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Momento final. La última decisión

5 de agosto de 2011 | OPINIÓN | Por: JORGE MONROY
El presidente Santos no tiene el efecto teflón de la del presidente Uribe, y todas las encuestas independientes ya dan cuenta de ello. El fantasma de la inseguridad empieza inquietar la mente de los inversionistas, de los empresarios y de los ciudadanos, lo cual evidentemente implicara un costo político que se pagará con popularidad.
No hay ninguna duda: la seguridad democrática y el uribismo se encuentran bajo ataque. Un ataque combinado desde todos los frentes imaginables. Los más relevantes que puedo describir en este momento son los que provienen de los medios de comunicación, de la rama judicial, del Ejecutivo, del bloque bolivariano, de las FARC y de los miembros civiles políticamente activos que representan los intereses del terrorismo. La situación es cada vez más apremiante y ya se empieza a percibir la desesperación de quienes nos habíamos sentido orgullosos del logro de haber dejado atrás la horrible noche del terrorismo. Estimado señor lector, el ejercicio de mostrar las pruebas ya resulta simplemente fútil debido esencialmente a que en el estadio actual del proceso sus actores ya no necesitan siquiera poner sobre sí mismos un velo de secretismo, sino que por el contrario, están buscando a partir de sus actuaciones generar toda corriente de opinión que apoye sus oscuros propósitos. Si hablamos de los objetivos, el lector podrá extrapolar de la manera más adecuada los sucesos, algunos hablan de una negociación secreta de paz, otros hablan del inminente ingreso al grupo del Alba, otros afirman que se busca un gobierno de las FARC, entre muchas alternativas posibles. Sin embargo, en este artículo no me detendré en ninguna de ellas. Ahora quiero enfrentar una realidad inevitable, la seguridad democrática se está desmantelando.

Por esto, espero servir de hoja ruta frente a toda nuestra comunidad identificada y defensora firme y sin titubeos de esta política, respondiendo a la pregunta que todos tenemos en mente, iluminada por el fuego de nuestra indignación, y cuya llama se atisba cuando ocurren esos sucesos indignantes, cada vez más frecuentes: ¿qué hacemos para evitar lo que todos sabemos que viene?


Antes que nada, señor lector, si es posible. Si bien el espíritu pesimista ha invadido a los colombianos honrados que están en abierto de desacuerdo con el gobierno de Santos, la propaganda oficial, el poder y la indignación no pueden llevarnos al extremo de auto-amordazarnos. Es ahora cuando las voces de quienes creemos que el ejercicio de la autoridad es vital para toda la viabilidad del país, deben estar más elevadas, ya no sólo hablando, sino gritando.

Dicho esto, empecemos a reflexionar sobre nuestras opciones entendiendo nuestros problemas. Para efectos del desarrollo de este escrito, los condensaré en tres grandes problemas: el primero, la falta de voluntad política del Ejecutivo para afrontar el problema del narcoterrorismo por medio del ejercicio firme del poder del Estado; el segundo, la completa alineación de la rama judicial con los intereses políticos de su conveniencia y con los del terrorismo bien sea directa o indirectamente, por acción o por omisión, y el tercero es claramente el regreso de la ideología del apaciguamiento mediante la cual el Estado renuncia al ejercicio de la fuerza a cambio de las migajas de paz que el grupo armado al margen de la ley quiera darle.

