02 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Los magistrados Pareja y Poveda quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.
¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia?
¿Cómo llamarlo de otra manera? Me
refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal
Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo
ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel
Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que
tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del
Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del
siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.
Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía
que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el
alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran
complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de
Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era
subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los
buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.
Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente
Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín,
deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional,
seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda
intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos
magistrados ignoran estos detalles.
Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no
quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo
dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo
mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a
quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este
magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del
expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia
absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera
y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran
falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de
Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto,
Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los
sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo
comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco,
Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada
tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.
Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían
suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una
sentencia condenando a Plazas como "coautor mediato de un concurso
homogéneo de delitos de desaparición forzada" (ya no de once personas sino
de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no
tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un
salvamento de voto.
Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato
un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total
de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de
Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y
Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas,
sino a todo el Ejército colombiano.
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