6 de enero de
2012 | La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA
LASERNA
La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos.
‘Los urabeños’ ordenaron un paro,
la sociedad asustada siguió las instrucciones de los violentos y el Estado no
pudo evitarlo. Dos ciudades de la importancia de Medellín y Santa Marta
tuvieron parte del transporte y el comercio paralizados; más de 16 municipios
de Chocó, Sucre, Magdalena y Antioquia estuvieron sitiados bajo la amenaza. Es
un hecho sin precedentes; los paros de los violentos habían sido sobre
poblaciones alejadas y pequeñas.
Aquello muestra que el miedo aún domina a muchos colombianos. Luego de
estos largos períodos de violencia que nos ha tocado vivir, donde el Estado ha
sido –la mayoría del tiempo- incapaz de brindarles una adecuada protección a
los ciudadanos, la gente se siente vulnerable. Las amenazas de los violentos
son creíbles, porque conocemos su capacidad destructiva y hemos visto la
incapacidad del Estado para detenerlos. En este contexto el llamado del
Gobierno para que los ciudadanos no hagan caso de las amenazas y no paguen
extorsiones, “no se dejen amedrentar”, parece descontextualizado.
La lucha contra los violentos tiene dos aspectos: el primero, es el
enfrentamiento directo, y en lo que se refiere a ‘los urabeños’, el Gobierno
está acertando; el líder fue dado de baja y muchos de sus miembros han sido
detenidos. El otro aspecto es la percepción de seguridad que tienen los
ciudadanos; la certidumbre de que el Estado está dispuesto a protegerlos y de
que tiene la capacidad de hacerlo eficazmente. En esto parece estar fallando el
Gobierno. Así lo dicen las encuestas donde la mayoría de la población cree que
en seguridad estamos empeorando, y lo demostró este paro; los ciudadanos se
sintieron amenazados de manera real.
El miedo es un factor muy poderoso; es un dispositivo que se activa como
mecanismo para proteger la vida. Sería, por supuesto, deseable que la sociedad
no considerara creíbles las amenazas y que los ciudadanos tuvieran la confianza
en el Estado para desafiar abiertamente esas órdenes; pero no es así. Pese a
los esfuerzos realizados para recobrar la seguridad este es un bien jurídico
frágil y sensible. Los colombianos temen y con razón a los violentos; y el
Estado lejos de convencer con palabras sobre su capacidad, debe demostrarlo con
sus actos.
La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que
ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que
hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen
los pagos. El argumento se parece al que se usó -ya hace unos años- para
prohibir el pago de los rescates por secuestros. Esa normatividad fue declarada
inconstitucional por la Corte, pues la decisión sobre si pagar o no por un
secuestrado, no la puede tomar el Estado. Corresponde a cada individuo medir
los riesgos que está dispuesto a correr, evaluar la credibilidad que le otorga
a las amenazas o el miedo que le infunden los violentos. Se trata de un cálculo
donde están de por medio la vida y los derechos más íntimos y personales. Tener
miedo es una conducta tan natural e instintiva como tener hambre. El Estado no
puede desconocerla ni pretender que existe una obligación de los ciudadanos de
superarla.
Para vencer el miedo el Gobierno debe actuar, derrotar las causas del
temor y demostrar que está en la capacidad de protegernos. Mientras la
percepción de inseguridad siga creciendo, el temor seguirá mandando. Hace unos días
la comunidad de Soacha protestó e impidió la salida de una base militar ubicada
en la zona. Los vecinos temían quedar a merced de los delincuentes. Así se
sienten la mayoría de los colombianos que no tienen la Fuerza Pública muy
cerca.
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