El primer problema es evidente, ya no se culpa a las FARC de sus propios crímenes sino que se busca una proxy para cada uno de ellos. Es decir, si las FARC queman un camión, no es culpa de las FARC, sino del camionero que no respeto el protocolo de seguridad, si atacan siete poblaciones al tiempo, se describe como un suceso favorable para la selección, incluso, si se pone una bomba en el busto de Laureano Gómez, el gobierno se apresura a culpar a una entidad amorfa e incolora denominada mano negra. Se llega incluso al ridículo de pedirle a los grupos de secuestradores, que por favor revelen el paradero de sus secuestrados. Esto es digno de la política colombiana del siglo pasado, por allá, cuando Ernesto Samper enredaba al país en la oscuridad del proceso 8.000, o de cuando producto precisamente de la gestión de este nefasto personaje, Andrés Pastrana se vio forzado a negociar la rendición del Estado con las FARC.
El segundo problema, es también visible y no mantiene ningún velo de secretismo, los altos estamentos judiciales mantienen un claro alineamiento con los intereses del terrorismo. El ejemplo más claro, es la criminal actuación de no permitir como prueba los computadores de Raúl Reyes, permitiendo que todos los procesos basados en aquéllos se cayeran, dándole libertad a terroristas probados. El lector decidirá si creer que esta acusación es exagerada o más bien acertada, sin embargo el resultado es el mismo: Alias Cienfuegos sigue libre, La Farcpolitica se cayó definitivamente y los vínculos de los países vecinos con el terrorismo siguen en el más sepulcral de los silencios. Sin embargo, éste es sólo uno de los lados del icosaedro maligno de la justicia. Plazas Vega está en prisión incluso habiéndose desmentido todo en cuanto se sostenía el proceso, Juan David Ortega y otros cuatro ex funcionaros del Ministerio de Agricultura siguen en prisión sin haber sido sentenciados, acusados de crímenes que atentan contra el más básico sentido común. Andrés Felipe Arias y Bernardo Moreno también están encerrados por la arbitrariedad de la Fiscalía y la permisividad de un juez, mientras esperan en prisión su sentencia, atentando contra cualquier derecho humano imaginable. ¿Cuál es su delito? En el caso del coronel, ninguno, pues la fiscal encargada de su proceso fabricó, como ya fue demostrado por Ricardo Puentes, las pruebas para su condena. En el caso del programa Agro Ingreso Seguro, ninguno, pues el delito lo cometieron algunas familias en la costa, que parcelaron sus tierras, mientras que a todos ellos los acusan de peculado por apropiación a favor del IICA. En el caso del último, un oscuro episodio claramente sobredimensionado en el cual la corte es juez y parte. Todos estos sucesos tienen algo en común, buscan una sola incriminación a Álvaro Uribe mediante la tortura de la privación de la libertad sin sentencia.

El tercer problema es posiblemente el más oscuro de todos: el apaciguamiento de cara a la paz. Sin embargo, al igual que en los otros tres grandes problemas las señales están ahí: la aprobación de las leyes de víctimas y tierras, en contra de cualquier sentido común de tipo fiscal social y de dignidad; la aceptación tácita de que en Colombia hay un conflicto interno, la reforma a la ley que regula los indultos; los coqueteos de paz del ELN, la grosera forma en la que se ignoran realidades evidentes de las FARC en Venezuela: todo esto, no es casualidad, ni siquiera —por tentador que resulte decirlo— incompetencia. Es parte de un proceso en el cual, se necesitan cambiar las estructuras estatales de ocho años de cara a un proceso de paz con las FARC.

Con estos tres problemas esenciales claros, ahora sí, podemos determinar nuestras opciones, no sin antes recordar los primeros párrafos de este articulo: sí podemos detener los procesos antidemocráticos que Juan Manuel Santos pretende imponer a la sociedad, por una razón muy simple: unidos, no hay nada que no podamos hacer, ese debe ser el más importante activo de la seguridad democrática que nos quieren borrar: el hermoso recuerdo de las marchas de febrero de 2008, los grandes éxitos militares, la supervivencia al criminal embargo comercial de Hugo Chavéz y Rafael Correa; bien sea por convicción y obligados por las circunstancias, los colombianos ya fuimos valientes, y estuvimos muy cerca de ver las estructuras criminales terroristas derrotadas por la acción del Estado, apoyado por la gran mayoría de los colombianos.

Así pues, ¿qué podemos hacer? Varias cosas: una de ellas empezar a generar un movimiento de opinión que permita que se pueda incluir el proceso revocatorio de mandato presidencial. Es claro que esta opción debe pasar por un Congreso dominado en su totalidad por la mesa de Unidad Nacional, estoy pensando a futuro. La popularidad del presidente Santos no tiene el efecto teflón de la del presidente Uribe, y todas las encuestas independientes ya dan cuenta de ello. El fantasma de la inseguridad empieza inquietar la mente de los inversionistas, de los empresarios y de los ciudadanos, lo cual evidentemente implicara un costo político que se pagará con popularidad. Para cuando el efecto sea crítico, una vasta mayoría de políticos que buscaban réditos burocráticos y electorales en la Unidad Nacional la abandonarán con la misma celeridad con la cual Juan Manuel Santos abandonó el legado de la seguridad democrática, y es justo en ese momento cuando un proyecto como el que propongo arriba, será viable; sin embargo, el trabajo debe empezar ahora.

