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Cien mil razones

28 de abril de 2012 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna
Las 100 mil casas gratuitas que anunció el presidente Santos no cayeron tan bien como él esperaba.
Todos los analistas coinciden en señalar que se trata de un programa improvisado, surgido de un intento por frenar el deterioro de la imagen de Santos, que muestra una tendencia a la baja en las encuestas que recogen la opinión nacional.
Sobre la improvisación del asunto no hay duda; por un lado sale Vargas Lleras y anuncia que serán 100 mil viviendas al año, y por el otro, aparece Echeverri, ministro de Hacienda, indicando que las 100 mil viviendas se construirán en los siguientes 6 años. La discusión puso de presente varias cuestiones primordiales. El proyecto necesita financiación de 3 ó 4 billones de pesos que no fueron aprobados en el presupuesto nacional de este año. No sabemos de dónde saldrán, entonces, los 600 mil millones disponibles que anunció Echeverri. Muchos se preguntan si el nuevo programa implica la cesación del proyecto de vivienda subsidiada. Este establecía más de 500 mil subsidios, y aunque el rezago en este programa es mayúsculo -en 2011 el Gobierno había entregado 18 mil subsidios: tan sólo al 10% de lo que debía entregar ese año- hay muchas expectativas puestas ahí.
Ante las críticas que calificaron el intento gubernamental como populista, Santos admitió que pese a ello, lo hará. Sin embargo, olvida o pretende hacerlo, que la Constitución limitó los apetitos demagógicos de los políticos mediante el artículo 355 donde se prohíben las donaciones del Estado. Se trata de una norma diseñada por el constituyente para contener los ánimos de regalar el presupuesto nacional; pues ya son bien conocidos los resultados de este tipo de políticas. El Presidente pretenderá burlar esta limitación constitucional y regalar esos $4 billones; aunque sea con buenas intenciones, esto denota no sólo improvisación sino irrespeto por la Carta. Eso aunado a que el proyecto tampoco ha tenido el trámite que corresponde a estos asuntos, como su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero la semana tuvo además otro incidente, tal vez con peores y más graves consecuencias para el país. Luego del fracaso de la Cumbre de las Américas donde el ambiente fue tan poco productivo que no hubo ánimo ni para firmar un inocuo documento final (como se acostumbra en esos eventos); la Canciller acaba de cometer la torpeza diplomática más grande que hayamos visto. Dijo que Colombia debe esperar un fallo salomónico de la Corte Internacional de Justicia que evalúa la reclamación de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que seguramente por eso perderemos un ‘pedacito’. Los diarios nicaragüenses celebraron la declaración, interpretada como el reconocimiento de la causa de ese país; aquello es un insulto a los intereses nacionales y a los argumentos de hecho y derecho que tiene nuestra Nación. Al mismo tiempo, con su comentario la Canciller descalificó a los magistrados de la CIJ, pues sostuvo que sus fallos no obedecen a razones de derecho sino al burdo principio de partir por la mitad. Incluso hay quienes especulan que se trata de una maniobra más de la Canciller para mantener las difíciles relaciones con el Alba.
La Canciller comprometió gravemente los intereses de Colombia; el Presidente debe rectificar esa declaración y el Congreso iniciar una moción de censura, pues su declaración es inadmisible. Colombia tiene los argumentos para ganar este proceso; una decisión contraria no es aceptable para el país, ni para el pueblo y el territorio del archipiélago que es y debe seguir siendo colombiano.

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