años laborales.)


Y si alguna vez el sistema rechaza el cálculo pensional que los altos magistrados quieren, ni se despeinan. Recurren las sentencias y quedan frescos. Porque pueden presentar su recurso, miren qué belleza, ante el mismo tribunal al que pertenecieron y sus antiguos compañeros les hacen la vuelta.


Así obró, sin ir más lejos, la magistrada Ligia López, que no es que la señora hiciera nada distinto a los demás, sino que la menciono por ser la sentencia más reciente que he visto.
El fallo es de febrero del 2009 y como el lector bien supone, el Consejo de Estado, del que fue miembro la demandante hasta el 2008, tuvo a bien concederle sus exigencias sin pudor alguno. Eso significa que condenaron al Seguro Social, es decir, a los colombianos, a otorgarle todas las abusivas ventajas que disfrutan los majestuosos togados, aunque no tuviera en principio derecho.


La Corte Suprema ha hecho lo propio en otros casos, porque todos han consagrado una y otra vez con sus sentencias un decreto que data de 1971 por el cual esa élite judicial se integra a la categoría de jubilados de mejor raza y condición, a la que pertenecen los honorables legisladores.


Esos mismos jueces que en infinidad de casos defienden con sus fallos que a otros ciudadanos del común les reduzcan las pensiones son los que tienen la desfachatez de favorecer a los de su gremio. Vía tutelas, modifican regímenes y tumban los topes que intentan imponerles algunos gobiernos preocupados por evitar que la carga pensional de unos pocos quiebre al país de todos.


Cabe recordar que desde el 31 de julio del 2010 está en vigor una norma que impone un límite a las pensiones de 25 salarios mínimos, cantidad que rige para todos los mortales, excepto para magistrados y otras especies mencionadas.


Vestir la toga de juez de alta corte debería ser la culminación de una respetable carrera, más que una manera de conseguir gabelas vitalicias. Algún día recuperarán ese espíritu.


NOTA. La sentencia sobre Las Delicias es un exabrupto aún mayor que el de los computadores de 'Reyes'. Antes que a los altos mandos, deberían meter presos a los presidentes y ministros de Defensa que dejaron a las Fuerzas Militares pelear sin recursos y al país rural, abandonado a su suerte. Los culpables fueron esos dirigentes que miraban la guerra desde sus oficinas bogotanas, como si ocurriera en otras naciones lejanas. Si en el gobierno Samper las Farc llegaron a realizar 27 ataques en un solo día, incluido el de la base de Las Delicias, se debió a que estaba concentrado en salvar su pellejo político en lugar de preocuparse en proteger a sus compatriotas. Si hay que investigar a alguien que empiecen por él y sus ministros.

El Tiempo – Bogotá - Colombia

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