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Una sentencia (II)

18 de mayo de 2011 | OPINIÓN | Por: Fernando Londoño Hoyos

El general Arias perdió la libertad. Los demás colombianos perdimos la Patria.
  Hace dos semanas dejamos hecha la promesa de sorprender a nuestros lectores con nuevas escalofriantes revelaciones sobre la sentencia con que la juez María Cristina Trejos Salazar condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a cadena perpetua. A cumplir mandan.


    Recordemos que la sentencia contiene tales bellezas como la inexistencia jurídica de otra que fue dictada por juristas sobresalientes que para prepararla contaron con el apoyo de decenas de jueces auxiliares; que en el Palacio de Justicia obraron las Fuerzas Militares en medio de un golpe de Estado transitorio que le propinaron al presidente Betancur; que era obligación del Ejército agotar la vía del diálogo antes de emprender una acción armada sobre el Palacio; que el plan del M-19 se conocía y que se lo dejó correr, por el afán "desmedido" que tenía el Ejército para cobrar viejas afrentas; que en la acción no se tomó la menor consideración por las vidas de los rehenes; que el uso de la fuerza fue desproporcionado, y que están probados abusos y violencias contra los que salieron con vida. Nada menos.


    Pasadas ciento cincuenta páginas dedicadas a todo lo que no tiene que ver con la causa misma, la sentencia aborda el tema de los desaparecidos. Abonando, por supuesto, el montaje de reconocimientos que se urdió más de veinte años después de los hechos. Los familiares de estos desdichados recobraron muy tardíamente la lucidez y la memoria que perdieron tan pronto ocurrió la tragedia. René Guarín, el miembro del M-19 que perdió a su hermana en la toma, es por supuesto de los más activos y reconocidos testigos. Y el que se probara guerrillero es cuestión que la juez maneja de la manera más pulcra, que es ignorándola. Todo lo demás, las identificaciones a medias, las suposiciones, la ausencia de cualquier otra prueba que permita aseverar que sobrevivieron los 11 de la historia, excepción hecha de la guerrillera Irma Franco, los recientes descubrimientos sobre el ocultamiento de cadáveres que mantiene la Fiscalía, todo pasa por las manos de la juez, que no se deja contaminar con pequeñeces.


    Pero viene el gran tema, el de la responsabilidad del general Arias en las desapariciones que nadie probó. Y aquí es donde salta la muy moderna teoría del autor mediato, del hombre de atrás que responde por lo que pase dentro de una estructura criminal jerarquizada. Es una teoría de origen alemán que explica lúcidamente cómo pudo condenarse a Adolf Eichman por sus innumerables crímenes. Por donde descubrimos que para la juez, y sobre todo para quien le escribió la sentencia, nuestro Ejército es como el nazi; Arias Cabrales, como Eichman, y solo falta por precisar quién sea Hitler y quién Himmler, y algo, por supuesto, de la "solución final" que aquí se adoptara.


    La sentencia no contiene una sola orden dudosa transmitida por el general Arias Cabrales. No le atribuye un solo exceso en el mando ni una sola intención torcida en sus procedimientos. No hace falta nada de ello. Basta con la famosa tesis de Claus Roxin, entendida como les da la gana a nuestros intérpretes mamertos, para que por cualquiera acción delictiva de las tropas responda el jefe, dueño de la voluntad de sus subalternos. Porque debemos insistir, nuestro Ejército es una empresa criminal donde "el hombre de atrás realiza el hecho a través de algún ejecutor perteneciente a la organización que dirige".


    La sentencia acabó con nuestro Ejército. Acabó con la República. Santificó el terrorismo. Nos puso a los pies de los alzados en armas. A los audaces se les va la mano, y este puede ser el caso. Pero a veces triunfan por la cobardía de los demás. Y este también puede ser el caso.

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