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Justicia, política y crimen

19 de Junio de 2011 | El observador | Por: Luis Guillermo Restrepo S

Cuando se produjo el asesinato de Gómez no era difícil saber a quién beneficiaba y de dónde podía provenir su autoría. Ni había que ser un detective para saber que con ese crimen se pretendía acallar las voces contrarias al régimen samperista y su relación con el narcotráfico.
Mientras la Fiscalía trata de destapar la corrupción, una sombra misteriosa sigue cubriendo crímenes que hubieran podido aclararse si existiera el propósito de impedir el silencio y despejar la confusión que beneficia a sus autores.

Es la impunidad que rodea el asesinato de Luis Carlos Galán, en cuya investigación siguen dando palos de ciego, 20 años después. O el de Álvaro Gómez Hurtado, refundido desde el 2 de noviembre de 1995 con toda suerte de hipótesis absurdas dirigidas a ocultar la verdad y desviar la justicia. Porque eso es lo que han producido quienes han actuado con intenciones políticas antes que para hacer justicia.

Es la justicia que se usa con la intención de proteger a quienes han tenido el poder legítimo y han abusado de él. O a quienes tenían el poder del crimen y se aliaron con los primeros, creyendo que les garantizaban la legalización que les ofrecieron a cambio de financiar la campaña presidencial. Hoy, muchos de esos criminales están muertos y los supervivientes cuentan lo que saben sobre sus antiguos socios, cobrando la traición. 

El viernes pasado, una bomba destruyó el monumento a Laureano Gómez como si quisieran dar a entender el resurgimiento del sectarismo anarcónico. Dos días antes, su nieto Miguel Gómez, representante a la Cámara, debió salir del país ante las amenazas de que fueron objeto él y sus familiares. Todo eso no es una coincidencia: es una amenaza por las investigaciones que ellos han impulsado contra viento y marea sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Contra los fiscales que enredaron los procesos. Contra el régimen que denunció con valor el dirigente conservador.

Cuando se produjo el asesinato de Gómez no era difícil saber a quién beneficiaba y de dónde podía provenir su autoría. Ni había que ser un detective para saber que con ese crimen se pretendía acallar las voces contrarias al régimen samperista y su relación con el narcotráfico. Fue la misma razón que estuvo detrás del asesinato de Gerardo Bedoya Borrero el 20 de marzo de 1997. Como ocurrió en el caso de Álvaro Gómez, los investigadores de entonces hicieron todo lo posible por ocultar con hipótesis absurdas el afán de silenciar a los críticos del régimen. Ambos fueron crímenes para causar miedo, para atemorizar al periodismo, para apuntalar el régimen podrido. 

Hoy, los dos asesinatos están archivados, a la espera de que alguien se atreva a removerlos. Eso lo ha hecho la familia Gómez en el caso de Álvaro. El pasado viernes, Enrique Gómez Hurtado afirmó que ya saben quién mató a su hermano: “el que ordenó el asesinato de Álvaro Gómez fue el mismo que le llevó la plata a (Ernesto) Samper”. Días antes, alias Rasguño ratificó sus denuncias en igual sentido. No es raro entonces que alguien pretenda intimidar a los Gómez para callarlos. Más aún cuando Mauricio Gómez, hijo de Álvaro y reconocido por sus méritos y su rigurosidad en el ejercicio del periodismo, expresó que en el asesinato de su padre estaban involucrados “la Policía, el Ejército y el Cartel del Norte del Valle”.

Conclusión: mientras la justicia se mezcle con la política y los organismos de investigación actúen por ‘razones de Estado’ y no en busca de la verdad, Colombia seguirá con la violencia que genera la alianza de la justicia, la política y el crimen.

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