El pueblo tiene la capacidad mediante el referendo de transformar la Constitución pero no de sustituirla, sentenció el tribunal. Al respecto, el presidente Uribe dijo que acata el fallo.
La Corte Constitucional le dio la estocada final a la Ley de referendo, que buscaba indagar a la ciudadanía sobre la viabilidad de que el jefe del Estado, Álvaro Uribe Vélez, se presentara a las elecciones presidenciales de 2010.
La mayoría de los magistrados aprobó la ponencia negativa del magistrado sustanciador, Humberto Sierra Porto, y coincidió en la declaratoria de inexequibilidad propuesta por el alto funcionario desde el tres de febrero pasado.
Para quienes apoyaron esta postura, hubo varios vicios de trámite que no tienen el mérito de ser subsanables, como alguna vez lo sugirió el procurador General, Alejandro Ordóñez, por cuanto coincidieron en su inexequibilidad.
Las irregularidades empezaron a producirse casi desde la gestación de la iniciativa, pues la Corte concluyó que las violaciones a los topes de financiación y la aprobación del proyecto en la Cámara, sin contar con la debida certificación de las autoridades electorales, engendraron la debacle para la Ley.
Adicionalmente, la convocatoria a extras en la sesión plenaria de Cámara donde fue aprobado el proyecto, sin previo aviso en el Diario Oficial y fuera de la etapa de receso, mas el cambio de la pregunta en el Senado y el cambio de partido de congresistas sancionados para poder respaldarlo, terminaron de tejer su fatal desenlace.
Con la sentencia de inconstitucionalidad, se cierra un capítulo de tensiones políticas y de rumores en todos los sentidos, tratando de interpretar el sentir de los magistrados, que sorprendieron a muchos sectores de opinión desde los que se cuestionaba la independencia de la colegiatura, por la cercanía de algunos de sus integrantes con el Gobierno.
Incluso, se llegó a decir que el hecho de que toda la Corte hubiera sido elegida a partir de las preselecciones efectuadas por el Ejecutivo, marcaría el rumbo del referendo, por la supuesta lealtad que los altos juristas le debían guardar al presidente Uribe.
De ahí que el actual presidente del Tribunal, Mauricio González Cuervo, hubiera sido objeto de recusaciones, luego de haber fungido como Viceministro de Justicia y como Secretario Jurídico de Presidencia.
La presencia de Edmundo del Castillo y la candidata a Fiscal, Margarita Cabello en el despacho del magistrado Nilson Pinilla, a poco más de 24 horas de la decisión final, no dejaron de sumar a ese clima de desconfianza y especulaciones, al que se pudo fin con la publicación del fallo.
Siete sesiones plenarias bastaron para que la Corporación terminara de examinar el documento de más de 430 páginas, radicado por Sierra hace tres semanas ante sus ocho compañeros de Sala, que optaron por seguir la pauta por él marcada en su ponencia. Se necesitaron de tres Salas Plenas ordinarias y cuatro extraordinarias, sobrando la quinta convocada para este sábado en la Corte Constitucional.
Al margen de los intereses de unos y otros en este fallido proyecto, lo cierto es que, desde este viernes, quedó completamente despejado el panorama político del país de cara a las elecciones de 2010 y corresponderá a cada candidato y sus coequiperos escribir el desenlace de la historia.
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