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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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“Los amigos tibios del referendo le han hecho tanto daño, como los enemigos”: Rivera

POLÍTICA Los uribistas- reeleccionistas aducen que no hay ‘plan b’, en caso de que el referendo sea declarado inexequible por la Corte. Confían en que el Alto Tribunal no va a impedir la consulta.

Jueves 25 Febrero 2010
Ad portas de que se conozca la decisión de la Corte Constitucional sobre la legalidad del referendo que busca abrir el camino a un tercer período del Presidente Álvaro Uribe, los reeleccionistas no contemplan un plan B en caso de que la iniciativa sea declarada inexequible.

Consultado por Semana.com el ex senador liberal Rodrigo Rivera, quien ha liderado el movimiento a favor del referendo, dijo que “le han hecho tanto daño al referendo los ataques de los enemigos de la reelección como los ‘planes b’ de los amigos”.

El ex senador, quien ha defendido lo que en su criterio llama “el derecho a decidir de los ciudadanos”, calificó a los uribistas que veladamente están haciendo campaña esperando que el referendo fracase como los “amigos tibios” de Uribe. Dijo que los “'planes b' empiezan como un ejercicio de prudencia y terminan en un ejercicio malicioso de conspiración”.

Rivera se mostró confiado en que los argumentos que presentó ante la Corte Constitucional, finalmente, serán acogidos por el Alto Tribunal y el referendo será declarado exequible, a pesar de los crecientes rumores de que la mayoría de los magistrados votarán a favor de su inexequibilidad. Dijo que las versiones previas sobre la posible votación de los magistrados son solo especulaciones, que en su criterio, no merecen crédito.

Carlos Alberto Jaramillo, promotor del referendo, dijo a Semana.com que esperaba con ansiedad la decisión de la Corte Constitucional sobre la consulta. “Tengo confianza en que este país respetará la voluntad de los ciudadanos”, dijo Jaramillo.

A la pregunta por qué harían los promotores de la reelección en caso de que la Corte declare inexequible el referendo, Jaramillo dijo que acatarían la decisión, “porque ante todo respetamos el Estado de derecho”. Es decir, no hay ‘plan b’. En su caso, dijo, lo que hará es defender la participación ciudadana como candidato al Senado por el Partido de La U.

No obstante, Jaramillo criticó la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, quien pidió la inexequibilidad de la consulta. Según él, ésta “obedece a argumentos políticos y no jurídicos”.

“En este proceso en el que ya llevamos tres años, trabajando de manera diáfana, transparente, no ha habido mala voluntad. Solo lo que hemos visto es que se han querido poner palos en la rueda para que no se haga efectiva la consulta”, agregó Jaramillo.

Para el abogado José Vicente Sánchez, especialista en derecho electoral y consultor de los promotores del referendo, en caso de que el referendo sea declarado inexequible, “no hay ninguna posibilidad jurídica para que haya una reelección”.

¿Y en caso de que la Corte apruebe el referendo?

De todas maneras, si la Corte Constitucional aprueba el referendo reeleccionista el problema para que Uribe pueda ser candidato persiste.

Rivera explicó a Semana.com que dentro de las peticiones y sugerencias que le hizo a la Corte, le pidió modular el fallo para que permita la inscripción de la candidatura de Uribe el primer lunes de abril. Esta es la fecha límite en la que los candidatos elegidos en las consultas internas (del Partido Conservador y el Partido Verde) podrán inscribir sus candidatos.

El Mandatario podría fijar la fecha para que se efectúe la votación cuando disponga. Sin embargo, la ley sobre mecanismos de participación ciudadana dice que las campañas a favor o en contra de un referendo cuentan con 30 días, antes de la votación del referendo:

“En las campañas de referendo… los que promuevan el voto por el no, así como los partidos y movimientos con personería jurídica, que participen en el debate, tendrán derecho a por lo menos tres espacios institucionales en el canal de televisión de la respectiva región, dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la votación”.

Para el abogado Sánchez, “los 30 días que establece la ley no son mínimos sino máximos. Es decir que el Presidente podría convocar la consulta, en caso de que la Corte declare exequible el referendo este viernes, para marzo”, dijo.

No obstante, hay otros procedimientos electorales que están sin solucionar que hacen difícil que el Presidente pueda ser candidato. Por ejemplo, el censo electoral (ciudadanos habilitados para votar) debe ser depurado y publicitado con 30 días de anticipación a la votación del referendo. El actual censo electoral, que es el que se aplicará para la elección del Congreso, no sirve. Para la obtención de un nuevo censo electoral, la Registraduría tiene que depurar las listas de cédulas, nuevamente, es decir, retirar las cédulas de personas que han fallecido últimamente, y ese proceso no ha comenzado pues debe esperar a que la consulta sea aprobada.

Además, si el referendo llega a ser aprobado, la Registraduría tiene que contar los votos válidos y emitir una resolución. Este proceso, según Sánchez, no tardaría más de una semana, pues en su criterio, el conteo es simple: “decir cuántos votos dicen sí al referendo, cuántos no, y cuántos son nulos”.
Sin embargo, en promedio la Registraduría ha tardado dos meses en contar los votos de una elección nacional y por mucho que agilice su trabajo es improbable que reduzca los términos a la mitad.

La otra opción que tiene el Presidente para poder inscribirse como candidato – solo en caso de que el referendo sea aprobado por la Corte Constitucional- es que la consulta sea aprobada en las urnas antes de la primera vuelta de las elecciones (o sea, antes el 30 de mayo) y la mitad de los votantes de la primera vuelta voten en blanco.

Así, además de quedar descalificados los demás candidatos, Uribe podría inscribir su candidatura, pues las elecciones deberían repetirse. Sin embargo, es improbable que los candidatos uribistas le apuesten a esa voltereta, y mucho menos aún que pueda votarse el referendo sin una campaña previa con suficiente tiempo, sin un censo electoral depurado y sin garantías electorales para los demás candidatos.

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