Opinión| 3 Abr 2010 - 11:00 pm
Por: Humberto de la Calle
LAS EXPRESIONES DE ALEGRÍA POR la liberación de Calvo y Moncayo, absolutamente justificadas, no deben opacar el hecho protuberante: las Farc actúan contra toda regla humanitaria y se comportan con una soberbia infinita, como si fueran dueños de la vida y la libertad de las personas.
Su conducta sólo tiene un nombre, aunque en medio de la orgía mediática provocada por las liberaciones haya salido a flote una marejada de eufemismos y excusas subliminales totalmente condenables.
Piedad Córdoba y monseñor Gómez merecen reconocimiento. Se entiende, además, que un facilitador de una operación tan compleja no vaya a la selva a insultar a la guerrilla. Pero de allí a caer en inapropiados desmayos del lenguaje y esguinces conceptuales como los que tuvimos que soportar estos días, hay todo un trecho.Lo primero es que el delito cometido se llama secuestro, con todas sus letras. Hablar de retención, reclusión y otros vocablos perfumados, es una forma de escamotear la verdad.
En cuanto a la solución política negociada del conflicto, todo colombiano tiene el derecho de creer que es el único camino. Pero resulta patéticamente nocivo que cuando le preguntaron a monseñor Gómez qué les había dicho a los secuestradores, contestó que el camino era la solución política negociada. ¿Habrá mayor estímulo para un delincuente que un prelado de tan alta alcurnia, al momento de entregar el producto de su delito, lo cubra de una buena vez con el manto misericordioso del delito político? ¿No cuenta para nada que el secuestro es un acto contra la humanidad que no tiene cabida en ningún credo verdaderamente revolucionario? Una cosa es la misericordia humanitaria y otra la condescendencia que termina exonerando al delincuente del reproche que se merece.
La senadora Córdoba habló de la necesidad de liberar a los delincuentes políticos. Con perdón y respeto, en Colombia no hay presos políticos. Quienes purgan penas en las cárceles, lo hacen por delitos concretos, juzgados mediante las ritualidades reconocidas por el mundo civilizado y reciben un trato ajustado a los estándares internacionales. Una confusión de esa naturaleza produce, de nuevo, el efecto de soslayar la acción de estos grupos criminales.
Así como la palabra insurgente, utilizada a troche y moche en estos días de pasión. Aun aceptando que en sus orígenes estos grupos fueron insurgentes, hoy se limitan al tráfico de estupefacientes, luchan por los corredores de la droga, se alían en obsceno condumio mercenario con lo peor de las bandas criminales y actúan sin remordimiento contra la población civil inocente.
Pocas horas antes de este aluvión de adjetivos benevolentes, murió un niño-bomba en Nariño. Desaparecieron por completo su cráneo y su tronco. La condena más vehemente vino de Antonio Navarro Wolff. ¿Es sano callar estas verdades sólo por no aguar la fiesta?
Piedad Córdoba y monseñor Gómez merecen reconocimiento. Se entiende, además, que un facilitador de una operación tan compleja no vaya a la selva a insultar a la guerrilla. Pero de allí a caer en inapropiados desmayos del lenguaje y esguinces conceptuales como los que tuvimos que soportar estos días, hay todo un trecho.Lo primero es que el delito cometido se llama secuestro, con todas sus letras. Hablar de retención, reclusión y otros vocablos perfumados, es una forma de escamotear la verdad.
En cuanto a la solución política negociada del conflicto, todo colombiano tiene el derecho de creer que es el único camino. Pero resulta patéticamente nocivo que cuando le preguntaron a monseñor Gómez qué les había dicho a los secuestradores, contestó que el camino era la solución política negociada. ¿Habrá mayor estímulo para un delincuente que un prelado de tan alta alcurnia, al momento de entregar el producto de su delito, lo cubra de una buena vez con el manto misericordioso del delito político? ¿No cuenta para nada que el secuestro es un acto contra la humanidad que no tiene cabida en ningún credo verdaderamente revolucionario? Una cosa es la misericordia humanitaria y otra la condescendencia que termina exonerando al delincuente del reproche que se merece.
La senadora Córdoba habló de la necesidad de liberar a los delincuentes políticos. Con perdón y respeto, en Colombia no hay presos políticos. Quienes purgan penas en las cárceles, lo hacen por delitos concretos, juzgados mediante las ritualidades reconocidas por el mundo civilizado y reciben un trato ajustado a los estándares internacionales. Una confusión de esa naturaleza produce, de nuevo, el efecto de soslayar la acción de estos grupos criminales.
Así como la palabra insurgente, utilizada a troche y moche en estos días de pasión. Aun aceptando que en sus orígenes estos grupos fueron insurgentes, hoy se limitan al tráfico de estupefacientes, luchan por los corredores de la droga, se alían en obsceno condumio mercenario con lo peor de las bandas criminales y actúan sin remordimiento contra la población civil inocente.
Pocas horas antes de este aluvión de adjetivos benevolentes, murió un niño-bomba en Nariño. Desaparecieron por completo su cráneo y su tronco. La condena más vehemente vino de Antonio Navarro Wolff. ¿Es sano callar estas verdades sólo por no aguar la fiesta?
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