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Paradojas

6 de mayo de 2012 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna
La seguridad en el país ha venido desmejorando; es alarmante y preocupa, y por eso conviene buscar las posibles causas. Esta semana se han dejado ver un par de paradojas que afectan la seguridad y la justicia, y conviene denunciarlas.
Al Gobierno Nacional no le gusta la crítica política y la oposición está condenada a epítetos para descalificarla como los de ‘mano negra’ o ‘idiotas útiles
En el Congreso se tramita el fuero militar y se discuten los mecanismos para evitar que los delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces de los militares sean juzgados por la Justicia Penal Militar -pues según la Comisión de expertos, eso daría lugar a la impunidad; y al mismo tiempo, se avanza en la aprobación del Marco Jurídico para la Paz que otorga beneficios a los miembros de grupos armados al margen de la ley y consagra la impunidad para ellos. La contradicción es evidente: los guerrilleros dedicados al narcoterrorismo y que han sembrado el dolor en tantos pueblos y ciudades colombianas, tienen en Roy Barreras y la Unidad Nacional la garantía para obtener mecanismos para su reinserción en condiciones de impunidad. Esto contrasta con la situación de militares: para ellos no hay rebajas y concesiones; se busca endurecer sus juicios a pesar de que ellos están dedicados a la defensa de la democracia y la protección de la ciudadanía.
Sobre el mismo Marco Jurídico para la Paz muchos colombianos venimos haciendo la advertencia de que se trata de un proyecto que no debe ser aprobado, pues consagra elementos que darán lugar a la impunidad. El texto dice que la Justicia Transicional tendrá criterios de priorización y selección; y corresponderá a la Fiscalía determinar contra quienes suspenderán la ejecución de la pena y contra quienes cesarán la persecución judicial. Y además establece el terrible principio de que sólo se procesará a los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. No hay que ser un estudioso del derecho para entender que el castigo de estos crímenes será sólo para algunos cabecillas; o incluso los cabecillas podrán responsabilizar a mandos medios para salir libres.
En ese mismo sentido, se expresó el expresidente Uribe y, además, recalcó la necesidad de que los derechos políticos de los reinsertados fueran limitados para evitar que la violencia sea -otra vez- un vehículo político. Sin embargo, aquellos comentarios fueron ignorados; no le merecieron al Gobierno ninguna respuesta. Paradójicamente apareció Human Rights Watch y opinó lo mismo; pero la voz de Vivanco removió al Gobierno, lo que ha dado lugar a nutridas respuestas y justificaciones del proyecto.
El hecho es desconcertante; corrobora que al Gobierno Nacional no le gusta la crítica política y que la oposición está condenada a epítetos para descalificarla como los de ‘mano negra’ o ‘idiotas útiles’, y muestra esa tendencia a prestar más importancia a los organismos internacionales que a los propios nacionales. Sobre la ausencia de oposición y la necesidad de que este Gobierno oiga a sus críticos se ha dicho mucho, así que conviene adentrarlos en el análisis de la internacionalización de nuestros problemas.
La idea, ya muy arraigada entre nosotros, de que la comunidad internacional vive pendiente de lo que sucede en Colombia es falsa, y confunde esa comunidad con la sociedad global. Lo cierto es que los colombianos somos los únicos llamados a solucionar nuestro conflicto, pues nos afecta a nosotros. Se trata de la construcción de nuestra sociedad y nuestra nación. Las colaboraciones internacionales son bien recibidas, pero no pueden marcar la pauta de nuestro debate y nuestras decisiones.
Fecha: Mayo 4, 2012

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