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Dic 10 de 1948
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En plena emergencia

No se sabe qué es peor: si la forma como quedaron escritos algunos de los decretos expedidos en el marco de la Emergencia Social o los intentos desesperados y confusos del Gobierno por aclararlos. Y es que dos semanas después de conocidas estas normas con fuerza de ley, que en conjunto se parecen mucho a una reforma estructural del sistema de salud, la incertidumbre crece por cuenta de lo que médicos, pacientes, afiliados, hospitales, farmacéuticas y entes territoriales interpretan al leerlos. No hay uno solo que no se sienta afectado con ellos.
No obstante, una mirada con cabeza fría permite sacar varias cosas en claro. La primera es que el sistema de salud hace agua por todos lados debido a las gigantescas deudas acumuladas, al gasto desbordado, a los abusos de algunos médicos y pacientes auspiciados por una justicia manilarga, a la corrupción, a la falta de vigilancia y control y a la excesiva intermediación, entre otras causas. A ese desorden general, en el que se diluyen cerca de 22 billones de pesos al año, que son los recursos que maneja el sector, contribuyeron los remiendos permanentes a los que fue sometido el esquema, pese al constante clamor general, del que hizo eco la Corte Constitucional, de que se adoptaran soluciones estructurales.
Esa es la razón por la que, pese al ruido y al inconformismo de los últimos días, hay que entender que era urgente una reforma para contener el desangre y poner las cosas en su lugar. Era eso o el colapso.
También es claro que muchos cambios necesarios planteados en los decretos de Emergencia Social jamás hubieran podido superar su paso por el Congreso de la República, dada la infinidad de intereses que tocan. Entre esas medidas hay que destacar la consecución de nuevos recursos vía impuestos a cigarrillos, cerveza, licores y juegos de azar para cubrir deudas y darle liquidez al sistema. Igualmente, el control de la evasión y la elusión de aportes, el castigo severo de los actos de corrupción, la ampliación de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la reasignación de recursos que se "refunden", la fijación de precios límite a medicamentos e insumos y hasta la imposición de márgenes de comercialización.
Razón tenía el Gobierno cuando decía que en este esfuerzo por salvar el sistema todos sus actores tendrían, en mayor o menor grado, que aportar. Nadie, sin embargo, se imaginó cuánto. La impresión que se tiene es que en la intención de abarcar mucho, por medio de la Emergencia se buscó regular también el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Hay que reconocer que si bien esta medida es necesaria -pues no hay recursos infinitos para cubrirlo todo-, ahora se discute incluso si podía hacerse de este modo o a través de una ley estatutaria. Esto lo dirimirá la Corte Constitucional.
Lo que resulta incomprensible es que en uno de los decretos quedara casi explícita la reducción de ese derecho a un plan de salud (POS) que priorizará la promoción y la prevención y la atención de baja complejidad. Para cumplir con ese cometido se limitó el actuar del médico, violando su autonomía y convirtiéndolo en una herramienta de contención de gastos. También se puso a los pacientes a pagar, parcial o totalmente, los servicios que queden por fuera del POS (las llamadas prestaciones excepcionales en salud) con sus recursos y su patrimonio, acudiendo a cesantías, ahorros pensionales y préstamos bancarios.
Como es lógico, estos puntos enturbiaron una discusión en la que también acabaron metidos todos aquellos que, con razón o sin ella, se sienten afectados. Los hospitales públicos dicen que los dejaron al borde de la quiebra, los gobernadores y alcaldes alegan pérdida de autonomía y de recursos; las EPS dicen que las medidas se quedaron cortas, y las farmacéuticas se quejan por una indebida regulación de su mercado. Hasta los políticos en campaña han hecho leña del árbol caído, incluso sin entender siquiera este complejo sistema.
Los gestores de la reforma han respondido con una confusa campaña de pedagogía sobre los puntos de mayor debate, consistente en explicar que en algunas normas no dice lo que dice. Aunque públicamente el Gobierno no ha reconocido que se cometieron errores, hasta el presidente Álvaro Uribe se ha empeñado a fondo en la tarea y ha prometido hacer, a través de una reglamentación concertada, los ajustes del caso para enderezar las cosas.
Si bien este parece ser el objetivo, ya hay quien califica de 'reversazos' algunos pasos dados, como la devolución de la autonomía médica, la declaración presidencial sobre la protección de las cesantías y la seguridad de que el POS mínimo será el que hoy existe. Pero mientras el país anda metido en una discusión desgastante por cuenta de unos temas que debieron tratarse con el cuidado y el rigor que exigen medidas como estas, infortunadamente los grandes olvidados en esta discusión siguen siendo los problemas estructurales del sistema, que no paran de crecer.
De tal manera, es increíble que por la torpeza y la falta de tacto de unos funcionarios, que no midieron las consecuencias de incluir esas iniciativas en los decretos, hoy el país y el Gobierno estén metidos en un debate tan amargo. Lo peor del asunto es que esto puede llevarse por delante unas soluciones económicas que, además de audaces, son oportunas y necesarias para garantizarles la salud a todos los colombianos.
editorial@eltiempo.com.co

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