Otra opción, requiere un esfuerzo coordinado de redes sociales mucho más comprometido: una nueva gran marcha contra las FARC, sería devastadora para la política del apaciguamiento. Esta opción es particularmente complicada, en la medida en que se juega con la propaganda oficial en contra, sin embargo, con un tiempo prudencial y aprovechando las crecientes preocupaciones por la seguridad, es posible. Si bien el pasado intento no tuvo el impacto que todos hubiéramos esperado.

Por otro lado, entiendo que un tweet o una entrada en Facebook no parezcan una acción política digna de la gravedad del problema, pero es hoy por hoy, el arma más poderosa que las personas tienen a su disposición. Todas las propuestas que lleven a información y visibilidad por internet, son poderosas y su impacto podría ser incluso mayor si se puede sacudir la idea de que protestar por medios virtuales es irrisorio, por otro lado, la divulgación de medios independientes —como Atrabilioso— se hace trascendental para esto.

Otra tarea vital, es trazar y hacer visible nuestro mapa político, es decir, encontrar todos aquellos candidatos que —parafraseando a Jaime Ruiz— no refrenden el santismo, sino que lo enfrenten, esto sería un golpe político muy fuerte al gobierno de turno, pues con nuestro voto podríamos castigar la política de turno. En este punto, la ciudad de Bogotá se convierte en un punto estratégico vital, en la medida en que confluyen cuatro opciones santistas, contra una que representa al uribismo. Si bien es claro que nos hubiera gustado ver a Luis Carlos Restrepo en la alcaldía, Enrique Peñalosa representa en alguna manera un equilibrio perfecto, entre lo mejor para Bogotá y lo menos bueno para Santos.

Sin embargo, todas estas tareas están determinadas por la más importante de todas: una Constituyente. Esto puede generar una verdadera solución definitiva a los tres grandes problemas descritos previamente: en primer lugar, la Constitución colombiana al haber partido de un ejercicio de rendición del Estado a favor de los grupos narcotraficantes y terroristas de los años noventa, establece mecanismos para que esto se instituya como política de Estado, es decir, crea el delito político, y por ende permite a todos los gobernantes ejecutar conversaciones de paz con asociaciones de criminales. En segundo lugar, determina el sistema que hace de la justicia un elemento completamente politizado, y al cambiar sus elementos fundantes se puede determinar un esquema mediante el cual la carrera en la rama judicial no genere réditos políticos. En adición, podría solucionarse de una vez por todas, la dicotomía frente a los objetivos superiores de la patria y la interpretación política de las leyes, que sirve de excusa a los honorables magistrados para justificar sus deplorables decisiones.

Finalmente, establecer a nivel constitucional responsabilidades claras en la seguridad nacional y prohibir la negociación con grupos terroristas; un esquema de Estado que favorezca el imperio de la ley es el objetivo ulterior de todos los que esperamos tener una sociedad estable, de cara a los retos que nos presenta el siglo XXI.


Por último quiero agregar que es un momento crucial para la historia de Colombia. O asumimos con la cabeza erguida la misión de la defensa por todos los medios democráticos de la política de seguridad, de ejercicio firme de la autoridad del Estado, o nos espera el regreso a un país que todos los que vivimos la década de los noventa conocemos muy bien, con el agravante de que si Santos tiene éxito, dos cosas ocurrirán con total certeza: tendremos que ver al genocida alias Alfonso Cano aspirando a la presidencia de la República, y los uribistas seremos los dementes que no queremos la paz, enemigos públicos, sometidos al escarnio público. Entonces, sugiero que cambiemos las críticas, escojamos la opción que más nos guste y comencemos a trabajar.

Twitter: @Jorge_maxPower

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