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El porqué del escándalo

6 de diciembre del 2010 | OPINIÓN| Por Saúl Hernández Bolívar

No hay que ser muy astuto para advertir que el tema de las supuestas ‘chuzadas’ del DAS es una trama muy bien urdida para desacreditar al gobierno de Uribe y, en lo posible, llevarlo a prisión para acabar su obra. Lo hemos dicho a menudo. Pero es cuando menos curioso que la revista Semana, que ha sido uno de los medios abanderados de esta campaña, venga ahora –no sin perder la oportunidad de seguir dando mandobles– a preguntarse, precisamente, “¿cómo se explica la dimensión del escándalo que se ha armado?” (‘La encrucijada de su vida’, 27/11/2010).

Y es bueno que sean medios de oposición los que expliquen ciertas verdades, como las siguientes: “las 'chuzadas' a la oposición y a los periodistas no fueron inventadas por su gobierno”; “(algunos funcionarios) parece ser que sentían que no estaban haciendo nada muy diferente de lo que se ha hecho en el pasado” y “los que están acusados de espionaje creen que lo que hicieron encajaba dentro de las funciones de los servicios de inteligencia de cualquier país”; “el otorgamiento de puestos, dádivas y notarías, en otras circunstancias, habría sido solamente considerado clientelismo tradicional”.


Es decir, ‘chuzadas’ y seguimientos a la oposición ha habido desde siempre y todos los países lo hacen (¿Wikileaks?). Por su parte, ‘dádivas’ –bajo el rótulo de ‘participación política’– se han entregado tradicionalmente para lograr la aprobación o el trámite de alguna ley. Entonces, en el caso de que estas acciones efectivamente se hayan presentado, ¿por qué solo ahora se quiere armar un escándalo de dimensiones colosales y tratar las cosas como delitos gravísimos?


Dice Semana: “Hay dos elementos que diferencian lo que sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe de lo que sucedía en el pasado. En primer lugar, todos esos puestos, esas notarías y esas otras dádivas, que históricamente han sido rutinarios para aceitar el Congreso y obtener la aprobación de leyes, dejan de ser rutinarios cuando se trata de una reforma constitucional con nombre propio para asegurar la reelección del Presidente en ejercicio. Y en segundo lugar, porque entre los blancos de la persecución política no se encontraban los periodistas y la oposición política, sino la Corte Suprema de Justicia, lo cual significó meter el mundo de la inteligencia en terrenos vedados y sagrados”.


De lo anterior se deduce que, de un lado, la clase política le está cobrando a Álvaro Uribe el hecho de haberse reelegido y, del otro, la CSJ –que es intocable aunque sus magistrados anden con mafiosos– lo que le cobra es el atrevimiento de auscultar sus francachelas, aunque no hay que olvidar que el enfrentamiento entre Uribe y la Corte tiene orígenes políticos relacionados también con su reelección. En resumen, no se ha hecho nada distinto a lo acostumbrado y lo que se está dando es un enfrentamiento político que va a llevar al país entero a una verdadera encrucijada, como lo prevé Semana.


Leyendo entre líneas, este informe admite también que las acusaciones contra los funcionarios más cercanos al ex Presidente Uribe tienen como objetivo cerrar el círculo sobre el ex mandatario al ofrecerles beneficios por ‘colaborar’ con la justicia, pues “colaborar con la justicia cuando uno es Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, Diego Palacio y otros –dice Semana– es simplemente decir que el ex presidente estaba enterado de lo que estaban haciendo”. Y se insinúa que se trata de un chantaje de eficacia garantizada porque “cuando alguien se expone a una condena de 10 o más años y la puede reducir a la mitad aclarando que simplemente estaba cumpliendo directrices de la Casa de Nariño, es difícil quedarse callado”. Y agrega: “Cuando alguien se acerca a los 60 años, 16 de cárcel suenan como cadena perpetua”.


Semana concluye que a pesar de que “a nadie se le ha pasado por la imaginación que Álvaro Uribe vaya a ser condenado por las actividades del DAS o por el otorgamiento de una notaría” o “que personas decentes que creían estar prestándole un servicio a la patria, como Sabas Pretelt, Diego Palacio y Andrés Peñate, puedan acabar efectivamente detrás de las rejas (…) como van las cosas, ninguno de estos desenlaces es imposible”.


¿Será que los colombianos vamos a permitir este despropósito? No juguemos con candela.
 

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