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Preconstituyendo la prueba contra Uribe

8 de marzo de 2012 | ANÁLISIS | Por: SERGIO ARAÚJO

El cerco alrededor de Álvaro Uribe cada día se estrecha más dramáticamente. Ya nadie duda que el expresidente es víctima de una estrategia de desprestigio para borrarlo de la historia y encarcelarlo.
¿Pero cómo? ¿Con qué cargos? ¿Con qué pruebas? Sencillo: Había que preconstituir las pruebas…
Todo empezó cuando Uribe se inclinó a favor de la facultad de la Corte Constitucional, como intérprete de los derechos constitucionales y su capacidad para fallar tutelas que pudieran tumbar sentencias de la Corte Suprema. Como es en el resto del mundo…
Después vino un borrascoso episodio telefónico entre Uribe y Yesid Ramírez, en el que se gritaron improperios. El clima se agravó por ¿la torpeza? de negarse a nombrar algunos familiares de magistrados que habían pedido puestos. Luego, a la cocción de ese caldo envenenado, concurrió la oposición encabezada por Petro, Robledo, Avellaneda y otros del extinto Polo, que hasta entonces no eran más que unos tipos inteligentes a los que nadie les paraba bolas en el Congreso, pero junto a los magistrados enardecidos, esa falange de guerreros pudo artillarse con las armas de la Corte y se volvió una poderosa escuadra de batalla.
Algunos periodistas, expresidentes, y resentidos por Uribe, se fueron integrando a ese grupo de presión, minoritario en cantidad pero tremendamente letal en lo político, especialmente por el poder judicial, que le puso colmillos al empeño.
Cesar Gaviria, astuto como es, entendió el cuarto de hora, abandonó el institucionalismo de su oposición política mesurada y sumó al Partido Liberal que entró feroz a la cruzada antiuribista. Muchos entendieron lo que venía y saltaron del barco. Pero Uribe no entendió.
Todo esto más o menos se sabe, nada es nuevo. Lo que no resulta claro es ¿por qué Uribe no se dio cuenta? Ellos, conscientes de cuan improbable resulta tumbar o llevar a juicio al Presidente en un sistema que entrega al Congreso la competencia para investigarlo, optaron por apostar a la competencia excepcional de la Corte Penal Internacional que solo asume cuando la justicia de cada país no opera.
¿Pero cómo? ¿Con qué cargos? ¿Con qué pruebas? Sencillo: Había que preconstituir las pruebas.
La prueba preconstituida es aquella que existe antes de la apertura del proceso judicial, está a disposición de juez en cualquier momento y podrá ser agregada a la causa una vez iniciada. Entendido esto, el sector del poder judicial comprometido contra Uribe, empezó a construir el acervo probatorio que demostraría que Álvaro Uribe no fue más que la cabeza indiscutible de la Máquina de Guerra (teoría de Roxin) que pretendió materializar, desde el Ejecutivo, la “refundación” del Estado que quedó consignada por las autodefensas en el famoso Pacto de Ralito.
Los magistrados comenzaron por desempolvar viejos anónimos, sobre la intervención de los paras en las elecciones a Congreso. Las denuncias dormían el sueño de los justos desde el 2000 pero solo se acordaron en 2006. ¿Prevaricaron? Quizá sí.
Precisamente por tener la competencia para investigar y acusar al Presidente había que volver a los parlamentarios parte de la causa y de la prueba, pues para que la CPI pudiera intervenir había que contaminar a quienes faculta la Constitución para investigar al Jefe del Estado. Por eso, el primer paso fue encarcelar y condenar masivamente la bancada gobiernista.
La Corte cambió jurisprudencias y moduló el alcance del delito de sedición (demasiado leve) porque para aplicar la teoría de Roxin era necesario adecuar, primero a los paramilitares y después a los congresistas, en el tipo penal conocido como Concierto para Delinquir.
En muchos casos era cierto. Sería mendaz negar que los paramilitares intervinieron las campaña de 2002 e incluso las de 2000, y antes las de 1998, tan violentamente como las intervino la guerrilla durante tres décadas, sin que el poder judicial moviera un dedo.
Pero la “barrida” de la bancada gobiernista no distinguió culpables de inocentes, mucho menos respetó su propio precedente jurisprudencial, ni cuidó el debido proceso. Todo fue válido, la Corte llegó incluso a condenar personas que jamás juzgó. Se arrasó el esquema garantista, y la Corte Constitucional decidió agacharse y no proteger los derechos de los procesados.
Sin embargo no bastaba, había que incluir a los colaboradores cercanos. Por eso, Jorge Noguera conocido en Santa Marta como persona de bien, fue procesado y condenado tras haber desenmascarado a un delincuente condenado, que la Corte ungió -para vergüenza histórica- como “testigo estrella”.
Pero se necesitaba más, por eso persuadieron a Yidis, y con su sospechosa autoinculpación lograron imputarles delitos a dos ministros, por -quizá- hacer lo que antes y después hicieron todos los ministros.
Tampoco era suficiente, y amarraron al tema paramilitar -que es rural- el tema del campo, para eso usaron unas sinvergüenzuras de particulares y las presentaron como delitos de funcionarios. Ahí nació AIS, y encarcelaron otro ministro con su equipo.
Lo penúltimo es lo de Luis Carlos Restrepo, quien desmovilizó una fuerza mortífera que nació ante la indolencia del Estado y con el pretexto de financiar la lucha antisubversiva abarcó todas las esferas de la ilegalidad. En cualquier país serio Restrepo merecería un reconocimiento por materializar -con la lengua- el desarme y desmovilización de las AUC; pero la fuerza de tarea antiuribista convirtió la desmovilización de un frente guerrillero en cuatro delitos.
Lo último es el insólito encarcelamiento de Rodolfo Campo Soto, exdirector del Incoder, por la supuesta celebración ilegal de un contrato con la OEA. Aunque la Fiscalía no solicitó que se encarcelara, la juez de control, a motu proprio decidió su “alta peligrosidad” y lo clavó en un calabozo. No importó su trayectoria intachable, 70 años de vida inmaculada, ni la penosa debilidad probatoria. ¡Por ser uribista merecía cárcel también!
En la tarea de fabricar (o preconstituir) pruebas contra Uribe nada es demasiado descabellado.
Un politizado y poderoso sector de la Justicia, instigado por políticos, y permeado por la izquierda armada que infiltró su gente en el poder judicial, está llevando a cabo un plan milimétrico para que la Corte Penal Internacional investigue a Uribe como el presunto jefe de una gigantesca organización criminal con aparato armado, ala política, derivaciones en corrupción oficial, narcotráfico, violaciones de derechos humanos, agresiones a países vecinos y toda suerte de crímenes contra la ley y la humanidad que quepan en las ilimitadas posibilidades de este grupo que, hasta ahora, va ganado la partida a un Uribe que no sabe cómo defenderse.
No es fácil. Esa amalgama de formas de lucha que mezcla ingredientes político-jurídico-mediáticos es la más letal y depurada versión del concepto.
Todos esos procesos no buscan justicia, moralidad ni nada altruista o admirable. No. Cada persona encarcelada, imputada o condenada, solo va engrosando el acervo probatorio con el que intentan crucificar al expresidente.
Ese es el plan.
Espero que, por decirlo, no me fabriquen pruebas para embutirme también en una adecuación típica sobre medidas. No lo descarto, al fin y al cabo toda tiranía es arbitraria.

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