22 de enero
de 2012 | COLUMNA | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA
La prevaricadora posición de la Sala Penal de la Corte de no elegir fiscal de las ternas presentadas por Álvaro Uribe es solo la cereza del pastel de la politización de los magistrados, con aplausos, claro está, de los enemigos del exPresidente.
La administración de
justicia en Colombia está profundamente desquiciada. Además de los graves
problemas de morosidad, corrupción e inseguridad jurídica, lo aqueja la sarna
apestosa y purulenta de su politización.
Tiene dos caras. En una, jueces y magistrados son elegidos por razones partidistas o por su cercanía con algún cacique político. A su vez, los magistrados postulan o eligen de acuerdo con sus simpatías políticas. ¿Qué otro motivo puede explicar, por ejemplo, que de las ternas de candidatos a Fiscal General de la República, casi siempre se haya elegido al más político y menos jurista de los tres? ¿O la lista de políticos que, sin ninguna credencial para el cargo, han sido postulados por las cortes y elegidos contralores generales de la República? La muy buena excepción de Sandra Morelli solo confirma la regla de los excontralores condenados. También dice mucho y huele mal que algunos magistrados hayan construido sus carreras políticas a punta de sentencias.
Por supuesto, la prevaricadora posición de la Sala Penal de la Corte de no elegir fiscal de las ternas presentadas por Álvaro Uribe es solo la cereza del pastel de la politización de los magistrados, con aplausos, claro está, de los enemigos del exPresidente.
En la otra, se trasladan a la justicia las pugnas políticas para que los jueces y magistrados tercien en la contienda, so pretexto de impartir justicia. Se elimina al contradictor por vía del proceso penal que, aun en caso de no terminar en la condena del imputado, genera tal daño en la reputación que hace imposible el retorno exitoso al mundo político. En adelante, el procesado cargará con el estigma de los titulares de primera página con la acusación y solo podrá mostrar las notas diminutas, refundidas en las páginas interiores, de la absolución.
¿Alguien recuerda, es solo uno de los casos, a Carlos García, expresidente del Senado, que perdió su libertad por años para ser después absuelto? El milagro ocurrió no porque la justicia fuera imparcial, sino porque era tan flagrante el montaje que no hubo forma de condenarlo.
Es la politización de la justicia la que explica que la infame Teodora siga libre y campante y que, en cambio, Nancy Patricia Gutiérrez, también expresidente del Senado, esté detenida y acusada por pedir pública y formalmente información sobre su actividad migratoria. Y es esa politización la que permite entender que el exviceministro Juan Camilo Salazar haya recibido una pena de diez años y tres meses de prisión por la firma de un convenio con el IICA, sin robarse un peso ni haber colaborado con nadie para que se lo robaran, y, en cambio los Nule, confesos defraudadores del Estado por miles de millones, sólo hayan recibido, benditos jueces y fiscales, una pena de siete años y medio, tres menos que Salazar.
Para nuestros jueces y fiscales es más peligroso el tecnócrata honesto que, en el peor de los casos, incurrió en un error administrativo, que el ladrón de cuello blanco políticamente bien conectado.
Es la politización, no tengo duda, la que motiva las acusaciones a Andrés Felipe Arias y, ahora, la de Luis Carlos Restrepo. Y solo puede ser una aberrante politización la que explique que la Presidencia de la República se haya constituido en parte civil en ese proceso. Al uribismo lo quieren demoler a punta de titulares de primera página y de procesos judiciales.
Tiene dos caras. En una, jueces y magistrados son elegidos por razones partidistas o por su cercanía con algún cacique político. A su vez, los magistrados postulan o eligen de acuerdo con sus simpatías políticas. ¿Qué otro motivo puede explicar, por ejemplo, que de las ternas de candidatos a Fiscal General de la República, casi siempre se haya elegido al más político y menos jurista de los tres? ¿O la lista de políticos que, sin ninguna credencial para el cargo, han sido postulados por las cortes y elegidos contralores generales de la República? La muy buena excepción de Sandra Morelli solo confirma la regla de los excontralores condenados. También dice mucho y huele mal que algunos magistrados hayan construido sus carreras políticas a punta de sentencias.
Por supuesto, la prevaricadora posición de la Sala Penal de la Corte de no elegir fiscal de las ternas presentadas por Álvaro Uribe es solo la cereza del pastel de la politización de los magistrados, con aplausos, claro está, de los enemigos del exPresidente.
En la otra, se trasladan a la justicia las pugnas políticas para que los jueces y magistrados tercien en la contienda, so pretexto de impartir justicia. Se elimina al contradictor por vía del proceso penal que, aun en caso de no terminar en la condena del imputado, genera tal daño en la reputación que hace imposible el retorno exitoso al mundo político. En adelante, el procesado cargará con el estigma de los titulares de primera página con la acusación y solo podrá mostrar las notas diminutas, refundidas en las páginas interiores, de la absolución.
¿Alguien recuerda, es solo uno de los casos, a Carlos García, expresidente del Senado, que perdió su libertad por años para ser después absuelto? El milagro ocurrió no porque la justicia fuera imparcial, sino porque era tan flagrante el montaje que no hubo forma de condenarlo.
Es la politización de la justicia la que explica que la infame Teodora siga libre y campante y que, en cambio, Nancy Patricia Gutiérrez, también expresidente del Senado, esté detenida y acusada por pedir pública y formalmente información sobre su actividad migratoria. Y es esa politización la que permite entender que el exviceministro Juan Camilo Salazar haya recibido una pena de diez años y tres meses de prisión por la firma de un convenio con el IICA, sin robarse un peso ni haber colaborado con nadie para que se lo robaran, y, en cambio los Nule, confesos defraudadores del Estado por miles de millones, sólo hayan recibido, benditos jueces y fiscales, una pena de siete años y medio, tres menos que Salazar.
Para nuestros jueces y fiscales es más peligroso el tecnócrata honesto que, en el peor de los casos, incurrió en un error administrativo, que el ladrón de cuello blanco políticamente bien conectado.
Es la politización, no tengo duda, la que motiva las acusaciones a Andrés Felipe Arias y, ahora, la de Luis Carlos Restrepo. Y solo puede ser una aberrante politización la que explique que la Presidencia de la República se haya constituido en parte civil en ese proceso. Al uribismo lo quieren demoler a punta de titulares de primera página y de procesos judiciales.
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