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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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La Autocracia de la Corte Suprema de Justicia (Esperemos que no se inventen el delito de opinión para callarnos y encarcelarnos)

La inefable Corte Suprema de Justicia ataca de nuevo; Ahora resulta que según los togados y mafiosos los congresistas tendrán que responder por los crímenes de los paramilitares. Si supuestamente se asociaron para delinquir con fines electorales no hay razón para que les impute, procese, juzgue y condene por los delitos que estos cometieron en su guerra criminal y demencial.  Están equiparando un ‘parapolítico’ con un paramilitar, cosa totalmente absurda, ilegal, arbitraria y política.
Decir que los congresistas con supuestos vínculos con paramilitares pertenecieron a sus estructuras es infame y deleznable. ¡Ahora se inventaron un nuevo tipo penal!
¿Y será que aquellos magistrados que delinquieron con Giorgio Sale también se le aplican los delitos de éste?

Lo más seguro es que aquí no termine este enfrentamiento. Ya antes se habían inventado jurisprudencias retroactivas violatorias de muchos derechos procesales.

Y paradójicamente estos mafiosos habían seleccionado como criterio para elegir al fiscal imparcialidad para juzgar a los parapolíticos y la pregunta es ¿Cuál imparcialidad sí los togados le quitaron la competencia a la fiscalía? La ignominia e impudicia de esta corporación no tiene límites.

Ahora violando claramente la Constitución estos bandidos se rehúsan a nombrar fiscal. La obligación de ellos es solamente escoger y no lo que están haciendo ahora, emitir juicios y valoraciones políticas que no les corresponden.

El Editorial del diario El País de Cali señala: “La Constitución ordena la colaboración entre las ramas del Poder Público. En este caso, al prescribir que el Presidente elabora la terna para designar el Fiscal y que la Corte Suprema lo escoge, además de fijar en forma taxativa los requisitos que deben cumplir los aspirantes, creó un procedimiento claro. No es entonces un asunto que pueda ser objeto de interpretaciones y menos de carácter político.

No hay que interpretar sólo hay que escoger, sí no lo hacen estarán en los terrenos de la ilegalidad.

Hace un tiempo se conoció que los motivos para descalificar a Camilo Ospina era su supuesta cercanía con Víctor Carranza ya que este ‘había’ pagado los estudios universitarios de Ospina y yo me pregunto ¿Y eso qué? ¿Acaso el magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete no era el mejor amigo de Raúl Reyes en el colegio tal como lo reveló Atrabilioso?

¿Acaso Yesid Ramírez no recibió un rolex de un mafioso por 14 mil dólares? 

¿Acaso los magistrados de la corte suprema de injusticia no se fueron de juerga en diferentes lugares del país donde tuvieron orgías con estudiantes de derecho, donde bebieron y se instalaron en las mejores suites por cuenta de un sombrío sujeto conocido como Ascensio Reyes (socio de narcotraficantes) que pagó cuentas por más de 50 millones de pesos?

El motivo para descalificar a Juan Ángel Palacio Hincapié es mucho más infame y ruin. Palacio es una eminencia en derecho administrativo y derecho procesal administrativo y fue acusado por una revista dirigida por un ex 8000 de soborno y tráfico de influencias porque pidió un cargo para una sobrina. 

¿Y cuál es el problema? El magistrado de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia Sigifredo Espinosa le pidió al presidente Uribe un cupo para un sobrino en una universidad ¿es ético esto? Y para rematar estos togados impusieron sus cuotas burocráticas en la fiscalía.

La corte suprema con sus providencias está violando la constitución y el estado constitucional de derecho.  Su poder está desbordado y está eliminando los pesos y contra pesos del estado colombiano al arrinconar al congreso. Es más perjudicial la autocracia de los togados mafiosos que el referendo reeleccionista que los mamertos hipócritas y cínicos critican.

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