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20 años después

4 de Julio de 2011 | OPINIÓN | Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal
Relevados los mafiosos por las Farc en el control del narcotráfico o aliados con la guerrilla, el país presenció la peor confrontación. Miles fueron asesinados, desplazados, despojados.
En los últimos quince días, la prensa ha estado llena de recuerdos y alabanzas sobre la Constitución de 1991 y sus autores, así como de críticas por lo que se cambió y por lo que no sirvió. Al parecer, 20 años después todavía pensamos que Colombia se salva o se condena expidiendo leyes sin poner la voluntad necesaria para impedir que repitamos la historia.


En 1991, el problema era el narcotráfico y la violencia. Y el menor era la Constitución. Reformada en múltiples ocasiones desde 1886, la que existía reflejaba el momento político. Pero las estructuras anquilosadas de los partidos, sumidos en la crisis del clientelismo y la influencia de las mafias, deslegitimaban al Estado, al punto en que debió buscarse un mecanismo ilegal y un procedimiento ilegal para cambiar la Constitución, como si esa fuera la salida.


Todo fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, que dio vía libre al afán reformista expresado en una papeleta creada a la fuerza. Empezó entonces un proceso donde se trató de lograr una especie de pacto de paz, en teoría para acabar con la violencia que crecía de la mano de la delincuencia organizada y de un Estado incapaz de impedirla.


No sobra recordar que el presidente era César Gaviria, debido a que la mafia había asesinado a Luis Carlos Galán, y que esa misma mafia había financiado el propósito de liquidar la izquierda y crear el paramilitarismo. Además, infiltró la Constituyente, logrando el absurdo de prohibir en la Constitución una decisión administrativa como extraditar criminales. Así se obligó al Estado a transar con el crimen en vez de enfrentarlo.
Pero el pacto no funcionó. Por ello, los últimos 20 años han sido el período más sangriento en la historia de Colombia.


Relevados los mafiosos por las Farc en el control del narcotráfico o aliados con la guerrilla, el país presenció la peor confrontación. Miles fueron asesinados, desplazados, despojados. Sólo la decisión de enfrentar el bandidaje logró que desde el 2002 apareciera la posibilidad de liquidar el paramilitarismo y enfrentar la violencia con la legitimidad de una Fuerza Pública respaldada por los colombianos atemorizados por el desastre.


Veinte años después, los partidos políticos, incluido el de la izquierda, siguen igual de deslegitimados, tanto o más destruidos que en 1991 y por las mismas causas: el clientelismo voraz que los convirtió en negocios particulares, y la corrupción vulgar que arrasa el erario. Departamentos y municipios, las instituciones más próximas al ciudadano, se convirtieron en víctimas de los peores vicios, sin posibilidad de recuperarlos.


Aparecieron figuras como la tutela de la cual se abusa. Y se entronizó el gobierno de los jueces, sin que sea posible ponerle límites prefiriendo contemporizar o pelear con ellos a revisar el fondo del asunto, la disputa por el poder sobre la clientela.


Y Colombia sigue sin el acuerdo sobre lo fundamental que promovió Álvaro Gómez y fracasó en la constituyente del 91. Es decir, acordamos cambiar la Constitución pero no pudimos lograr que se respeten la vida y las leyes para poder tener una vida civilizada. Por eso, 20 años después la democracia sigue amenazada por el clientelismo, la violencia y la corrupción, mientras el nuestro, un país rico, tiene la mayor inequidad social y económica de América. 

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