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Un año de Santos, ¿se fortaleció la democracia?

9 de agosto de 2011 | OPINIÓN | Por: Paloma Valencia Laserna
Al hacer un balance del primer año del presidente Santos es interesante atender a las críticas que muestran en los resultados del gobierno una faceta que parece afectar la estructura de la democracia y el deber ser del Estado de Derecho. Un análisis así otorga la posibilidad de evaluar al gobierno desde una perspectiva más teórica que práctica.
La primera observación que muchos ciudadanos hacen sobre el mandato de Santos es que no cumplió con lo que sus electores esperaban de él. Fue elegido por las mayorías uribistas, y son estas precisamente las que hoy en día se sienten menos satisfechas con su gobierno. No se trata de nostalgia, ni de la falsa pretensión de que Santos fuera Uribe; sino de un compromiso ideológico que Santos asumió como candidato e incumplió como presidente. La seguridad en el país ha tenido un deterioro creciente. La situación en el Cauca, Cesar y otras regiones del país es preocupante. Santos parece indiferente al asunto, y lo que es más, menosprecia a quienes lo critican.

Ahora bien, no seguir los pasos de Uribe le ha otorgado otros beneficios a Santos; los acérrimos críticos del uribismo se han convertido en sus más vehementes seguidores. Así los medios de comunicación, que en su mayoría eran antiuribistas, ahora respaldan a Santos. La fuerte oposición que enfrentaba a Uribe se ha desvanecido, y casi todos los partidos de oposición hacen parte de la Unidad Nacional –liberales y Verdes. Son quienes no votaron por Santos quienes mejor representados se sienten. En materia democrática cabe preguntarse cuál debería ser el compromiso de quien es elegido con el mandato de sus electores.

Muchos se han mostrado satisfechos con el manejo de las relaciones internacionales. La presidencia de Unasur y el puesto en el Consejo de Seguridad  de la ONU son resultados que este gobierno consiguió sin mucho esfuerzo. Se reestablecieron además las relaciones con Chávez y Correa. Para muchos, sin embargo, semejantes avances no son significativos; sostienen los críticos que el manejo internacional está buscando mayor protagonismo para Santos, y no necesariamente favorecer los intereses de los colombianos. Según esto, los esfuerzos de la actual  canciller se parecen a los que hiciera Noemí Sanín a favor de Cesar Gaviria: una campaña que beneficia más a la persona del presidente que a la nación, y cuyo resultado esperado es la posición que el presidente Santos podrá ocupar una vez termine su mandato.

Se aprobaron grandes reformas legales: la ley de víctimas y restitución de tierras, el estatuto anticorrupción, la reforma política, la ley de ordenamiento territorial, el estatuto de oposición, la reforma constitucional a las regalías y la sostenibilidad fiscal. A pesar de que se trata de cuerpos legislativos de fundamental importancia para el país, los críticos sostienen que fueron aprobados con poco o casi ningún debate, de manera que se desconoce su contenido y la ciudadanía será sorprendida con reformas que no conoce. Vale la pena reflexionar si la falta de oposición es grave para el sistema democrático, los efectos que esto tiene sobre el control político y la pertinencia de la aprobación de las leyes a pupitrazo.

El Gobierno hizo esfuerzos por mantener una buena relación con las Cortes, y generosamente discutir con ellas la reforma a la justicia -una rama puede suministrar información sobre cómo debería ser la reforma, pero no dictarla, pues aquello no hace parte de sus funciones, sino de las de ejecutivo como autor y del Congreso como órgano legislativo. Aun así la relación con las Cortes es tensa, a tal punto que estas han pedido veeduría internacional para la reforma que se avecina. Tal situación muestra, para muchos, que el problema de las Cortes trasciende el enfrentamiento con el gobierno anterior, y evidencia que hay un desbordamiento del poder de esa rama; la reforma es ineludible.


@palomavalencial

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