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¿Reforma imposible?

14 de agosto de 2011 | OPINIÓN | Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Lo que debe procurarse es que la Justicia deje de ser un estanco y se convierta en el árbitro de la sociedad para que no nos sigamos matando.
Más se demoró el Gobierno en presentar su reforma a la Justicia que la Corte Suprema y el Consejo de Estado en poner el grito en el cielo. Con lo cual se demuestra que los cambios en el servicio público más importante para cualquier sociedad dejaron de ser una necesidad para convertirse en una obligación.

¿Qué llevó a los Honorables Magistrados a anunciar que apelarán a las “instancias internacionales” para vigilar el proceso que apenas se inicia? ¿Acaso la propuesta es un atentado contra la Justicia, o los autores del anuncio conocen amenazas contra su vida, su integridad o su buen nombre? ¿Por desventura se asoma otra chuzada de aquellas que tienen al DAS al borde del colapso, o se insinúa otro ‘tasmania’ en lontananza?

Nada de eso. Lo que apareció fue la decisión de presentar la reforma así no se hubiera logrado un consenso con las llamadas Altas Cortes. Que se sabía de antemano podía presentarse como ocurrió en las cinco veces que lo intentó Uribe y las otras muchas que se propusieron antes. Y todo el mundo sabe cuál es la razón a esa furiosa resistencia.

Es que con las reformas se les está pidiendo a las Cortes que cambien su posición frente a lo que debe ser la prestación del servicio a los colombianos. Que piensen en la necesidad de acabar cosas tan innecesarias y nocivas como el Consejo Superior de la Judicatura, fortín del clientelismo aplicado a la justicia con descaro y saña. Y que dejen de participar en procesos para designar al Fiscal, al Procurador y a otros funcionarios, concentrándose en su obligación de impartir rápida y cumplida justicia.

Pero los magistrados entendieron esos cambios como un desafío a su poder. Es el poder que anunció un expresidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, cuando dijo que estábamos en el gobierno de los jueces. Y ahora, cuando vieron que la cosa iba en serio, el Consejo de Estado presentó un proyecto en el cual nada cambia.

Es la reacción esperable de quienes sienten amenazados sus dominios por una propuesta que apenas roza temas fundamentales. Porque, la verdad, apenas trata de resolver algunos asuntos entre los poderes públicos y poco hace para atender las quejas de los colombianos. No hay mucho de fondo, salvo uno que otro intento para tratar de desenredar el galimatías que se produce cuando un juez se convierte en legislador y gobernante, como quería el ex magistrado Ibáñez.

Si de verdad queremos hacer lo que corresponde, hay que acabar con la idea perversa de imponer la forma por encima del fondo de las leyes, impartir Justicia. Así se combatirá la impunidad que impide tener sentencia sobre el 93% de los procesos penales. O que un proceso civil dure más de 20 años y que la tutela sea utilizada para ponerse la ley de ruana. En otros términos, lo que debe procurarse es que la Justicia deje de ser un estanco y se convierta en el árbitro de la sociedad para que no nos sigamos matando.

Eso es lo que pide la gente. Además, ya es hora de tener un tribunal donde los Magistrados respondan por sus actos. De terminar con la farsa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes donde no hay juristas y no se conoce una sola acusación contra un Magistrado. ¿Temor? ¿Política? Lo que sea, allí no hay justicia, por lo cual los jueces que abusan de su investidura siguen campantes mientras los errores de los gobernantes los convierten en víctimas.

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