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Tener miedo es un derecho

6 de enero de 2012 | La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA
La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos.
Los urabeños’ ordenaron un paro, la sociedad asustada siguió las instrucciones de los violentos y el Estado no pudo evitarlo. Dos ciudades de la importancia de Medellín y Santa Marta tuvieron parte del transporte y el comercio paralizados; más de 16 municipios de Chocó, Sucre, Magdalena y Antioquia estuvieron sitiados bajo la amenaza. Es un hecho sin precedentes; los paros de los violentos habían sido sobre poblaciones alejadas y pequeñas.
Aquello muestra que el miedo aún domina a muchos colombianos. Luego de estos largos períodos de violencia que nos ha tocado vivir, donde el Estado ha sido –la mayoría del tiempo- incapaz de brindarles una adecuada protección a los ciudadanos, la gente se siente vulnerable. Las amenazas de los violentos son creíbles, porque conocemos su capacidad destructiva y hemos visto la incapacidad del Estado para detenerlos. En este contexto el llamado del Gobierno para que los ciudadanos no hagan caso de las amenazas y no paguen extorsiones, “no se dejen amedrentar”, parece descontextualizado.
La lucha contra los violentos tiene dos aspectos: el primero, es el enfrentamiento directo, y en lo que se refiere a ‘los urabeños’, el Gobierno está acertando; el líder fue dado de baja y muchos de sus miembros han sido detenidos. El otro aspecto es la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos; la certidumbre de que el Estado está dispuesto a protegerlos y de que tiene la capacidad de hacerlo eficazmente. En esto parece estar fallando el Gobierno. Así lo dicen las encuestas donde la mayoría de la población cree que en seguridad estamos empeorando, y lo demostró este paro; los ciudadanos se sintieron amenazados de manera real.
El miedo es un factor muy poderoso; es un dispositivo que se activa como mecanismo para proteger la vida. Sería, por supuesto, deseable que la sociedad no considerara creíbles las amenazas y que los ciudadanos tuvieran la confianza en el Estado para desafiar abiertamente esas órdenes; pero no es así. Pese a los esfuerzos realizados para recobrar la seguridad este es un bien jurídico frágil y sensible. Los colombianos temen y con razón a los violentos; y el Estado lejos de convencer con palabras sobre su capacidad, debe demostrarlo con sus actos.
La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos. El argumento se parece al que se usó -ya hace unos años- para prohibir el pago de los rescates por secuestros. Esa normatividad fue declarada inconstitucional por la Corte, pues la decisión sobre si pagar o no por un secuestrado, no la puede tomar el Estado. Corresponde a cada individuo medir los riesgos que está dispuesto a correr, evaluar la credibilidad que le otorga a las amenazas o el miedo que le infunden los violentos. Se trata de un cálculo donde están de por medio la vida y los derechos más íntimos y personales. Tener miedo es una conducta tan natural e instintiva como tener hambre. El Estado no puede desconocerla ni pretender que existe una obligación de los ciudadanos de superarla.
Para vencer el miedo el Gobierno debe actuar, derrotar las causas del temor y demostrar que está en la capacidad de protegernos. Mientras la percepción de inseguridad siga creciendo, el temor seguirá mandando. Hace unos días la comunidad de Soacha protestó e impidió la salida de una base militar ubicada en la zona. Los vecinos temían quedar a merced de los delincuentes. Así se sienten la mayoría de los colombianos que no tienen la Fuerza Pública muy cerca.

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