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¿Locomotora o trencito?

25 de septiembre de  2011 |  OPINIÓN | Por: Rafael Nieto Loaiza
Se cayó el Código Minero y aun no se empieza a socializar el nuevo proyecto que, según la Corte Constitucional, debe pasar por el tamiz de las consultas con indígenas y afros.
Este país está lejos de ser el país minero o petrolero que algunos creen. Hay sí un boom de precios, pero no hay aumentos sustantivos en la producción ni grandes y nuevos proyectos. Y lo poco que puede mostrarse, un anuncio de expansión en Cerrejón y el proyecto de MPX, es arrastre del gobierno Uribe.

El sector es más un trencito medio desvencijado que la locomotora del desarrollo que Santos quisiera. Hasta el momento, todo conspira contra su futuro. Por eso no hay inversiones nuevas y en cambio abundan los temores. Veamos:

No hay política minera. El Gobierno tiene directrices contra la minería ilegal, pero nada más allá de eso. No se sabe cuáles son los objetivos, prioridades, planes y programas para impulsar la industria.

La institucionalidad que regula es frágil, está fracturada y en transición. Hay incertidumbre sobre cómo se manejará el crítico asunto de las licencias en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Habrá que ver si desaparece la pugna con la Consejería Presidencial. Y tampoco son claras las reglas de juego con las corporaciones autónomas que, además, serán transformadas. Por el otro lado, Ingeominas será, pero aun no es, la Agencia Nacional de Minería.

No hay ninguna claridad sobre cuáles son las zonas de exclusión ni cómo deben manejarse aquellas que no lo eran y sobre las que se extendieron títulos de exploración. Se sabe que no puede haber actividad en los páramos, pero éstos están por definirse y, aun más importante, por delimitarse en cada caso individual. Las zonas campesinas, en las que sólo podría haber actividad agropecuaria, se ciernen como una enorme sombra. Y los parques regionales, que deberían tener un exclusivo propósito de protección medio ambiental, se usan políticamente para frenar iniciativas mineras.

Las normas jurídicas que regulan el sector están en entredicho. Se cayó el Código Minero y aun no se empieza a socializar el nuevo proyecto que, según la Corte Constitucional, debe pasar por el tamiz de las consultas con indígenas y afros. Y hay quien se pregunta si alguna jurisprudencia reciente no ha convertido estos mecanismos en un poder de veto para esas comunidades. Además, el equipo del Ministerio del Interior para atender la demanda de consultas es débil e insuficiente y los trámites son demoradísimos.

Calcular los costos económicos de un proyecto es imposible. Viene una reforma tributaria y cursan un par de iniciativas para cambiar el cálculo de regalías. No se sabe cuál es la posición del gobierno. Además de regalías, el sector paga renta y patrimonio y casi todo hace contribuciones adicionales al Ministerio de Defensa. Si la discusión no tiene una mirada integral y más allá de la coyuntura de precios, el país dejará de ser competitivo.

Porque no sobra recordar que la infraestructura de carreteras es malísima, la ferroviaria no existe y la de puertos es insuficiente. Y que la seguridad viene deteriorándose. Hay tres contratistas chinos secuestrados, otros tres fueron liberados antes de ayer y Ecopetrol debió cambiar de lugar una instalación del oleoducto Bicentenario porque la Fuerza Pública no pudo asegurar el área.

Si todo ello no fuera insuficiente, hay un ambiente negativo en la opinión pública y el ambiente laboral está enrarecido, como lo prueba la crisis en Puerto Gaitán. Los nuevos ministros de Minas y Medio Ambiente son profesionales bien formados, competentes y con experiencia previa en el sector público. Tendrán un desafío formidable.

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