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El asilo de María del Pilar


Noviembre 20 de 2010 | Por Luis Carlos Restrepo

Veremos en los próximos días al señor Iván Cepeda, quien funge ahora como gran inquisidor, alentar a su pelotón de linchamiento moral para que presionen nacional e internacionalmente al gobierno panameño. Y con ellos estarán los que defienden la condición de “presos políticos” para miembros de la guerrilla responsables de delitos atroces, pero niegan a María del Pilar el sagrado derecho al asilo que, por tradición, nuestro país siempre ha respetado
Conocí a María del Pilar Hurtado como funcionaria del gobierno Uribe, cuando se
desempeñaba como Secretaria General del Ministerio de Defensa y después como Directora del DAS. La vi por última vez hace más de un año, cuando apenas se iniciaban las investigaciones sobre las llamadas “chuzadas”. Siempre me pareció una funcionaria competente y correcta. Nuestra última conversación estuvo relacionada con las dificultades económicas que enfrentaba, pues siempre había vivido de su salario y la andanada de críticas y eventuales procesos judiciales en su contra le impedían desempeñarse en su campo profesional: como funcionaria del Estado.
Conocí a su familia el día de su posesión como directora del DAS. Personas modestas, correctas, de clase media, que la rodeaban con admiración y cariño.Imagino su soledad en los últimos meses, sus penurias económicas y el dolor de ella y de su familia. Me preocupó mucho su silencio, aunque entendí que prefería responder en los estrados judiciales a las diarias acusaciones en los medios de comunicación. Al intentar comprender la decisión que tomó de pedir asilo en Panamá, solo puedo pensar en su desconcierto. Aunque hubiera preferido que
enfrentara en Colombia las acusaciones en su contra, hablando incluso a través
de los medios de comunicación, no puedo desconocer los argumentos expuestos por su abogado, quien ha dicho que ella no encuentra en nuestro país garantías para un juicio justo.

La razón fundamental: que su juez natural, la Corte Suprema de Justicia, no solo aparece en el proceso como víctima sino que ya la condenó. Esta situación insólita, que el juez sea a la vez víctima dentro del proceso, no tiene antecedentes en la historia judicial del país. Por otro lado, son insistentes los pronunciamientos del Presidente de la Corte, Magistrado Jaime Arrubla,
tipificando los presuntos delitos cometidos y sugiriendo culpabilidad. María delPilar alega pues ser perseguida de la Justicia. Y Panamá concede el asilo territorial, entendiendo que el temor de la señora Hurtado es fundado y razonable.

Las reacciones en contra de la medida no se han hecho esperar. La Canciller María Ángela Holguín, siempre tan prudente en las relaciones con los vecinos, se pronunció en caliente desde Jamaica, donde se encontraba con el Presidente Santos, manifestando su disgusto con el gobierno panameño. Resulta al menos curioso que mientras ha guardado silencio ante las acusaciones temerarias de Daniel Ortega señalando a nuestro país de urdir un complot en contra de Nicaragua, y cuando ha manifestado tan buen temperamento y cordialidad frente a
los gobiernos de Venezuela y Ecuador, no tenga la misma prudencia con nuestros vecinos panameños.

Más dicientes resultan las declaraciones del Ministro del Interior y Justicia en funciones presidenciales Germán Vargas Lleras, quien se fue lanza en ristre contra la medida, descalificando tanto a la ex funcionaria como la decisión del gobierno panameño. Colombia, que siempre ha sido respetuosa del derecho de asilo y lo ha practicado de manera generosa en su territorio, aparece ahora como crítica de ese derecho. El argumento central del Ministro Vargas Lleras, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, es el mismo: que a María del Pilar la investigan por delitos comunes, no por delitospolíticos.

¿Acaso cuando Colombia dio asilo a Alan García, no era ´perseguido en su país por “delitos comunes”? ¿No eran acaso “delitos comunes” los que se le imputaban a Álvaro Leyva cuando Costa Rica le dio asilo? ¿No son “delitos comunes” los que la Fiscalía considera que cometió el hermano de Rodrigo Granda, quien recibió asilo en Nicaragua? Nunca un Estado reconoce que persigue a alguien por razones políticas. Siempre se habla de delitos comunes, pues reconocer persecución política expondría al gobierno respectivo a sanciones internacionales.

Quien valora las razones políticas que aduce el demandante de asilo es el gobierno que otorga protección. Y así lo hizo Panamá, al argumentar que buscaba con esta medida ayudar a la paz de la región. Algo ve Panamá que en Colombia las autoridades no quieren ver. Las reacciones de los altos funcionarios contra el asilo concedido, asó como las manifestaciones lideradas por Iván Cepeda y la Presidenta del Polo Democrático, muestran claramente que si se trata de un
asunto político. Y nos pone a pensar sobre las garantías que María del Pilar no encontró en Colombia, así el gobierno, la Corte y los líderes del Polo Democrático digan que si existen.

Lamento que por razones del asilo concedido María del Pilar deba guardar silencio. Pues hay muchos asuntos que deben ser aclarados. Como ella, muchos funcionarios del anterior gobierno se muestran temerosos y se sienten perseguidos. Los procesos en su contra reciben gran cubrimiento en los medios de comunicación, a los que se filtran de manera permanente piezas procesales sin que nadie sea investigado por este hecho. De esta manera se predispone a la opinión pública en contra de los investigados, de los que no se presume su
inocencia sino su culpabilidad.

Si alguna duda queda de la falta de garantías aducidas por María del Pilar, basta escuchar las declaraciones del Presidente de la Corte (su juez natural) y del Ministro Vargas Lleras (garante de su seguridad), para entender que hay una prevención política en contra de la funcionaria, que enturbia el panorama para un juicio justo. 

Veremos en los próximos días al señor Iván Cepeda, quien funge ahora como gran inquisidor, alentar a su pelotón de linchamiento moral para que presionen nacional e internacionalmente al gobierno panameño. Y con ellos estarán los que defienden la condición de “presos políticos” para miembros de la guerrilla responsables de delitos atroces, pero niegan a María del Pilar el sagrado derecho al asilo que, por tradición, nuestro país siempre ha respetado.

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